Ya son casi 100.000 personas afectadas en el Catatumbo por la violencia; estas son las cifras del conflicto

Según los datos vertidos por la organización, de las más de 91.000 personas afectadas, más de 50.000 han sido desplazadas hacia los cascos urbanos de Cúcuta, Tibú y Ocaña, buscando refugio en centros de acogida temporales, hoteles y comunidades de acogida.

Además, al menos 27.381 personas sufren restricciones de movilidad debido a los enfrentamientos armados. El informe señala que “se ha exacerbado el riesgo particular para defensores de derechos humanos, firmantes de paz, líderes sociales y comunitarios, quienes son objeto de violencia por parte de los grupos armados no estatales”, según ha comunicado la OCHA.

“Persisten las amenazas y señalamientos contra esta población, donde se les acusa de pertenecer o colaborar con otro actor en disputa”, añade, señalando que hay “limitaciones importantes para garantizar la protección”, destaca el informe.

La presencia limitada del Estado ha dejado a la población civil expuesta a enfrentamientos y ataques constantes, según la ONU, que ha agregado que “los combates, hostigamientos y atentados contra la infraestructura militar” han ocasionado nuevos desplazamientos masivos en las últimas semanas.

Asimismo, las mujeres y niños desplazados de sus hogares son “especialmente vulnerables”. Según un informe de UNICEF, al menos cuatro niños menores de 5 años sufren desnutrición aguda, y otros 46 están en riesgo de padecerla.

Además, se han reportado 99 casos de violencia de género y explotación sexual, de los cuales un 65 por ciento involucra a mujeres venezolanas en situación de vulnerabilidad.

La OCHA ha denunciado que la crisis se ve aún más agravada “debido a la congelación de fondos por parte de los programas de asistencia humanitaria de Estados Unidos”. Como consecuencia, “se estima que al menos 120.000 personas se verían afectadas y no podrían acceder a la asistencia humanitaria”.

Por ello, la ONU ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para garantizar la protección de los derechos humanos en la región y permitir el acceso humanitario a las personas afectadas.