Régimen acumula deuda de más de 350 millones de euros con casi 300 empresas españolas

MIAMI, Estados Unidos. — La organización empresarial Foment del Treball, principal patronal catalana, denunció que el Gobierno de Cuba mantiene una deuda impagada de más de 350 millones de euros con casi 300 empresas españolas, en su mayoría pequeñas y medianas, lo que ha puesto en riesgo su supervivencia y ha afectado gravemente al empleo.

Según Foment, los impagos se concentran en operaciones de exportación realizadas por compañías españolas hacia Cuba, muchas de ellas vinculadas a sectores clave como la sanidad y la alimentación. Algunos de estos envíos, además, fueron de carácter humanitario.

La patronal reiteró su apoyo firme a la “Plataforma de afectados por los impagos del Gobierno cubano”, una iniciativa creada por la misma organización en 2023, que agrupa a empresas de toda España perjudicadas por la morosidad de las autoridades cubanas. Más del 40% de las compañías afectadas tienen sede en Cataluña, subrayó Foment.

“La situación financiera de estas compañías es crítica: más de un 15% han tenido que cesar su actividad o han cerrado, con un impacto directo sobre el empleo”, advirtió la organización. Asimismo, reconoce que los impagos han ocurrido pese a la tradicional relación comercial entre ambos países (España ha sido históricamente uno de los principales inversores en la Isla).

El problema del endeudamiento de Cuba con empresas españolas fue reconocido por el propio secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ismael Arroyo, quien, en noviembre de 2024, declaró ante el Congreso de los Diputados que el monto de la deuda superaba los 300 millones de euros desde 2018.

La Plataforma ha transmitido en varias ocasiones esta preocupación al Gobierno español y a distintos grupos parlamentarios, con el objetivo de activar mecanismos de compensación o recuperación que permitan evitar el colapso del tejido empresarial exportador.

Foment del Treball Nacional, fundada en 1771, representa a empresarios e industrias catalanas y opera como una organización privada, independiente y sin ánimo de lucro, amparada por el derecho constitucional de asociación empresarial en España. La entidad advirtió que la falta de respuesta efectiva a este conflicto podría tener graves consecuencias económicas, tanto para las empresas españolas afectadas como para las relaciones comerciales bilaterales con Cuba.