Vías de la “Paz Total” en Antioquia: $20.000 millones y unas no van ni en 5%
- Colombia
- agosto 2, 2025
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Más de dos años después de su lanzamiento, el programa “Caminos Comunitarios de la Paz Total”, impulsado por el Gobierno del presidente Petro para transformar la infraestructura vial terciaria del país, enfrenta graves problemas de ejecución y presuntas irregularidades en el país y especialmente en Antioquia.
La Procuraduría General de la Nación ha puesto en evidencia que, a nivel nacional, casi el 75% de los contratos firmados en 2023 (cuando se desembolsaron los primeros $500.000 millones) presentan inconsistencias graves.
La situación es particularmente preocupante en departamentos como Antioquia, donde los avances de las obras en varias comunidades no superan ni siquiera el 5%, a pesar de que la plata para ello ya se entregó casi que sin ninguna garantía.
Hay que recordar que el programa, concebido como una pieza central de la política de “Paz Total”, fue diseñado para que las Juntas de Acción Comunal (JAC) asumieran directamente la ejecución de obras en más de 33.000 kilómetros de vías terciarias y comunitarias en Colombia, con un presupuesto total proyectado de $8 billones para el cuatrienio del gobierno.
Sin embargo, la promesa de conectar territorios históricamente aislados y afectados por el conflicto armado con actos de justicia social y económica, está empañada por contratos turbios de ejecución y supervisión.
La Procuraduría tiene especial preocupación por la situación en varias veredas de Antioquia. Asegura que en municipios como Amalfi, las Juntas de Acción Comunal de La María muestran avances que no superan el 5%. Similar escenario se presenta en Briceño y San Juan de Urabá, donde las JAC de Los Naranjos y Cruces Damaquiel, respectivamente, registran un progreso ínfimo en sus obras. En Nechí, la JAC de Corrales también evidencia un avance por debajo del 5%.
Lo llamativo es que en el sitio web del proyecto, según información del propio Invías, los 42 convenios suscritos en 2023 ya se entregaron al 100%, y entre ellos están aquellos que precisamente la Procuraduría dice que van a paso de tortuga o no van.
Según el Invías, de los 48 firmados en 2024 apenas va el 51%. Sin embargo, en el apartado de “metas físicas ejecutadas” para este año solo hace mención a tres kilómetros de vía entre placa huella y pavimento y nueve alcantarillas. ¿Apenas esto es la mitad de los 48 convenios firmados?
Esta alarmante inejecución en Antioquia no es un caso aislado, sino que se inscribe en un patrón nacional. La Procuraduría ha detectado que, de los 1.037 convenios firmados por el Instituto Nacional de Vías hace dos años, por lo menos 766 se encuentran en un “completo limbo”. De los más de $208.000 millones desembolsados inicialmente en el plan piloto, $154.000 millones estarían “embolatados”. Esto significa que aproximadamente el 75% de los convenios de la vigencia 2023 presentan “serias inconsistencias”.
La entidad de control ha señalado que el Invías giró la totalidad de los anticipos, pero a la fecha, hay obras con un avance mínimo y se desconoce el destino del presupuesto asignado.
No obstante, en Antioquia, el Gobierno Nacional a finales del 2024 celebró la supuesta entrega de 41 obras. Estas incluyeron solamente cuatro kilómetros de placa huella, 612 metros lineales de pavimento rígido, 46 alcantarillas, y otras infraestructuras menores, con una inversión total de obra e interventoría de $9.798 millones. Se afirmó que estas obras benefician a 8.249 habitantes en 38 veredas, dos corregimientos y una Junta de Acción Comunal, generando transitabilidad en 59,6 km de vías rurales.
Sin embargo, las inversiones del programa en Antioquia sumaban hasta ese momento más de $22.469 millones.
Por esto es que la Procuraduría General de la Nación ya ha iniciado una investigación disciplinaria formal contra exdirectores del Invías, incluidos Mercedes Gómez Villamarín, Juan José Oyuela y Juan Carlos Montenegro, así como contra Luis Fernando Sepúlveda, quien fungió como gerente de Caminos Comunitarios para la Paz Total. Las acusaciones apuntan a fallas estructurales en el diseño y la supervisión del programa.
Una de las irregularidades más notables es la presunta violación de los principios de publicidad y transparencia. Buena parte de los 1.035 convenios solidarios firmados en 2023 no habrían sido publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II), impidiendo así el control público y ciudadano sobre el uso de los recursos.
Durante una visita administrativa al Invías el 22 de octubre de 2024, la Procuraduría constató la ausencia de estos convenios en la plataforma y debió instar a la entidad a publicar la documentación.
Asimismo, las investigaciones preliminares han encontrado “indicios de desembolsos de recursos sin los soportes justificados”, “prórrogas injustificadas a los convenios” y una “falta general de control financiero”. La magnitud de los recursos en riesgo supera los $233.000 millones para la vigencia 2023, según el ente de control. La Procuraduría también ha enfatizado la “deficiente gestión de la interventoría” y la ausencia de estudios técnicos, financieros y contables adecuados que debían preceder y acompañar la ejecución de los convenios.
De una muestra aleatoria de 410 convenios, la Procuraduría encontró que el 100% de ellos incluían prórrogas, lo que “además de poner de presente la posible falta de planeación, también retrasa la entrega de los resultados esperados y la satisfacción de las necesidades desde la comunidad, así como también incrementa los costos inicialmente pactados”.
En cuanto a la vigilancia contractual, una revisión de la Procuraduría sobre 121 convenios reportó que sus tasas de ejecución física estaban por debajo del 85%, evidenciando “demoras significativas”. Además, el 23,44% de 320 convenios supuestamente terminados no reportaban información sobre la ejecución de la obra por parte de la interventoría.
En total, un 61,24% de los convenios estudiados presentaban “déficits en el reporte de interventoría”. Los informes de interventoría carecían de contenido técnico detallado, justificación de los desembolsos y confirmación de la funcionalidad de las obras, lo que impide validar la adecuada inversión de los recursos públicos.
Otro punto crítico es el manejo de los anticipos. La minuta contractual de los convenios establece el giro del 100% del valor de los recursos en un único desembolso anticipado, sin condicionar su entrega a la ejecución de actividades. Sin embargo, para la Procuraduría, el Invías no estimó ni amparó este riesgo con la garantía de cumplimiento necesaria para cubrir la “no inversión”, el “uso indebido” o la “apropiación indebida de los recursos”.A esto se suma que durante la contratación en todo el país han aparecido “tramitadores” o intermediarios fraudulentos que intentan cobrar a las comunidades por el acceso al programa.
El programa “Caminos Comunitarios de la Paz Total” surgió en septiembre de 2022 como una iniciativa prioritaria del Gobierno Nacional, buscando revertir el abandono crónico de la red vial rural de Colombia. Pero tres años después, a estos territorios no han llegado ni los caminos ni la paz.
