Savia Salud seguirá intervenida por el Gobierno Nacional un año más

Este jueves 29 de mayo se conoció que el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución Ejecutiva 164 de 2025, decidió prorrogar un año más la intervención forzosa administrativa sobre Savia Salud, la EPS del régimen subsidiado que atiende a 1,6 millones de personas en Antioquia.

La resolución fue firmada por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez y extiende la intervención, que comenzó a mediados de 2023, hasta el 16 de junio de 2026. La Superintendencia Nacional de Salud ha defendido la prolongación de la medida como necesaria para garantizar la prestación del servicio a los usuarios de esta EPS que atiende a la población más vulnerable del departamento, y que al momento de la intervención forzosa, hace dos años, arrastraba enormes pasivos y estaba entre las EPS con mayor cantidad de irregularidades en la prestación de todos los servicios de salud.

El problema es que la medida de la Super no significó ningún alivio ni para las finanzas de Savia ni para sus afiliados. Así como se acumularon interventores en este tiempo, también lo hicieron las deudas. Savia acumula pasivos superiores a $1,2 billones. Según consta en los estados financieros que la interventoría le entregó a la Contaduría General de la Nación, con corte a 2024, el cráter financiero se amplió en $280.269 millones con respecto al periodo anterior, un aumento del 28,9%.

Los malos resultados también se extendieron hasta el aumento de gastos administrativos, que pasaron de $95.731 millones en diciembre de 2023 a $112.243 millones en diciembre de 2024; es decir, un 17,25% más. Hasta febrero pasado, Savia mantenía a varios hospitales públicos en vilo con millonarias carteras embolatadas.

Hasta hace dos meses le adeudaba al hospital La María $126.281 millones; al San Rafael de Itagüí, $44.504 millones; al Hospital Mental de Antioquia, $26.601 millones; al Marco Fidel Suárez de Bello, $58.136 millones; y al Hospital Carisma, $920 millones.

La inestabilidad del proceso de intervención administrativa agravó los problemas de Savia. El pasado mes de marzo, la Super anunció al tercer interventor en dos años, Luis Óscar Gálvez Mateus, quien arrastra decenas de escándalos como agente interventor tanto en reconocidos hospitales como en la red pública de Bogotá.

A Gálvez lo investigó la Procuraduría en 2019 por presuntos malos manejos administrativos y financieros del hospital de Villavicencio durante su gestión como agente interventor. En sus informes, el ministerio público concluyó que la intervención no había solucionado los problemas de la entidad y encontraron presuntas irregularidades en las modificaciones del estatuto interno de contratación. También hubo decenas de irregularidades en contratos.

Hasta Antonio Sanguino, hoy ministro de Trabajo, denunció en 2022 la actuación de Gálvez en cargos gerenciales en el sector salud público en Villavicencio, Bogotá, Boyacá y Santa Marta, y recordó que de hecho contra él se adelantaba un proceso de extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos por parte de la Fiscalía a los bienes del funcionario. Uno de los inmuebles se ubica en el norte de Bogotá y el otro en Arauquita, Arauca.

Aunque la Superintendencia ha asegurado que si encuentra razones financieras, administrativas y en prestación del servicio para retirar la medida podría hacerlo antes del plazo estipulado, actualmente nada hace pensar que el panorama de Savia Salud se torne viable.