El Gobierno de Cuba descarga el sostén de los comedores sociales en las empresas, pero mantiene el control

El Gobierno cubano ha encontrado la forma de librarse de responsabilidades financieras con respecto a los comedores para vulnerables del programa estatal Sistema de Atención a las Familias (SAF), con la aprobación del Acuerdo 10418 del Consejo de Ministros, que abre al sector privado la gestión de esos establecimientos.

El Acuerdo, que fue publicado el martes en la Gaceta Oficial de la República número 85 y entrará en vigor el 11 de agosto, demuestra que las autoridades cubanas pretenden seguir controlando el funcionamiento de esos comedores, sin que los recursos para sostenerlos salgan del bolsillo del Estado.

Los beneficiarios, según el apartado TERCERO, son «a) personas mayores que vivan solas o con otras personas mayores, sin apoyo familiar; b) personas en situación de discapacidad que vivan solas, sin apoyo familiar, y c) adultos miembros de familias en situación de vulnerabilidad social, sin condiciones en el domicilio para elaborar los alimentos».

«Excepcionalmente», también se brinda el servicio a «embarazadas que convivan en núcleos familiares en situación de vulnerabilidad económica y requieran de refuerzo alimentario en su dieta».

La aprobación de las solicitudes corresponde al Consejo de la Administración Municipal en cada territorio.

La norma establece que los servicios gastronómicos del SAF se prestan «principalmente en los establecimientos gastronómicos integrados a las empresas de Comercio». Pero ahora también pueden ofrecerse en entidades estatales que cuentan con servicio de comedor obrero, formas de gestión no estatal y en instituciones o formas asociativas sin fines de lucro.

Además, en «las zonas rurales y de difícil acceso donde no haya establecimientos gastronómicos que brinden este servicio se puede prestar en los hogares de alimentación comunitaria, por personas naturales en sus viviendas, de acuerdo con las disposiciones normativas específicas para ello».

El inciso f del apartado NOVENO del Acuerdo evidencia con claridad la intención del Gobierno cubano de que los SAF no se sostengan con los recursos del Estado, pues dispone que las direcciones provinciales y municipales de Comercio, y de los grupos empresariales de Comercio deben «controlar que todos los actores económicos, como parte de su responsabilidad social, respalden los establecimientos gastronómicos que prestan servicio al Sistema, e informar al Consejo de la Administración Municipal al respecto».

El apartado DUODÉCIMO establece que la fuente fundamental de aseguramiento del SAF son «las producciones locales y la autogestión; de existir disponibilidad de productos del balance central y donativos se ponen a disposición del territorio para su entrega en correspondencia con la cantidad de beneficiarios».

Mientras intenta que ese sistema estatal se sostenga cada vez menos con los recursos del Estado, el Gobierno de Cuba no renuncia a mantener el control sobre los precios, según el apartado DÉCIMOTERCERO, que señala que los precios de las ofertas «se forman en correspondencia con lo establecido por el ministro de Finanzas y Precios».

Las direcciones provinciales y municipales de Finanzas y Precios son las encargadas de «otorgar el financiamiento aprobado para el subsidio a personas que concurran al Sistema». Sin embargo, no queda claro qué margen de ganancia tendrán los prestadores del servicio.

A la vez, el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) es el que determina el funcionamiento del SAF, de acuerdo con el apartado siguiente.

En la misma Gaceta Oficial aparece publicada la Resolución 14/26 del MINCIN, que exige a los prestadores del servicio «brindar dos ingestas diarias que aseguren los aportes nutricionales requeridos y promover que los beneficiarios efectúen la alimentación en el establecimiento».

También deben garantizar la inocuidad e higiene de los alimentos y «favorecer la recreación, socialización y otras acciones de interés para los beneficiarios que contribuyan a una mejor calidad de vida».

Cuando las personas que reciben el servicio no puedan trasladarse al comedor, por problemas de salud o movilidad, los prestadores deben llevarles los alimentos a sus domicilios.

La exigencia más llamativa del MINCIN está relacionada con el menú, que debe componerse de arroces, platos fuertes, sopas o potajes, viandas, ensaladas y postres. Además, «se incentivan las elaboraciones blandas preferentemente en el horario de la comida, para lo cual se toman como referencia las normas para la alimentación social».

Durante los últimos años, el SAF ha sido blanco de críticas debido a la poca variedad y calidad de los alimentos ofertados. En abril de 2024, varios comensales de uno de estos comedores en Santiago de Cuba se quejaron de que no había arroz la mayor parte de las veces y de que la sopa no tenía fideos, en un reportaje del telecentro local Tele Turquino.

«Aquí hemos tenido días de comer boniato y sopa», afirmó uno de los entrevistados.

Según las explicaciones que ofreció el administrador del local a Tele Turquino, el Estado cubano estaba enviando menos arroz a la unidad, por lo que ese producto solo se podía ofertar en una comida y no todos los días.

En octubre de 2023, la titular del MINCIN, Betsy Díaz Velázquez, reconoció que las insuficientes entregas por la industria alimentaria, la inestabilidad de los surtidos planificados y los incumplimientos de entrega de las producciones locales estaban entre las principales deficiencias del programa estatal.

Declaraciones de la propia ministra difundidas el martes por el Canal Caribe implican un reconocimiento tácito de que el sector no estatal puede sostener los servicios con mayor calidad.

«Puede pasar que una empresa con determinados resultados, con determinados ingresos, decida gestionar esa unidad gastronómica, atender a los beneficiados del SAF y ofertar un servicio de calidad«, afirmó la ministra.

Se prevé que los establecimientos ofrezcan servicios gastronómicos fuera del horario de atención a los beneficiarios del sistema, según Díaz-Velázquez.