Wilmar Mejía renunciará al Consejo Superior de la UdeA en medio de escándalo por presuntos vínculos con alias Calarcá

Mientras le siguen saliendo ramas al escándalo que sacude al Gobierno Nacional sobre los supuestos vínculos entre ejército, DNI y disidencias de alias Calarcá, Wilmar Mejía, director de inteligencia estratégica del DNI y uno de los principales protagonistas del escándalo, anunció que dejará el cargo como representante del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.

Mejía presentará su renuncia al presidente y, según dijo a Teleantioquia, pedirá que se adelanten algunos debates sensibles en el CSU que están pendientes sobre temas presupuestales y hallazgos administrativos para salir del Consejo Superior.

Mejía aterrizó como representante del presidente Gustavo Petro en el CSU en marzo de 2024, una designación que jamás debió ocupar teniendo en cuenta el cargo que desempeñaba como alto funcionario del Departamento Nacional de Inteligencia. En el aluvión de declaraciones que ha entregado a medios, las explicaciones sobre su rol en la Universidad de Antioquia y la probable incompatibilidad entre ser consejero universitario y dueño de tanto poder en un organismo de seguridad e inteligencia del Estado siguen quedaron todavía más difusas.

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Por ejemplo, en varias declaraciones Mejía aseguró que nunca hubo conflicto entre los dos roles que viene desempeñando, en el DNI y la UdeA, porque siempre separó las funciones. “Plantean de que estoy haciendo actividad de inteligencia, cosa que no es cierta. La ley no permite caracterizar organizaciones sociales y mucho menos instituciones educativas”, dijo. Sin embargo, nadie ni siquiera podía corroborar que, efectivamente, estuviera separando dichas funciones pues uno de los hallazgos más graves en todo este escándalo es que el CSU ni siquiera sabía que en dicho órgano tenía asiento un integrante de un organismo de inteligencia del Estado, él lo ocultó.

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Además, sus respuestas son ambiguas. Ante la presunta sobre si era cierto que su participación en el CSU ha tenido influencia en la presencia de grupos ilegales dentro de la UdeA –como lo aseguró el gobernador aunque sin evidencia concreta–, Mejía respondió que era “falso”, pero renglón seguido señaló que su “misionalidad” era “clara y definida”. “Es para entender los fenómenos, para investigarlos, para hacerles inteligencia”, le dijo al canal local. Es decir, ¿hacía o no hacía inteligencia mientras a su vez era consejero? ¿Buscaba o recibía información sensible en la UdeA que luego empleaba como insumo de inteligencia en el DNI? Hay que recordar que el mismo Mejía reconoció que su meteórico ascenso hasta alto funcionario de inteligencia se debió a que prestaba servicios como informante gracias a que tenía capacidad para obtener información y moverse en terreno, cualidades que, según expuso, él poseía.

De todos los presuntos hechos que se han conocido hasta ahora en este escándalo, este precisamente, que un alto funcionario de inteligencia fuera designado para estar en el órgano principal de una universidad pública es uno de los más delicados.

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La periodista Claudia Julieta Duque recordó el caso de José Miguel Narvález y todo el oscuro capítulo de terror que él ayudó a sembrar haciendo parte de varias universidades mientras ejercía como subdirector del DAS, e incluso desde mucho antes. La periodista recordó que Narváez –hoy condenado a 30 años por el magnicidio de Jaime Garzón– “era un informante ocasional del DAS antes de ser nombrado subdirector. Narváez también tuvo asiento en varios consejos universitarios y un “grupo de estudio” en la U. Antioquia desde el cual, según testigos, reclutaba y hacía inteligencia”.

Esto está ampliamente documentado: según decenas de testimonios y documentos, Narváez, al tiempo que ejercía roles universitarios, impulsaba la conformación de grupos de Convivir en Antioquia y se reunía en campamentos de autodefensas donde les entregaba información e insumos sobre las características de organizaciones de derechos humanos para que fuera utilizada por los paramilitares en su proceso de aniquilamiento de líderes sociales.

La Comisión de la Verdad dedica todo un caso, el 52, para hablar del impacto del conflicto en las universidades. Allí documenta ampliamente cómo funcionó la injerencia del Estado dentro de las instituciones de educación superior, como el caso de la “Red Cóndor”, que infiltró paramilitares e informantes en los campus para suministrar información a paras, Gaula, ejército y DAS (justamente la entidad que reemplazó el DNI) y cuyas operaciones derivaron en homicidios selectivos, torturas, secuestros, desapariciones y persecuciones judiciales de estudiantes y profesores.

Mejía ha defendido que la designación del presidente para que fuera su representante ante el CSU se debió estrictamente a su experiencia en el mismo, pues el hoy director de inteligencia estratégica fue representante de los estudiantes en dicho órgano hace dos décadas, función que, según señaló, le valió ser objetivo de paramilitares, ELN y Farc por lo que tuvo que abandonar el país debido a las amenazas. Mejía ha reiterado que en su asiento en el CSU se ha limitado a ayudar a esclarecer los hechos de fondo que tienen a la universidad sumida en su peor crisis financiera, labor que ha compartido con el Ministerio de Educación. Queda de todos modos el interrogante de si no existía otra persona en el universo del gobierno Petro que pudiera ejercer como representante del presidente en la universidad más importante de Antioquia sin que existiera el riesgo y la suspicacia derivada de ser un agente de seguridad del Estado.