Convenios México-Cuba: cuando nadie vigila, alguien gana

Hace algunas semanas, en el Foro DDC: «Para la Cuba de mañana», presenté una hipótesis que quiero retomar aquí, porque acabo de encontrarle una comprobación incómoda. Dije entonces que la ciudadanía no reacciona tarde frente a las derivas autoritarias porque le falte voluntad, sino porque los instrumentos formales con los que cuenta —leyes, organismos, procedimientos— están diseñados para la normalidad, no para la emergencia democrática.

Hoy quiero corregir mi propia formulación, o más bien afinarla: el problema no es solo que la ciudadanía llegue tarde. Es que, aun cuando llega a tiempo, los mecanismos disponibles no son lo suficientemente efectivos para detener la erosión institucional. Y si no lo son, entonces la pregunta que deberíamos hacernos no es cómo apresurar el paso de la ciudadanía, sino cómo construir instrumentos donde el poder resida realmente en ella, no como concesión sino como parte fundamental del diseño del Estado.

El informe Convenios México-Cuba: un andamiaje legal sin contrapesos ni rendición de cuentas, que la organización Consorcio Justicia ha presentado esta semana, ofrece un ejemplo preciso de a qué me refiero. No es un caso más de opacidad administrativa. Es la demostración de cómo dos Estados, aparentemente cada uno por razones distintas, uno para garantizar su permanencia en el poder y el otro para seguir concentrándolo, y en momentos distintos de ese proceso, coinciden en debilitar su propio andamiaje institucional para proteger a quienes detentan el poder.

De acuerdo al Informe mencionado, del lado mexicano, el mecanismo es reciente y documentable con fechas exactas. En 2024 desapareció el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), el organismo que durante dos décadas permitió a cualquier ciudadano exigir cuentas sobre el gasto público. Sus funciones pasaron a una secretaría que depende del propio Ejecutivo que firma los convenios que se supone debería fiscalizar. Una reforma judicial sometió después a jueces y ministros a una lógica electoral controlada por la misma mayoría legislativa. El resultado, documentado en esta investigación, es que el Congreso mexicano nunca debatió ni aprobó los convenios con Cuba, que las solicitudes de información caen en un vacío el 99.6% de las veces, y que ningún organismo independiente puede hoy exigir una auditoría sobre los más de 1,500 millones de dólares en petróleo, los más de 2,500 millones de pesos en servicios médicos o los casi 35 millones de dólares en asistencia humanitaria que México transfirió a Cuba entre 2022 y 2026.

Ese vacío no es abstracto: tiene un costo humano concreto y mexicano. Mientras el Gobierno pagaba el equivalente a 100,000 pesos mensuales por cada médico cubano contratado, de los cuales el Estado cubano retiene entre el 75% y el 95%, había 51,000 médicos mexicanos desempleados. Con lo gastado solo entre 2022 y 2023 se habría podido cubrir el salario anual de 3,500 especialistas mexicanos. No hubo escasez de médicos: hubo ausencia de voluntad política para emplearlos dignamente, protegida precisamente por la falta de un organismo capaz de preguntar por qué.

Del lado cubano, no hace falta que insista demasiado ante los lectores de DIARIO DE CUBA. Son 65 años bajo un régimen que nunca sometió su diseño institucional a la posibilidad de ser cuestionado desde dentro. El desafio en Cuba, como afirmé en el Foro DDC, es fundacional. Y ese desafío se agrava hoy con una crisis energética que ha dejado a buena parte del país sin electricidad, mientras GAESA, el conglomerado militar que controla al menos el 70% de la economía cubana y al que ningún organismo, ni siquiera el propio gobierno cubano puede auditar, administra los recursos que deberían sostener a la población.

Lo que el informe de Consorcio Justicia documenta es que ambas fragilidades no ocurren en paralelo: se necesitan mutuamente. El vacío institucional mexicano no permaneció vacío. Fue ocupado activamente por un régimen que necesitaba oxígeno económico y encontró, del otro lado, un Estado sin el organismo que antes habría podido preguntar en qué términos se entregaba ese oxígeno. Es exactamente la dinámica que describí en mi presentación bajo el concepto de sharp power: no la seducción del soft power, sino la penetración de estructuras de decisión ajenas para asegurar aliados sin transparencia ni debate público, tema estudiado a profundidad por la organización Gapac, cuya investigación aporta a las argumentaciones del informe en cuestión.

¿Qué tiene que ver esto con la arquitectura democrática anticipada que propuse en el Foro DDC? Todo. Las cuatro claves que planteé entonces, alerta temprana institucionalizada, instrumentos con modo emergencia, redundancia y descentralización cívica, y evidencia que resista incluso bajo restricción, no son ejercicios teóricos: son, literalmente, lo que le faltó a México para que la eliminación del INAI no pasara sin ruido, y lo que le sigue faltando a Cuba para que su ciudadanía pueda algún día exigir cuentas sobre a quién sirve realmente su Estado.

Restituir un organismo autónomo de transparencia, como recomienda el informe, no es una demanda técnica menor: es alerta temprana institucionalizada. Exigir que los convenios internacionales con compromiso presupuestal pasen por debate legislativo real es, en los términos de mi propuesta, dotar a los instrumentos formales de un modo de emergencia que hoy no tienen. Y documentar, como ha hecho Consorcio Justicia con fuentes verificables, es construir evidencia que sobreviva incluso cuando el poder que debería entregarla decide no hacerlo.

La tesis que sostuve en el Foro DDC: «Para la Cuba de mañana» era que la resistencia efectiva combina mecanismos formales e informales, y que debe operar de forma preventiva, no solo reactiva. El caso México-Cuba confirma esa tesis desde un ángulo que no había explorado entonces: no hace falta que un régimen autoritario conquiste un país democrático para beneficiarse de su fragilidad institucional. Basta con que ese país deje de vigilarse a sí mismo. Y ahí, precisamente ahí, es donde tiene que residir el poder ciudadano: no en la esperanza de que las instituciones reaccionen a tiempo, sino en el diseño anticipado de instrumentos que no dependan de esa esperanza. Ese es el ejercicio de poder ciudadano que este momento mexicano y cubano a la vez nos exige construir.