Trump evalúa norma para impedir que solicitantes de asilo obtengan permisos de trabajo

MIAMI, Estados Unidos. – La administración de Donald Trump está considerando una nueva regulación que prohibiría a la mayoría de los solicitantes de asilo acceder a permisos de trabajo en Estados Unidos, según informaron a CBS News dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) bajo condición de anonimato.

De concretarse, esta medida suspendería indefinidamente una política vigente desde los años 90, que permite a los solicitantes de asilo trabajar legalmente en el país mientras sus casos están pendientes. Actualmente, quienes presentan una solicitud pueden pedir un permiso 150 días después del trámite, y recibirlo 30 días más tarde, si el caso sigue sin resolverse.

La propuesta, aún en fase de deliberación interna, condicionaría la entrega de nuevos permisos a que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) resuelva todos los casos de asilo en un promedio de 180 días. Sin embargo, esto parece inviable en el corto plazo: el año pasado, una auditoría federal reveló que más del 77% de las solicitudes ante USCIS llevaban más de 180 días sin respuesta, y casi el 40% seguían sin resolverse después de dos años.

Además, aunque se alcanzara ese plazo promedio, la nueva normativa exigiría a los solicitantes esperar un año —en lugar de seis meses— tras presentar su petición para poder acceder a un permiso de trabajo, señalaron los funcionarios del DHS.

El Departamento de Seguridad Nacional se negó a comentar sobre el proceso de deliberación o decisiones potenciales, pero en una declaración a CBS News indicó: “Durante los últimos cuatro años, la Administración Biden destruyó la integridad del sistema de asilo de Estados Unidos. El Departamento está explorando todas las opciones posibles para proteger nuestra seguridad nacional y aumentar la integridad del programa. El DHS está trabajando para mitigar todas las formas de fraude y abuso”.

La propuesta se enmarca en un nuevo endurecimiento del sistema migratorio bajo el segundo mandato de Trump. Desde su retorno a la Casa Blanca en enero, el presidente ha otorgado poderes a los agentes fronterizos para deportar de forma sumaria a la mayoría de los migrantes, alegando que el país enfrenta una “invasión”. Esta orden de emergencia está siendo impugnada por organizaciones proinmigrantes, que afirman que viola las leyes estadounidenses sobre asilo.

De implementarse, la norma afectaría tanto a los solicitantes con casos pendientes ante USCIS como a aquellos en proceso de deportación ante los tribunales migratorios, supervisados por el Departamento de Justicia.

El asilo en EE.UU. puede ser concedido a extranjeros que demuestren persecución por motivos de nacionalidad, raza, religión, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social. No obstante, muchos solicitantes no logran cumplir con el estricto umbral legal requerido. En la última década, el número de solicitudes se ha disparado. USCIS gestiona actualmente unas 1,5 millones, mientras los tribunales migratorios procesan otras 2 millones.

Según la Administración Trump, la iniciativa busca eliminar los incentivos que, a su juicio, llevan a migrantes a abusar del sistema de asilo para trabajar en el país.

La propuesta recuerda a una normativa emitida en 2020 durante el primer mandato de Trump, que también intentó alargar el período de espera y endurecer los requisitos para obtener permisos laborales.

Para defensores de los derechos de los migrantes, la medida tendría un impacto negativo tanto en los solicitantes como en la economía estadounidense. “Los solicitantes de asilo están desempeñando roles cruciales en una amplia gama de trabajos —son los médicos y las personas que limpian los hospitales”, declaró Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Asylum Seeker Advocacy Project, a CBS News.