Santiago de Cuba inicia el año con un feminicidio

MADRID, España.- La violencia machista volvió a cobrarse la vida de una mujer en Cuba en la madrugada de este jueves, cuando se registró un feminicidio en el barrio de Altamira, en Santiago de Cuba. La víctima fue identificada como Yuleidis Sánchez Rodríguez, de 43 años, madre de tres hijos, entre ellos un adolescente de 14 años.

El caso fue reportado inicialmente por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada. De acuerdo con la información disponible, el ataque ocurrió en la Carretera Turística del reparto Altamira, cerca del antiguo motel La Turbina, actualmente conocido como Bella Vista, un inmueble que está ocupado por personal militar.

Según los reportes, Yuleidis salió de su vivienda de madrugada para llevar alimentos a familiares. En ese trayecto fue interceptada por el agresor, quien la atacó con un arma blanca. La mujer recibió al menos dos heridas punzantes, una en el cuello y otra en una pierna, que le provocaron la muerte en el lugar.

El presunto agresor fue identificado como Neudis Callis Cureaux, un hombre próximo a cumplir 44 años, residente en el reparto Nuevo Van Van, conocido como “La Micro”, dentro del propio barrio de Altamira. Tras el ataque, huyó del lugar y hasta el momento no ha sido detenido.

Personas cercanas al entorno de la víctima señalaron que el sospechoso presentaba antecedentes de conducta violenta y que había amenazado reiteradamente a Yuleidis, incluso después de que esta decidiera poner fin a la relación que mantenían. Vecinos aseguran que la mujer intentó alejarse de él para protegerse.

El crimen deja a tres menores sin su madre y se suma a los feminicidios registrados en Cuba, en un contexto donde organizaciones y activistas han alertado reiteradamente sobre la falta de mecanismos eficaces de prevención y protección frente a la violencia de género.

Desde 2019, el Observatorio de Género de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba han verificado más de 270 feminicidios, pese a operar en un entorno hostil caracterizado por la criminalización del activismo feminista, el acceso restringido a fuentes institucionales y la inexistencia de una tipificación legal del feminicidio.