Antioquia comprará 39 drones y antidrones ante amenaza de grupos armados en dos regiones

El episodio del 21 de agosto, cuando un helicóptero de la Gobernación denunció haber sido hostigado por drones presuntamente manejados por las disidencias de las Farc, dejó en evidencia una vulnerabilidad crítica: la falta de capacidad de la Fuerza Pública para contrarrestar este tipo de artefactos en Antioquia.

Ese fue uno de los puntos centrales de la conversación de EL COLOMBIANO con el secretario de Seguridad del departamento, el general (r) Luis Eduardo Martínez, quien además entregó detalles sobre la llamada tasa de seguridad.

“Para contestar esta pregunta hay que partir de unos hechos, el primero es que la Fuerza Pública del departamento en el territorio no tiene los medios esenciales para actuar. No hay vehículos, no hay elementos de protección y tampoco hay elementos tecnológicos que permitan realizar las labores de vigilancia y control. Aparte de eso, según la media internacional, Antioquia debería tener 16.750 policías pero en este momento apenas tiene 7.150. De esos hay que descontar los que están en vacaciones, los enfermos, o los que tienen alguna calamidad. Y de los que queden hay que descontar los que deben estar cuidando sindicados o detenidos en estaciones de Policía y en otros espacios. ¿Cuántos quedan?

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Bajo ese panorama la solución la podría brindar la tecnología. Por eso queremos crecer mucho en tecnología. Es decir, tener cámaras LPR, cámaras de reconocimiento facial en todos los municipios, una red de fibra óptica de 5.000 kilómetros que nos permita tener ojos en las carreteras y los puntos estratégicos.

O sea, que ante el menor pie de fuerza, tener muchos ojos en todas partes, en todos los municipios.

Si bien cuando recibimos la Gobernación teníamos 50 municipios conectados, hoy gracias a la inversión dejada y a la que hemos hecho ya tenemos 124 de los 125 municipios conectados. Eso es un avance. Pero también hay que invertir en condiciones dignas para nuestros policías y soldados. Entonces ahí entra el tema de mejoramiento en infraestructura de varias estaciones y batallones y también la adquisición de equipos personales como 574 cascos balísticos, 706 chalecos antibalas, 500 botas de combate, 500 ponchos impermeables y 500 hamacas con toldillo. Además, se esperan adquirir motocicletas, camionetas, botes, camiones, montacargas y motores”.

“Ahora, sobre el tema de las demandas, el fallo del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la Ordenanza de 2016 de la Asamblea del Valle no afecta en ningún sentido la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Antioquia, toda vez que la normativa departamental antioqueña está sustentada en leyes que ya fueron objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional. Por eso la tasa está firme en el departamento. Aun así, estamos desarrollando estrategias para hacer crecer este recaudo con base en mucha sensibilización. Porque hay gente que no paga por ignorancia o porque aún no saben para qué es.

Sobre esto es importante que la gente entienda que lo que estamos haciendo con este impuesto —que va hasta el 2027 y que ya será el gobernador entrante quien decida si lo continúa o no— es darle capacidad a la Fuerza Pública para que atiendan de manera inmediata y eficiente las necesidades en seguridad. Esta tasa no es un capricho, es para darle a la fuerza pública en territorio lo que les ha quitado el Estado desde el nivel central”.