Tribunal definirá situación de la primera fiscal que investigó el caso por chuzadas a Marelbys Meza

La Fiscalía General de la Nación solicitó el cierre de la investigación disciplinaria contra la fiscal Ángela María Santana Toro, quien había sido señalada de demorar injustificadamente el escrito de acusación contra los policías implicados en las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, la exniñera de la entonces jefe de gabinete y hoy canciller, Laura Sarabia.

La decisión, tomada por la actual fiscal general Luz Adriana Camargo, marca un giro en el manejo de uno de los escándalos más sensibles del Gobierno de Gustavo Petro, que empezó como un conflicto doméstico y terminó revelando prácticas de abuso de poder, con derivaciones políticas, institucionales e incluso mortales, como la cuestionada muerte del mayor Óscar Dávila Ávila.

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El caso generó una fuerte controversia en noviembre de 2023, cuando un juez de Bogotá dejó en libertad al subintendente Fredy Alexander Gómez Bustamante y al informante Rafael Ricardo Santos, dos de los implicados en las llamadas “chuzadas” a Meza, por vencimiento de términos.

En ese momento, el entonces fiscal general Francisco Barbosa no solo ordenó una investigación penal contra Santana, sino que compulsó copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que se indagara si había incurrido en un acto de corrupción.

“Hay un presunto acto de corrupción, al evidenciar que la mencionada funcionaria dejó vencer los términos en el caso de Rafael Ricardo Santos Fuentes y Alexander Gómez Bustamante, por cuanto se radicó el escrito de acusación el día 9 de noviembre, cuando debió hacerlo cuatro días antes”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

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Sin embargo, ambos procesados fueron luego judicializados en segunda instancia: aceptaron los cargos mediante preacuerdo y fueron condenados el 19 de diciembre de 2024. A pesar de ello, la investigación disciplinaria contra Santana siguió su curso.

Fue apartada del proceso y el caso pasó a manos de otro fiscal. Barbosa insistió en esclarecer por qué la funcionaria dejó vencer términos en un expediente que generó indignación nacional, no solo por las interceptaciones, también por la prueba de polígrafo aplicada ilegalmente a Meza y por la supuesta instrumentalización del aparato estatal contra una empleada doméstica.

En su defensa, Santana siempre argumentó que la demora no fue intencional, sino resultado de la sobrecarga laboral y la congestión en los despachos. Rechazó haber actuado por interés propio o con el objetivo de entorpecer la investigación. El proceso dio un giro esta semana, cuando la fiscal Camargo solicitó ante el Tribunal Superior de Bogotá el archivo de la investigación contra Santana. La nueva administración concluyó que la funcionaria actuó bajo una “errada convicción” sobre la fecha límite para presentar el escrito de acusación, pero sin ánimo de incumplir sus deberes.

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“Lo que se acredita en este caso es que actuó bajo una errada convicción de que el término para presentar dicho escrito fenecía en una fecha posterior”, señala el documento de solicitud de archivo. En otro apartado, la Fiscalía recalca que “el comportamiento de la doctora al desatender ese deber funcional fue realizado sin conciencia de su ilicitud y sin el propósito deliberado de transgredir esta obligación”.

Camargo también apeló al contexto emocional y de presión institucional en el que se encontraba la fiscal Santana. “Hubo mucho estrés debido a esa delicada situación, porque era un asunto, como el que manejaban, de connotación nacional y eso causó gran aflicción en la funcionaria, es decir, la doctora Santana”, afirmó, citando al asistente del despacho de la fiscal.

“Descartó cualquier actuar doloso o con visos de corrupción por parte de esta funcionaria”, reiteró.

Paradójicamente, la Fiscalía se apoya ahora en la misma gravedad del caso, que antes justificaba investigar a Santana, para pedir su absolución. “El retardo no fue producto del capricho, o de la arbitrariedad, tampoco existió un propósito deliberado o una resistencia dolosa para cumplirlo”, añade el documento revelado por la Revista Semana.

La decisión final ahora está en manos del Tribunal Superior de Bogotá, que deberá determinar si acoge la solicitud de archivo presentada por la Fiscalía General de la Nación o si, por el contrario, mantiene abierta la investigación disciplinaria contra la fiscal Ángela María Santana Toro.

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Antes de la polémica por los vencimientos de términos que desataron la investigación en su contra, Santana adelantaba pesquisas clave para esclarecer cómo varios miembros de la Policía Nacional incluyeron de manera fraudulenta a Meza en una base de datos de supuestos integrantes de un grupo criminal, con el único objetivo de legalizar escuchas ilegales.

En su trabajo, la fiscal descubrió un patrón aún más preocupante: mientras se tramitaban interceptaciones desde Bogotá, en el departamento del Chocó, a cientos de kilómetros de distancia, se realizaban operaciones similares sobre los mismos números telefónicos, basándose en supuestas “fuentes no formales”.

Esto evidenciaba no solo una actuación irregular, sino una coordinación paralela y sospechosa entre unidades de inteligencia policial para vulnerar derechos de la exempleada.

Pese al cuestionamiento sobre su actuación procesal, la línea investigativa que lideraba Santana permitió avanzar en el esclarecimiento del caso, que ya ha dejado varios condenados. En diciembre de 2024, el subintendente Fredy Alexander Gómez Bustamante y el informante Rafael Ricardo Santos aceptaron cargos mediante preacuerdo y fueron sentenciados por su participación en las interceptaciones ilegales.

Otros implicados siguen vinculados a procesos judiciales en curso, lo que confirma que el caso está lejos de cerrarse del todo y mantiene su relevancia dentro del mapa judicial y político del país. La controversia que rodea a Santana se inscribe en un caso de alto perfil que ha puesto a prueba las instituciones y ha sacado a la luz abusos de poder.

Más allá de su situación personal, el expediente de las “chuzadas” a Meza continúa arrojando revelaciones sobre prácticas ilegales dentro de las fuerzas del orden, así como sobre el uso instrumental de los aparatos del Estado para resolver conflictos personales en los círculos del poder.