Otra demanda millonaria bajo la Helms-Burton señala a la Unión Eléctrica de Cuba y salpica a Sherritt

La Compañía Cubana de Electricidad, que antes de 1960 suministraba más del 90% de la energía eléctrica de la Isla, demandó al Gobierno de Cuba por una suma de 267,6 millones de dólares, más un 6% anual hasta la actualidad, por la confiscación y uso de sus propiedades.

La demanda, presentada en virtud de la Ley Helms-Burton, fue interpuesta el 27 de julio por la empresa Atlas Holdings, con sede en Greenwich, Connecticut, ante el tribunal de distrito de Washington DC, y apunta a la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) y la empresa conjunta Energás, esta última operada hasta mayo último por la minera canadiense Sherritt International Corporation.

Según el texto de la reclamación, en 1960 Fidel Castro «confiscó ilegalmente» la empresa, al igual que «numerosos activos adicionales —valorados en conjunto en más de 300 millones de dólares— a la parte demandante, sin causa justa ni indemnización. Como consecuencia directa de estas confiscaciones, la parte demandante fue despojada de sus inversiones, privada del uso y valor de su propiedad y obligada a cesar sus operaciones en Cuba».

Recuerda que en 1970, la Comisión de Liquidación de Reclamaciones en el Extranjero (FCSC, por sus siglas en inglés), organismo independiente establecido por el Congreso de EEUU para resolver reclamaciones de ciudadanos estadounidenses contra gobiernos extranjeros por expropiación y otros asuntos, «certificó el valor de la propiedad confiscada a la parte demandante en 267.568.413,62 dólares, más un interés del 6% desde el 6 de agosto de 1960 hasta la fecha de liquidación».

Añade el documento que la UNE «es una de las principales beneficiarias de la confiscación», puesto que «posee, controla, gestiona, opera y obtiene beneficios de numerosos activos confiscados, incluidas importantes instalaciones de generación construidas sobre las instalaciones del demandante, o que ocupan las mismas, tales como la Central Termoeléctrica Antonio Maceo (Renté), en Santiago de Cuba; la Central Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos; la subestación eléctrica y complejo de gas Melones, en la bahía de La Habana, y la Central Hidroeléctrica Guaso». 

Asimismo, señala que la UNE «también utiliza partes sustanciales de la red de transmisión y distribución de la Compañía Cubana de Electricidad, que ahora constituyen la columna vertebral de la red eléctrica nacional de Cuba y de la red de gas natural de La Habana».

En cuanto a Energas, apunta la reclamación que esta «obtiene beneficios y trafica con la propiedad confiscada del demandante a través de su participación en los sectores de generación de energía y procesamiento de gas natural de Cuba. Las operaciones de generación de energía y procesamiento de gas de Energas dependen de —y están físicamente integradas con— instalaciones, infraestructura de transmisión y activos de distribución de gas confiscados a la Compañía Cubana de Electricidad». 

«En colaboración con UNE y otras entidades estatales cubanas, Energas utiliza y obtiene beneficios comerciales de la infraestructura de generación eléctrica, transmisión, suministro de combustible e industria construida sobre, conectada a, o integrada con los activos confiscados del demandante, incluidas las instalaciones asociadas a la antigua Central Termoeléctrica de Vapor de Cienfuegos y al sistema eléctrico nacional más amplio que el demandante desarrolló y operó antes de la confiscación».

La demanda fue presentada por la firma de inversión privada Atlas Holdings, propietaria de Office Depot, con sede en Florida, que posee el registro certificado por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de Estados Unidos de la Compañía Cubana de Electricidad.

Asimismo, la reclamación fue presentada por el bufete Steptoe LLP, de Nueva York, que representa a la petrolera Exxon Mobil, la cual recibió el aval de la Corte Suprema de Estados Unidos para demandar a las empresas del régimen cubano Cimex y Cupet bajo circunstancias similares.

John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Cuba-EEUU, con sede en Nueva York, comentó al medio independiente Café Fuerte que «el momento elegido para presentar la demanda sugiere que la parte demandante y sus abogados consideran que el Gobierno cubano cuenta con opciones limitadas para articular una defensa y que es más probable que busque un acuerdo extrajudicial, especialmente dado el riesgo de que la demanda afecte negativamente a la oferta de compra de Sherritt International Corporation, presentada recientemente por una empresa con sede en Texas».