Régimen pide de tres a siete años de cárcel para granmenses que protestaron en marzo de 2024

MIAMI, Estados Unidos. — Julio César Vega, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y preso político, denunció desde la cárcel las peticiones fiscales contra 16 ciudadanos detenidos tras participar en las protestas pacíficas ocurridas en marzo de 2024 en la provincia de Granma. 

Según Vega, las solicitudes de condenas buscan “aterrorizar y atemorizar a todas las personas que, como ellos, quieren reclamar un derecho constitucional que les corresponde”.

Las manifestaciones de marzo de 2024 marcaron las primeras protestas masivas de ese año en la Isla. De acuerdo con el informe mensual del Centro de Información Legal Cubalex correspondiente a marzo de 2024, estas movilizaciones sociales “fueron el epítome de una acumulación de pequeñas protestas”, detonadas por la aguda crisis económica, los apagones prolongados de más de 15 horas, la falta de alimentos, medicinas y servicios básicos, así como el descontento generalizado hacia el gobierno. 

En particular, las protestas del 17 y 18 de marzo en Santiago de Cuba, Granma, Matanzas y Sancti Spíritus constituyeron el clímax de una serie de acciones ciudadanas en distintos puntos del país.

En un audio compartido en X por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Julio César Vega relató que, tras más de un año de violaciones al debido proceso, “el pasado día 20 de junio fueron sorprendidos por peticiones fiscales amañadas, manipuladas”, entre ellas: tres años de privación de libertad para Danielis Jorge Pui; siete años para Dalis Zamora Rondón; tres años para Lázaro Armando Morales Romero; cuatro para David Alexander Téllez Pérez; cinco para Mario Luis Espinoza Cedeño; seis para René Aguilera Aguilar; dos años subsidiados por prisión domiciliaria para Yudaniel de Jesús Carmona Verdecia; tres años de limitación de libertad para Ramsel Miguel Domínguez Reyes; cinco para Osvaldo Núñez Villavicencio; y tres años para Jesús de Nazaré Arzuaga Almaguer, Frankie Carmon Arias, Reinaldo Lucas Leiva Romero, Antonio Zamora Blanco, Ángel Luis Céspedes Cruz, Pedro de Jesús Martínez Rivero y Jorge Aleixi Milanes Cedeño.

“Todos [fueron condenados] por solo reclamar sus derechos a una vida normal, estable y saludable, cansados todos de tanta desesperación, tanta hambre y tanta maldad que promueve el régimen por más de seis décadas”, expresó Vega.

Cubalex documentó un total de 388 hechos represivos durante marzo de 2024 —hasta ese momento, la cifra mensual más alta desde agosto de 2022—, muchos de ellos asociados a las protestas. “El crecimiento registrado durante este mes de los hechos represivos está vinculado a las más de 40 protestas públicas ocurridas durante el mes”, señala el informe. Además de las manifestaciones masivas, se reportaron cacerolazos, carteles antigubernamentales y protestas locales como las de Cacocum y San Andrés, en Holguín.

En paralelo a las detenciones, se reportaron cortes de internet, amenazas a familiares de detenidos y desapariciones forzadas de corta duración. Cubalex advirtió que estas acciones “violentan directamente derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión, manifestación y asociación”, protegidos constitucionalmente pero no regulados ni garantizados en la práctica.

Hasta el 31 de marzo, al menos 37 personas habían sido detenidas en relación con las protestas, de las cuales 19 permanecían encarceladas. El informe resalta que se trata de un subregistro, ya que en ciudades como Bayamo fueron “comunicadas detenciones grupales con víctimas sin identificar, debido al miedo infundido por la Seguridad del Estado y la policía a las familias”.

Vega concluyó su declaración con un llamado a la solidaridad: “Sabemos que no son ni serán los últimos, pero el pueblo seguirá luchando para obtener lo que tanto se merece y necesita: su libertad, su paz y la justicia”.