Régimen cubano contempla la pena de muerte para quienes cometan supuestos actos de «sabotaje»

MIAMI, Estados Unidos. — El Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba anunció este 29 de mayo que los llamados “actos vandálicos” cometidos contra infraestructuras estratégicas del país serán calificados como delitos de sabotaje, castigables con severidad bajo las leyes penales vigentes, incluyendo penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua o incluso la muerte.

En una nota oficial publicada por la prensa estatal, el TSP indicó que recientes confesiones relacionadas con daños a sectores como el transporte, la aviación, las ambulancias, los grupos electrógenos, los paneles solares y las telecomunicaciones “han afectado sectores esenciales” y que “estos eventos comprometen bienes estratégicos en los que el país ha invertido significativos esfuerzos para garantizar servicios vitales a la población”.

Aunque el documento no ofrece cifras ni detalla la magnitud de los daños, sí advierte sobre la respuesta penal a quienes sean acusados de participar en estos hechos. “El Consejo de Gobierno, haciendo uso de las facultades otorgadas por el artículo 148 de la Constitución y el artículo 29 de la ley 140 de los tribunales de justicia, ha determinado que estas conductas constituyen un delito de sabotaje”.

El artículo 125 del Código Penal cubano contempla sanciones de entre siete y 15 años de prisión por este delito. En tanto, el artículo 126 impone penas agravadas “de hasta 30 años, cadena perpetua o incluso la pena de muerte en casos donde se ponga en peligro la vida de las personas o la seguridad colectiva”. Además, se prevén sanciones accesorias como la confiscación de bienes, restricciones de movilidad y la obligación de reparar los daños causados.

“El dictamen del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular reafirma el compromiso de aplicar la ley con severidad ante estos hechos, garantizando una respuesta contundente y ajustada al ordenamiento jurídico vigente”, añade la nota oficial.

Este pronunciamiento tiene lugar en medio de una creciente oleada de malestar ciudadano visible en redes sociales y espacios públicos, reflejo de una situación socioeconómica crítica que se ha agravado en los últimos años con el colapso de los servicios básicos, la escasez generalizada y el deterioro de la infraestructura.

La categorización de estos actos como sabotaje, un delito históricamente vinculado al enfrentamiento político dentro del discurso oficial cubano, puede interpretarse como un intento del régimen de reforzar el control social a través del aparato judicial. 

Aunque no se ofrecieron detalles sobre los presuntos responsables ni se especificaron las causas de su motivación, la amenaza de aplicar sanciones extremas ocurre en un momento en que el Gobierno busca contener expresiones de disidencia o protesta, que en muchos casos surgen de la desesperación ante el colapso de los servicios públicos.

El propio anuncio admite que los eventos han generado “preocupación entre los trabajadores de los sectores afectados”, así como “respuestas de la ciudadanía”, aunque no detalla la naturaleza de dichas reacciones. No se menciona si se han llevado a cabo investigaciones independientes o auditorías para establecer responsabilidades institucionales o técnicas en los fallos del sistema que dieron lugar a estos incidentes.

En lugar de informar sobre las causas estructurales del deterioro de los servicios o de adoptar medidas para prevenir futuros colapsos, la respuesta oficial se concentra en la criminalización. La amenaza de aplicar la pena de muerte para supuestos sabotajes —una pena que, aunque legalmente vigente en Cuba, no se ha ejecutado desde hace más de dos décadas— introduce un elemento de intimidación severa en el discurso institucional.

La legislación cubana también contempla la posibilidad de sancionar a personas sin necesidad de pruebas públicas concluyentes, lo que genera preocupación sobre posibles arbitrariedades judiciales, especialmente en casos sensibles relacionados con el descontento social. El texto oficial del Tribunal no menciona si los acusados cuentan con representación legal independiente o garantías de un debido proceso, en un sistema judicial controlado por el Partido Comunista.

El uso de un lenguaje como “actos vandálicos” o “saboteadores” sin especificar ni los hechos concretos ni los responsables, se alinea con una estrategia de criminalización política común en pronunciamientos del aparato judicial cubano. Esto ocurre en un contexto de represión sistemática contra voces disidentes, activistas, periodistas independientes y ciudadanos que han participado en protestas o han expresado opiniones críticas.

Al no ofrecer transparencia sobre la identidad de los implicados, la naturaleza de los daños, el proceso de investigación o las condiciones de los enjuiciados, el comunicado del TSP puede entenderse como parte de una ofensiva propagandística para afianzar el control político en medio de una crisis prolongada.

Si bien el comunicado asegura que el Tribunal actúa “en nombre del pueblo”, organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado reiteradamente la independencia del poder judicial en Cuba. Este nuevo anuncio fortalece la tendencia del régimen a utilizar leyes penales para mantener el orden social mediante la intimidación, más que para garantizar justicia o seguridad ciudadana.

En un país donde los servicios públicos colapsan, la economía se desploma y aumenta el éxodo de la población, las amenazas de represión judicial podrían tener un efecto contrario al buscado: alimentar aún más el malestar popular y la pérdida de confianza en las instituciones.