Vigilancia y represión casa por casa en Nicaragua

Juan es un joven activista que se ha opuesto a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Cada
mes, su familia recibe sospechosas visitas, en el departamento de Chontales. Son supuestos
censadores y promotores de propaganda del régimen. A veces, estos se identifican como trabajadores
del Instituto Nacional de Información y Desarrollo (Inide) y en otras, del Ministerio de Salud (Minsa).

Los visitantes se rotan. Algunas veces visten camisas camufladas, placas metálicas y gorras militares,
y no llevan consigo ningún formulario ni tableta. Solo un celular, preguntas incómodas y algunas
veces cartillas en las que se incluyen fotos de los dictadores Ortega y Murillo.

“Dicen que están haciendo un censo mensual, pero las preguntas no tienen estructura. Preguntan por
las entradas y salidas de la familia (fuera del municipio), las visitas que recibimos, si alguno está fuera
del país, si recibimos remesas. Se han enfocado en nuestras rutinas: por dónde salimos, si caminamos
o usamos transporte, qué rutas usamos. Eso ha sido muy llamativo. Una vigilancia constante e
incómoda”, denunció Juan en entrevista con Expediente Público, bajo la condición de mantener su
verdadero nombre bajo reserva por cuestiones de seguridad.

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El testimonio de Juan no es un hecho aislado en los barrios de Nicaragua. Tras las manifestaciones de
abril de 2018, las visitas casa a casa han dejado de ser eventos esporádicos.

Mecanismo de vigilancia

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) sostiene que la dictadura
Ortega-Murillo utiliza esas visitas como un mecanismo meticulosamente organizado por el régimen
sandinista para vigilar, controlar y reprimir a los ciudadanos.

“Es un sistema de control y represión omnipresente, basado en la recopilación y el uso de datos
personales para identificar, acosar y suprimir cualquier forma de oposición, y para identificar a
personas opositoras y detenerlas arbitrariamente”, afirma el GHREN en su informe “Instituciones y
personas responsables de los principales patrones de violaciones y abusos de los derechos humanos y
crímenes perpetrados en Nicaragua desde abril de 2018”, que fue presentado en abril de este año.

El documento resalta que, en esas visitas se realizan “como justificación para enviar personas de visita
casa a casa con el objetivo de obtener información sobre los convivientes”.

En esas visitas se presentan cartillas promocionales que, según el informe, son elaboradas por una
comisión conformada por el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Educación (Mined), la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el Ministerio de la Mujer (Minim),
el Ministerio de Salud (Minsa) y Ministerio de la Juventud (Minjuve).

Los expertos explican que los visitantes enviados por el régimen están conformados por personas de
instituciones públicas, miembros de la Juventud Sandinista y secretarios políticos del Frente
Sandinista, que además llevan listas de “las denominadas personas de interés”, entre las que se incluye
a personas vinculadas a las manifestaciones sociales desde 2018, disidentes, opositores, familiares de
víctimas de represión o de exiliados, así como miembros de organizaciones sociales y religiosas.

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Visitas con interés confiscatorio

El objetivo de estas visitas, además de vigilar a dichas personas de interés, según el GHREN, también
es “saber quiénes viven en la casa y a nombre de quién está dicha propiedad”.

“Si la vivienda está a nombre de una persona de interés, se interviene más adelante la propiedad sin
mediar procedimiento previsto en la ley ni indemnización alguna. Esta descripción coincide con
testimonios de víctimas que describen las visitas para ‘censar’ a las personas e identificar casas vacías
a los efectos de su posterior confiscación”, señalaron los expertos del GHREN.

El abogado Yader Valdivia, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más,
denunció que este tipo de vigilancia a la población constituye no solo una grave violación al derecho a
la intimidad, sino también, a la propiedad privada.

“Recordemos que en Nicaragua la propiedad es inviolable, y esto incluye cuando funcionarios del
Estado ingresan sin una autorización a la vivienda. Esta es una clara violación a la intimidad y a la
propiedad en Nicaragua”, señaló el letrado a Expediente Público.

Más de 100 denuncias relacionadas a visitas casa a casa

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha recibido al menos 100 denuncias
relacionadas a visitas de funcionarios en las viviendas, reveló Valdivia a Expediente Público.

Muchas de las personas que han sido víctimas de este tipo de vigilancia que han documentado, afirmó
el abogado, son familiares de personas asesinadas en el contexto de las protestas, exiliadas, periodistas
o exempleados públicos.

“Llegan vestidos de civil, a veces acompañados de policías o usando bata del Ministerio de Salud. En
ese Estado policial de facto, las personas no pueden ni siquiera pedir identificación. Solo deben
recibirles, escuchar el mensaje y esperar que se retiren”, denunció el defensor.

Detalló que a estas personas se les ha preguntado “cuántas personas viven en la casa, quiénes son, si
tienen familiares fuera del país, por qué se fueron (…) y en ese sentido, las personas se sienten
obligadas a dar esa información”.

Procuradora encargada de plan de vigilancia

El informe del GHREN reveló que es la propia vicepresidenta de Nicaragua y vocera del Frente
Sandinista, Rosario Murillo, quien envía correos electrónicos “a los secretarios políticos del Frente
Sandinista de Liberación Nacional con agendas para las reuniones semanales de las Unidades de
Victoria”, en los que establece prioridades políticas, asigna roles y coordinación de estas visitas casa a
casa.

Los expertos del GHREN tuvieron acceso a correos electrónicos enviados por Murillo en los que
mandó “agendas de reuniones de las Unidades de Victoria a nivel nacional” y ordenó: “Mined, las
Comisiones y la Procuraduría de Derechos Humanos presentan todas las cartillas en visitas casa a casa
y en las escuelas / Ver plan con compañera Wendy Morales”.

Las listas de “personas de interés”, confirmaron los expertos, son elaboradas por el secretario general
de la Alcaldía de Managua y operador político del Frente Sandinista, Fidel Moreno, quien a su vez es
el encargado de entregarlas a la procuradora general de la República, Wendy Morales, delegada por
Murillo para coordinar el plan de visitas casa a casa.

La procuradora Wendy Carolina Morales Urbina, quien es la designada por Murillo para los planes de
visitas casa a casa, fue sancionada en marzo de 2024 por el Gobierno de Estados Unidos por
“complicidad en la opresión que ejerce el régimen Ortega-Murillo”, siendo ubicada como “una figura
clave en la persecución injusta del régimen nicaragüense contra presos políticos y la sociedad civil en
el país”.

“La Procuradora General de Nicaragua, en forma concertada con el régimen de Ortega-Murillo, ha
ejercido de manera abusiva su función para facilitar una campaña coordinada que busca reprimir la
disidencia incautando bienes de opositores políticos del gobierno sin una justificación legal”, expresó
en ese entonces el subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera,
Brian Nelson.

¿Quién es Wendy Morales Urbina?

Wendy Morales Urbina asumió el cargo de procuradora general de Nicaragua en mayo de 2019, luego
que, a través del acuerdo presidencial 63-2019, el dictador Ortega la ascendió, removiendo a Hernán
Estrada de ese puesto.

El nombramiento de Morales Urbina fue hecho pese a que esta no cumplía con los requisitos que
establece la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que establece que, para ejercer
ese cargo, se tiene que haber ejercido al menos 10 años como abogado.

La funcionaria, previo a ser ascendida, ejercía como subprocuradora general, cargo que se le había
otorgado desde enero de 2017, cuando incluso no era abogada.

Investigaciones de medios independientes, en 2019, confirmaron con fuentes en el Sistema de
Registro de Control de Notarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que Morales Urbina fue
incorporada como abogada y notaria en julio de 2018, con el número de carné 29,749.

Morales, en una entrevista que ofreció ante medios oficialistas tras ser nombrada procuradora general,
se definió como “una compañera al servicio del pueblo desde hace poco más de 16 años”, asegurando
que desde 2007 inició “con el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario en función de
establecer este plan de gobierno que nos dispusimos”.

“Nos correspondió realizar una iniciativa en el plano de la Procuraduría General de la República para
restituir esos derechos que habían estado relegados”, añadió.

49 tipos de cartillas en los últimos siete años

En los últimos años, el régimen sandinista ha lanzado 49 cartillas a través del Ministerio de Salud
(Minsa), Ministerio de Educación (Mined), Ministerio de la Familia (MiFamilia) y la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Expediente Público confirmó dicha cifra a través de una revisión y análisis de las cartillas
compartidas por estos ministerios en sus plataformas virtuales, confirmando que en 39 de esas 49
cartillas se incluyó contenido político partidario, en el que se reprodujeron discursos, fotografías y
alabanzas a la imagen de los dictadores Ortega y Murillo.

Algunos de los discursos de Murillo que fueron reproducidos en las cartillas insisten en un llamado de
unidad para una nueva etapa de la Revolución Sandinista.

“Tenemos que unirnos todas las familias nicaragüenses, para un nuevo capítulo, una nueva etapa de esta revolución, de esta revolución de la
reconciliación, del entendimiento y de la paz”, indica parte del discurso de Murillo reproducido en la cartilla “Familias Unidas para la Paz y la Vida”.

El régimen sandinista públicamente no ha dado informe sobre la cantidad de cartillas que ha lanzado
en los últimos años a través de estos ministerios y tampoco sobre la cantidad de visitas casa a casa.

El Ministerio de la Familia, una de las instituciones que tiene más completo el consolidado de cartillas
en su sitio web, indicó en su “Línea de Acción 2024” que en ese año tenían planificado visitar 1.5
millones de personas con quienes compartiría el contenido de las cartillas.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en su informe de gestión de 2022,
aseguró que dieron atención directa a más de 140 mil personas de 145 municipios, mediante “visitas
casa a casa y la presentación de cartillas sobre leyes y mecanismos para la prevención de femicidios,
así como la cartilla ´Familia unida para la paz y la vida´”.

Visitas mensuales, control y miedo

Juan tuvo que dejar su hogar tras vivir el asedio y la persecución policial constante en las afueras de
su vivienda por haber participado en las protestas sociales de 2018. Primero, tuvo que dejar su
municipio; luego, que desplazarse internamente; y más tarde —en 2023— tuvo que exiliarse en Costa
Rica. Sin embargo, ahí no terminó el control. Luego del exilio, la familia de Juan quedó bajo la
vigilancia permanente.

Desde octubre de 2024, relató Juan a Expediente Público, pocos meses después del Censo Nacional
de Población y Vivienda, la familia comenzó a recibir visitas mensuales.

La primera visita, denunció el activista, causó zozobra e inseguridad a toda la familia. En ese primer encuentro, dos personas
—uno de ellos usando prendas camufladas— se presentaron como funcionarios del Inide y les
pidieron datos personales de todos los integrantes, insistiendo directamente en los datos de los
familiares que tuvieran fuera del país.

A partir de ese momento, las visitas se hicieron constantes. En todo este tiempo, según Juan, cuatro
personas distintas han llegado hasta su vivienda para ejecutar dichas visitas. Y, en al menos una de lasocasiones, detalló, se han presentado como trabajadores del Ministerio de Salud con el pretexto de“campañas contra el dengue” o entrega de cartillas para prevenir esa enfermedad, aunque nunca sedetienen en esos temas.

Durante estas visitas, explicó Juan, les preguntan si han salido del municipio recientemente, si reciben
visitas de personas que estén fuera del país, si alguien en la familia está exiliado o si recibe remesas, y
anotan cuidadosamente cada respuesta en sus celulares.

“Ellos no han preguntado directamente por mí, pero sí han insinuado que alguien de la familia está
fuera. Les cuestionan sobre si hay algún familiar directo que esté fuera, que envíe remesa y que si los
visitaba, que cada cuánto tiempo lo visitaban. Cada mes es una de las preguntas recurrentes: si ha
llegado su familiar o si han ido a visitar a su familiar”, contó Juan.

Agregó que ha ocurrido también que, cuando sus familiares salen del municipio, reciben llamadas
—en los números que proporcionaron desde la primera visita— en las que los funcionarios que
aseguran son del Inide les dicen que “casualmente ese mismo día tocaba la visita” y preguntan dónde
están.

“Eso demuestra el nivel de control territorial que tienen”, resaltó “Juan”.

La sensación predominante en todos los que habitan en esa propiedad, afirma el joven activista, es de
inseguridad permanente, aunque no pregunten directamente por él. “La violencia en el país es tan
sistemática que uno no encuentra un motivo lógico para una detención o una desaparición. Eso es lo
más angustiante. Esta vigilancia te mantiene con el temor constante de que algo pase, o en este caso le
pase a mi familia”, lamentó.

Expediente Público contactó a otras víctimas de estas visitas de vigilancia casa a casa. Declinaron a
dar su testimonio. La mayoría expresó que temían más represalias del régimen sandinista, incluso
aunque hubiera garantía de anonimato.

“Censando” para completar listas

Un equipo de Expediente Público estuvo presente durante los “censos” realizados por la Alcaldía de
Managua el mes pasado. De acuerdo con expertos del GHREN, la Alcaldía realiza estas actividades
para completar listas de “personas de interés”, que luego son afinadas por Moreno y entregadas a la
procuradora Morales.

Con ese acompañamiento, Expediente Público confirmó las amenazas que los funcionarios públicos
hacen contra quienes se resisten a proporcionar información personal.

Dos funcionarios de la comuna, identificados con carné y chaleco de la Alcaldía de Managua, usando
una aplicación en sus celulares, llegaron a una vivienda capitalina y preguntaron —mencionando solo
un nombre y un apellido— por una persona a la que ubicaron como “la cabeza de la familia”.

Los empadronadores no dieron mayor detalle de por qué o para qué buscaban a esa persona, pese a
que la ciudadana que los recibió les preguntó en reiteradas ocasiones cuál era el objetivo de la visita.

Amenazas

Los trabajadores, ante la insistencia, solo mostraron que la aplicación de geolocalización que usaban
en sus celulares ubicaba que esa persona habitaba en esa propiedad e insistieron en que se les
facilitara su nombre completo y número de cédula.

Además, sentenciaron que, en caso de no facilitar los datos solicitados, “la casa quedará marcada
como que está abandonada”. Desde 2018, según el GHREN, en Nicaragua se ha documentado “un
alarmante aumento” de violaciones al derecho a la propiedad.

El Gobierno de Nicaragua, señalaron los expertos, ha sido quien ha “confiscado de forma sistemática” las propiedades de “personas
opositoras o percibidas como tales y de sus familiares, así como de organismos sin fines de lucro”.

Durante la visita, pese a que las personas del lugar se negaban a dar la información, los funcionarios
de la Alcaldía de Managua se quedaron en el portón e incluso mencionaron frases, con aparente fin
intimidatorio, como: “Vamos a llamar al político” o “Vamos a volver con el político (un integrante del
Frente Sandinista del barrio)”. Luego de varios minutos, se retiraron.

La falta de transparencia e insistencia con la que actuaron los empadronadores de la Alcaldía de
Managua provocó en las personas que recibieron la visita, además de incomodidad y molestia, un
creciente sentimiento de temor y zozobra, al desconocer para qué les exigían esos datos personales y
si los “censadores” volverán, tal como se los advirtieron.