Dictadura también extenderá mandato del jefe del Ejército con reforma electoral

El Ejército de Nicaragua tomó parte en la primera sesión del “proceso de consultas” sobre la reforma a la constitución que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo puso en marcha para poner fin a las elecciones en Nicaragua, en una reunión el miércoles, 29 de julio, encabezada por la comisión especial de la Asamblea Nacional sandinista y el jefe militar, general Julio César Avilés.

Durante la sesión se acordó añadir a la propuesta la extensión los periodos de mandato para las máximas autoridades del Ejército y la Policía a los siete años “renovables” que la Asamblea Nacional había propuesto para el mandato de la “copresidencia” ocupada por Ortega y Murillo.

Avilés lleva a la cabeza del Ejército desde 2010 y, cuando Ortega buscó la reelección indefinida entre 2013 y 2014, habilitó también la reelección indefinida del Jefe del Ejército para ganar respaldo de la institución. Entonces el mandato era de cinco años, pero las reformas de 2024-2025 lo extendieron a seis. Esta nueva reforma sería la segunda extensión.

La incorporación de la institución castrense ocurre luego de que Murillo anunciara que las Fuerzas Armadas formarían parte de las consultas que la dictadura desarrolla para modificar nuevamente la constitución, tras el anuncio de Ortega de que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” que permitan a la oposición llegar al poder.

Durante el encuentro, el presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, afirmó que las reformas responden a una orientación directa de los codictadores. “Nuestra misión es cumplir con el mandato de los copresidentes de realizar reformas que nos garanticen estabilidad, seguridad y paz“, declaró Porras ante medios oficialistas.

El diputado también destacó que el Ejército fue el primer sector consultado dentro del cronograma anunciado por el régimen. “La primera consulta es con nuestras fuerzas militares, con todos sus mandos. Este es un pueblo, Ejército y unidad, garantía de la victoria“, afirmó.

El día anterior a esta sesión, la dictadura sostuvo una reunión entre el cuerpo diplomático y legaciones de gobiernos e instituciones del extranjero.

Colaboración anunciada

Murillo había informado desde su mensaje del 27 de julio que las consultas incluirían al Ejército, la Policía Nacional, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el sistema financiero, empresarios, gobiernos municipales, organizaciones religiosas, universidades, trabajadores estatales y otras estructuras afines a la dictadura.

La codictadora presentó el proceso como una consulta “amplia” destinada a fortalecer el denominado modelo del “pueblo presidente” y aseguró que concluirá a finales de agosto para que la Asamblea Nacional apruebe la reforma durante los primeros días de septiembre.

Entre los sectores convocados no figuran organizaciones de la sociedad civil independientes, partidos de oposición, gremios críticos ni representantes de los más de 400 nicaragüenses despojados de su nacionalidad por el régimen ni a aquellos que el régimen exilió en distintas oleadas luego de haberlos sometido a prisión política.

Un extraño silencio

Pese a su participación en el proceso, al momento de publicarse esta nota el Ejército de Nicaragua no ha emitido un pronunciamiento institucional sobre el contenido o los alcances de las reformas constitucionales que impulsa el régimen, ni tampoco ha declarado una postura oficial.

Tampoco está claro si la institución presentó observaciones o recomendaciones al proyecto.

En contraste con la amplia cobertura que los medios oficialistas dieron al encuentro, los canales oficiales del Ejército han mantenido silencio sobre las reformas.

En los días previos y posteriores a la consulta, sus publicaciones se han limitado a divulgar actividades rutinarias de la institución, como ejercicios de entrenamiento, reuniones operativas, acciones de vigilancia, jornadas ambientales, actos conmemorativos y otras labores de propaganda institucional, sin hacer referencia al proceso de reforma impulsado por la dictadura.

Pero la participación de la institución militar en estas consultas refuerza su incorporación formal al proceso, aunque públicamente haya evitado, hasta el momento, fijar una posición propia sobre los cambios que el régimen pretende realizar a la constitución.