CIDH extiende medidas cautelares a 13 ciudadanos nicaragüenses
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- septiembre 24, 2026
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó tres nuevas resoluciones para medidas cautelares en beneficio de trece ciudadanos nicaragüenses. Las tres resoluciones (70/, 71/ y 73/2026) fueron publicadas el jueves, 24 de septiembre, aunque fueron tramitadas con entre principios y mediados de septiembre.
Dos de las resoluciones benefician a nicaragüenses cuyo paradero o situación se desconoce dentro del país y la tercera para diez nicaragüenses exiliados en Costa Rica. Según el organismo, estas personas, en distintas medidas, enfrentan un riesgo grave y urgente para su vida e integridad personal.
Las dos primeras fueron adoptadas por la CIDH el 17 de septiembre y están dirigidas al Estado de Nicaragua, ocupado por la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La tercera fue aprobada el 20 de septiembre y establece obligaciones de protección para el Estado costarricense.
En el caso de Claudia Magaly Munguía Mayorga (71/2026), la CIDH señaló que fue detenida por agentes policiales el 14 de julio de 2026 en su vivienda de Chinandega y que, desde entonces, sus familiares no han recibido información oficial sobre su paradero, las condiciones de su eventual detención o su estado de salud.
La Comisión indicó que los familiares realizaron gestiones ante distintas dependencias, entre ellas la estación policial de Chinandega, El Chipote, la III Estación de Policía y el centro penitenciario para mujeres La Esperanza, sin obtener información que permitiera establecer dónde se encuentra.
De acuerdo con la información examinada por la CIDH, la beneficiaria padece cáncer, diabetes e hipertensión crónica, por lo que requiere tratamiento médico, seguimiento especializado y medicación diaria.
La Comisión concluyó que existe un riesgo grave para sus derechos a la vida y la integridad personal debido, entre otros factores, a la ausencia de información oficial sobre su situación y sobre el acceso que estaría teniendo a atención médica.
Por ello, la CIDH solicitó a Nicaragua determinar su situación y paradero; informar si se encuentra bajo custodia estatal y, de ser así, revelar el lugar y las condiciones de su detención; permitir el acceso de familiares y representantes legales; comunicar formalmente los motivos de la detención, los delitos que se le imputarían y la autoridad judicial a cargo; y realizar de inmediato una valoración médica integral, garantizando los medicamentos y tratamientos que requiera.
También pidió investigar los hechos que dieron origen a la medida y evitar su repetición.
Medidas cautelares a menores de edad
La segunda medida cautelar (70/2026) corresponde a una ciudadana identificada solamente por sus iniciales, E. J. F. C. y sus hijas, iniciales C. M. F. y M. M. F., de 13 y 8 años, respectivamente.
La CIDH indicó que, según la información presentada por la parte solicitante, la ciudadana y su hija de 13 años permanecen con paradero desconocido desde el 21 de marzo de 2025, mientras que la otra menor se encontraría bajo control de agentes estatales.
La Comisión destacó que las autoridades nicaragüenses no han proporcionado información sobre la localización de las beneficiarias ni sobre sus condiciones actuales.
La CIDH pidió al Estado nicaragüense adoptar medidas necesarias para determinar el paradero y situación de las tres beneficiarias, precisar si se encuentran bajo custodia estatal y, en ese supuesto, informar sobre el lugar, las condiciones y los motivos de dicha custodia.
También solicitó garantizar el contacto regular con familiares y representantes legales, concertar las medidas de protección con las beneficiarias y sus representantes e investigar los hechos denunciados. Sin embargo, a la fecha la dictadura sandinista no ha acatado ningún mandato de la CIDH.
Advierten a Costa Rica
La tercera resolución (73/2026), refiere a diez personas nicaragüenses exiliadas en Costa Rica, listadas por la CIDH:
- Aníbal Enrique Toruño Jirón y familia,
- Hanssel Manuel Vásquez Ruiz,
- Tania Jeanneth López Rodríguez,
- Amaru Ruiz Alemán,
- Eliseo Fabio Núñez Morales y familia,
- una periodista nicaragüense cuya identidad permanece reservada
Según la solicitud analizada por la Comisión, los beneficiarios enfrentarían riesgos derivados de una alerta de seguridad sobre sus vidas, amenazas y otros actos de violencia relacionados con la represión transnacional atribuida a la dictadura de Nicaragua.
La CIDH pidió al gobierno costarricense realizar una evaluación integral e individualizada del riesgo de cada beneficiario, tomando en cuenta sus circunstancias particulares, las causas que generan el riesgo y las labores que desempeñan.
A partir de esa evaluación, deberá establecer mecanismos de protección eficaces e idóneos, acordarlos con las personas beneficiarias y garantizar que puedan continuar desarrollando sus actividades en condiciones de seguridad. También solicitó investigar los hechos que dieron origen a la medida para evitar su repetición.
De acuerdo con la comunicación de la CIDH al respecto de la resolución, el gobierno de Costa Rica, encabezado por la presidente Laura Fernández, sostuvo que no se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión y señaló que las autoridades habían actuado de manera diligente y que existían mecanismos institucionales de protección.
La CIDH, sin embargo, concluyó que no contaba con elementos suficientes para confirmar que el riesgo había sido efectivamente mitigado.
La resolución fue emitida diez días después de que el ex-combatiente de la Resistencia Nicaragüense (RN) y opositor a la dictadura sandinista, Reinaldo Picado, sufriese un atentado con arma de fuego en Costa Rica, el segundo del año en su contra.
En 2025, el mayor en retiro y disidente sandinista, Roberto Samcam, fue asesinado en Costa Rica en circunstancias sospechosas a la fecha no completamente esclarecidas, con uno de los principales sospechosos habiendo sido retornado a Nicaragua por las autoridades costarricenses.
No es el único caso identificado por la diáspora nicaragüense como represión transnacional.
En una exhaustiva investigación, Nicaragua Actual ha documentado al menos 12 posibles atentados perpetrados por agentes de la dictadura en Costa Rica en contra de exiliados nicaragüenses, algunos de ellos protegidos por su estatus migratorio, es decir, bajo explícita responsabilidad del Estado costarricense como garante de su refugio.
