Una corte de apelaciones autoriza a Trump a avanzar en la revocación del ‘parole’ humanitario

MIAMI, Estados Unidos. – El Primer Circuito de Apelaciones permitió que la Administración Trump siga adelante con la revocación del estatus legal de más de medio millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV) que ingresaron a EE.UU. mediante el programa de parole humanitario lanzado por Joe Biden.

Dicho circuito de apelaciones revirtió la paralización dictada en primera instancia en Boston, en abril pasado, según informó el corresponsal de Fox News Bill Melugin.

Según Melugin, el tribunal escribió: “En suma, concluimos que los demandantes no han hecho una demostración contundente de que probablemente tendrán éxito en probar que la decisión de la secretaria de poner fin a los programas de parole excedió la discreción que la Ley de Inmigración y Nacionalidad confiere”.

La decisión llega tras la notificación oficial de marzo por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que anunció en el Registro Federal la terminación de los procesos de parole, con un periodo de 30 días para dar por finalizados los permisos en vigor salvo determinación individual. 

En el plano procesal, la Corte Suprema de EE.UU. ya había levantado el 30 de mayo pasado la medida cautelar que mantenía detenida la terminación masiva de estos paroles, lo que permitió a DHS “proceder con la terminación” del programa migratorio y “con la revocación de cualquier autorización de empleo basada en ese parole”, según explicó USCIS en un aviso del 6 de junio. 

Previamente, la jueza Indira Talwani (Distrito de Massachusetts) había concedido el 14 de abril una orden preliminar que frenó la rescisión categórica del parole y del trabajo autorizado, al concluir —entre otros aspectos— que el Gobierno no había cumplido con evaluaciones caso por caso. 

Según informó Reuters en ese momento, la jueza Talwani consideró que el gobierno de Trump actuó de forma ilegal al detener estos mecanismos sin cumplir los procedimientos administrativos requeridos por la ley federal. En su fallo, señaló que no se ofreció una justificación razonada ni se respetaron los cauces normativos para modificar o cancelar dichos programas.

Reportes de agencias de noticias estiman en torno a 532.000 las personas afectadas por la medida.