Urabá prohibirá la llegada de lanchas con migrantes deportados de Panamá

La llegada de lanchas y embarcaciones con migrantes deportados provenientes de Panamá quedó prohibida en el Urabá antioqueño y chocoano, luego de una reunión sostenida en el municipio de Acandí, Chocó. Todo porque esto generó un represamiento de esta población en Capurganá, trayendo consigo una crisis humanitaria y de salubridad.

Esta denuncia se generó luego de que hace un par de semanas la Personería de Necoclí denunciara que se estaban usando vehículos de carga para devolver a los migrantes a las costas del Golfo de Urabá desde el país canalero, en las condiciones inadecuadas. Luego de estas deportaciones, a las personas las dejaban a la deriva en las poblaciones.

En un comunicado del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Acandí y Zona Costera Norte (Cocomanorte) se informó que no se permitirá el ingreso de transportadores, guías o cualquier persona o institución extranjera que transporten migrantes y en caso de que esto ocurra, las autoridades colombianas tomarán medidas.

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Emigdio Pertuz Buendía, representante legal de esta entidad, relató que “la idea es que a partir de mañana, ya se le está notificando a Panamá que suspendido el ingreso de lanchas de Panamá a Capurganá. Estamos ultimando detalles de la logística porque a partir de mañana lancha que ingrese con migrantes, será decomisada en Capurganá”.

Además, indicó que muchas de estas migraciones inversas, desde Panamá hacia Colombia, se estaría haciendo mediante embarcaciones privadas, no pertenecientes al Gobierno de Panamá, aunque estos viajes no se estarían haciendo de manera humanitaria, sino cobrándoles por paquetes, de acuerdo con su presupuesto.

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Cada migrante estaría pagando entre 20 y 25 dólares (83.600 a 105.000 pesos) para ser transportados en lanchas o si no tienen tantos recursos, tendrían la opción de cruzar la selva, entregándoles 15 dólares (63.000 pesos) a la entrada a la selva y otros tantos dólares a la salida a los que estarían coordinando este proceso y tendrían las rutas para pasarla de lado a lado.

“Contamos con un sendero que ya está adaptado, tiene escaleras, tiene todo. Entonces lo que planea él es hacer un acuerdo para que ellos pasen por ese sendero y no tenga que hacer todo el recorrido completo de la selva”, manifestó Pertuz Buendía.

Para que estas estrategias puedan ser exitosas, desde Cocomanorte piden la intervención de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Ministerio de la Igualdad, el Ministerio del Interior, la Fiscalía y a Migración Colombia, además de las autoridades de los municipios costeros, que briden acompañamiento para hacer cumplir las decisiones y los acuerdos relacionados con las restricciones y las facilidades para el acceso de los migrantes.