EE.UU. sanciona a la expresidenta argentina Cristina Fernández por corrupción

MIAMI, Estados Unidos. – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este viernes sanciones contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por haber estado involucrada en actos de corrupción durante su desempeño en cargos públicos, según un comunicado oficial del Departamento de Estado.

La sanción, que también se aplicó al exministro de Planificación de Argentina Julio Miguel De Vido, declara a ambos y a sus familiares inmediatos “generalmente inelegibles para ingresar a Estados Unidos”.

Rubio aseguró que Fernández de Kirchner y De Vido “abusaron de sus posiciones orquestando y beneficiándose financieramente de múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares al gobierno argentino”.

Asimismo, recordó que “múltiples tribunales han condenado a Cristina Fernández de Kirchner y De Vido por corrupción” y destacó que estas acciones han “socavado la confianza del pueblo argentino y de los inversionistas en el futuro del país”.

El secretario de Estado de EE.UU. ratificó el compromiso de su país con la lucha contra la corrupción global: “EE.UU. continuará promoviendo la rendición de cuentas de aquellos que abusen del poder público para obtener beneficios personales”.

Las sanciones anunciadas este viernes se basan en la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024, que establece la designación pública o privada de funcionarios extranjeros y sus familiares inmediatos cuando existan “informaciones creíbles de participación en corrupción significativa o graves violaciones de derechos humanos”.

En noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a Fernández de Kirchner por un caso de defraudación al Estado en obras viales durante su mandato, entre 2007 y 2015.

El fallo, inicialmente dictado en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2, encontró a Fernández de Kirchner culpable del delito de administración fraudulenta de fondos públicos en la causa conocida como “Vialidad”. La investigación se centró en irregularidades en la concesión de 51 obras públicas al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su sucesora y esposa, Cristina Fernández.

La también exvicepresidenta (2019-2023) y líder del peronismo ha sostenido que es víctima de una persecución judicial. En un escrito difundido en sus redes sociales, afirmó que “el delito de administración fraudulenta en relación con las obras viales nunca pudo haberlo cometido como presidenta”. Añadió que las obras adjudicadas a Báez fueron “aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoría General de la Nación y el Congreso de la Nación desde 2003 al 2015”.

La dirigente peronista ha vinculado a los jueces que la condenaron con el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), afirmando que impulsó la investigación en su contra. “Soy víctima de una persecución política y judicial”, ha reiterado en múltiples ocasiones.