Tres organizaciones demandan al Gobierno de EE.UU. por cancelación del ‘parole’ humanitario

MIAMI, Estados Unidos. – Tres organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes interpusieron este jueves una demanda contra el Gobierno de Donald Trump por la cancelación del parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La demanda, presentada en un tribunal federal del Distrito de Columbia, argumenta que la medida viola el debido proceso migratorio al ordenar expulsiones sin permitir audiencias ante jueces de inmigración.

Las organizaciones implicadas son la Red UndocuBlack (UBN), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y CASA de Maryland, representadas legalmente por el Centro de Acción por la Justicia (Justice Action Center).

La revocación del programa afecta aproximadamente a 530.000 inmigrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que ingresaron a Estados Unidos bajo el Gobierno de Joe Biden entre enero de 2023 y enero de 2025. Los beneficiarios tenían inicialmente permiso para residir y trabajar legalmente por dos años.

“Nuestras comunidades (cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos) hicieron absolutamente todo lo que el gobierno les pidió para tener la oportunidad de comenzar una nueva etapa en Estados Unidos. En lugar de cumplir con su parte del compromiso, el gobierno federal quiere expulsarlos sin siquiera una audiencia”, afirmó a Univisión Noticias Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA.

Patrice Lawrence, directora ejecutiva de UndocuBlack Network, señaló: “Los seres humanos no somos desechables, y nuestros derechos no desaparecen por ser inmigrantes. Las tácticas que se utilizan para negar a las personas en libertad condicional CHNV el debido proceso se están probando en poblaciones vulnerables, solo para expandirse a otros lugares”.

Nick Katz, asesor general de CASA, denunció también la política de Trump, afirmando que “ya sea atacando la ciudadanía por nacimiento, secuestrando a venezolanos y obligándolos a trabajar en campos de trabajo en El Salvador, o despojando a personas de su estatus migratorio, la administración Trump ha demostrado una falta de consideración por nuestras comunidades”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció oficialmente la cancelación del programa el 25 de marzo y otorgó a los afectados un plazo adicional de solo 30 días, hasta el 24 de abril de 2025, para regularizar su situación o abandonar el país. A partir de esa fecha, quienes no tengan un trámite activo de cambio de estatus serán deportados de forma expedita.

Según el Gobierno de Trump, la cancelación se justifica porque el programa “no representó un beneficio público significativo” ni fue “necesario para reducir los niveles de inmigración ilegal”. Asimismo, la orden oficial considera a los beneficiarios como “extranjeros inadmisibles”.

Unos 240.000 ciudadanos ucranianos, que también ingresaron a través del mismo programa desde abril de 2022, no se vieron afectados por esta revocación, lo que ha generado críticas por parte de las organizaciones demandantes, quienes denuncian un trato discriminatorio hacia las comunidades latinoamericanas y caribeñas afectadas.