Salazar pide a Washington proteger a migrantes tras fallo de la Corte Suprema sobre el ‘parole’

MIAMI, Estados Unidos. — La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar reaccionó este viernes al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que permite a la Administración Trump eliminar el programa de parole humanitario, y pidió al presidente que utilice su autoridad ejecutiva para proteger a los migrantes afectados, entre ellos miles de cubanos.

“Aunque la orden de la Corte Suprema de hoy no fue lo que muchos esperaban, hay una verdad innegable: estos migrantes ingresaron legalmente a Estados Unidos, confiando en las promesas vacías de la Administración Biden”, escribió Salazar en su cuenta oficial en la red social X.

El pronunciamiento de la congresista ocurre pocas horas después de que el alto tribunal autorizara a la Administración Trump a avanzar con la revocación del programa conocido como CHNV, que desde enero de 2023 permitió el ingreso legal y temporal de ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua bajo determinadas condiciones. Entre los requisitos estaban tener un patrocinador financiero en EE.UU., superar controles de seguridad y arribar por vía aérea.

La decisión de la Corte Suprema deja sin efecto una orden previa de la jueza federal Indira Talwani, quien había bloqueado temporalmente la suspensión del programa, al considerar que una anulación masiva sin revisión individual violaba principios del debido proceso y podía causar graves consecuencias humanitarias, como la separación de familias.

“El costo humano no puede ignorarse”, advirtió Salazar, quien a pesar de expresar respeto por el fallo judicial, subrayó la gravedad de la situación: “Estas personas huyen de regímenes brutales y condiciones que amenazan sus vidas”.

La congresista del sur de Florida —uno de los distritos con mayor presencia de migrantes cubanos— hizo un llamado directo a la Administración Trump: “Por eso, insto a la Administración a que utilice su autoridad ejecutiva y conceda la Salida Forzosa Diferida (DED), para evitar que sean enviados de regreso a la violencia y la represión”.

El DED (Deferred Enforced Departure, en inglés) es una herramienta migratoria discrecional del Poder Ejecutivo que permite suspender temporalmente la deportación de ciertos grupos de extranjeros por razones humanitarias o de política exterior. En años anteriores, este recurso ha sido aplicado para proteger a ciudadanos de países como Venezuela, Liberia y Hong Kong.

El pronunciamiento de Salazar se suma a las expresiones de preocupación dentro del Congreso estadounidense y entre organizaciones de defensa de derechos humanos, que temen que la cancelación del programa CHNV deje en situación de ilegalidad a más de medio millón de migrantes, incluidos al menos 150.000 cubanos.

Aunque la orden de la Corte Suprema permite al Ejecutivo avanzar con la revocación del parole, el litigio sobre su legalidad continúa abierto en tribunales inferiores. Por ahora, la decisión deja en el limbo jurídico a miles de personas que habían logrado establecerse legalmente en Estados Unidos bajo el programa lanzado durante la presidencia de Joe Biden.

El fallo fue emitido sin una explicación detallada y con una votación dividida. Las magistradas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor expresaron su desacuerdo con la decisión. Tal como había advertido previamente la jueza Talwani, la suspensión del parole sin evaluaciones caso por caso podría traducirse en deportaciones masivas a contextos de violencia política, represión o inseguridad extrema.

El programa CHNV fue implementado como una vía ordenada para frenar los flujos migratorios irregulares, especialmente a través de la frontera sur de Estados Unidos. Desde su inicio, ha sido utilizado por decenas de miles de cubanos que escapaban de la profunda crisis económica y política en la Isla. Muchos de ellos ya viven, trabajan y pagan impuestos en Estados Unidos, y otros aún esperan aprobación tras haber iniciado el proceso desde sus países de origen.

La incertidumbre sobre el futuro migratorio de este grupo ha generado una ola de angustia entre familias divididas y patrocinadores que ya habían asumido compromisos económicos. En ese contexto, la propuesta de María Elvira Salazar de otorgar un alivio temporal a través del DED busca evitar un desenlace inmediato que podría derivar en deportaciones masivas.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido públicamente a la solicitud de la congresista. Entretanto, los beneficiarios del programa CHNV permanecen en vilo, pendientes de decisiones judiciales y políticas que definirán si podrán continuar sus vidas en Estados Unidos o enfrentarán el retorno forzoso a contextos de represión como el que impera en Cuba.