Unión Europea proporcionó millones de euros a la dictadura sandinista en Nicaragua

Alrededor 90 millones de euros destinados a Nicaragua como ayuda humanitaria por la Unión Europea (UE) habrían sido en realidad dedicados a actividades represivas, según denunció Jorge Martín Frías, diputado del Parlamento Europeo por el partido español de derecha Vox, el martes, 24 de marzo, en entrevista con el medio Martí Noticias.

Según Frías, “la Comisión Europea en la legislatura pasada dio 500 millones de euros a Venezuela, dio 100 millones de euros a Cuba y dio, si no me equivoco, 90 (millones) a Nicaragua“, los tres regímenes dictatoriales de ultraizquierda en el continente y, en concreto, en Nicaragua el monto fue para el “fortalecimiento de la sociedad civil“.

Esto a pesar de que el régimen nicaragüense ha esencialmente desmantelado toda la estructura de organizaciones independientes y restringido libertades públicas dessde el estallido social de abril de 2018. De modo que el eurodiputado cuestionó la coherencia de la política exterior europea frente a gobiernos señalados por violaciones de derechos humanos.

El señalamiento apunta a una aparente contradicción: mientras la Unión Europea mantiene sanciones contra funcionarios y estructuras vinculadas al régimen nicaragüense, continúa canalizando recursos hacia el país a través de programas de cooperación.

El activista nicaragüense Alex Aguirre sostiene que no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón sostenido en el tiempo. Según su denuncia, la cooperación europea —ya sea directa, bilateral o canalizada a través de organismos multilaterales— termina financiando estructuras estatales sin mecanismos efectivos de control independiente.

Aguirre advierte que estos fondos, en un contexto donde existe una “fusión Estado-partido”, podrían ser utilizados para sostener redes de control político y represión. En particular, señala que recursos etiquetados como asistencia humanitaria o cooperación técnica pueden ser redistribuidos para estos fines.

Estas afirmaciones coinciden con hallazgos recientes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés), empoderado por Naciones Unidas, que ha documentado el uso de recursos públicos para financiar el aparato represivo del Estado.

En sus informes, el organismo concluye que existe evidencia de desvío de fondos —incluidos aquellos destinados a programas sociales— hacia estructuras de seguridad, vigilancia y acciones represivas.

También describe un entramado en el que la corrupción no solo responde a intereses económicos, sino que funciona como un mecanismo institucional para sostener violaciones de derechos humanos, mediante el encubrimiento contable y la utilización discrecional de recursos estatales.