¿Quiénes eran las dos cubanas cuyo asesino fue liberado en canje entre Maduro y Trump?

MADRID, España.- Elisa Consuegra Gálvez y Maritza Osorio Riverón eran dos mujeres cubanas con vidas plenas y proyectos por delante. Elisa, que este año cumpliría 40 años, ejercía como abogada, y Maritza como secretaria, ambas en un despacho jurídico en el madrileño barrio de Usera.

En junio de 2016, ambas fueron brutalmente asesinadas junto a un cliente ecuatoriano por Dahud Hanid Ortiz, un exmarine con doble nacionalidad estadounidense y venezolana, motivado por un crimen pasional. Ocho años después, el asesino ha sido liberado y repatriado a Estados Unidos como parte de un intercambio de prisioneros entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro.

El caso ha provocado indignación entre los familiares de las víctimas y en España, donde se había juzgado el crimen como uno de los más atroces registrados en Madrid en la última década.

Ortiz fue incluido, en los últimos días, entre un grupo de presos políticos estadounidenses canjeados por Caracas, a pesar de tener una condena firme de 30 años de prisión por triple homicidio dictada a inicios de 2024.

Un crimen premeditado y salvaje

El 22 de junio de 2016, Dahud Hanid Ortiz irrumpió en el despacho del abogado Víctor Joel Salas, ubicado en el número 40 de la calle Marcelo Usera, con la intención de matarlo por celos. Al no encontrarlo, descargó su furia sobre quienes sí estaban allí: Elisa Consuegra, Maritza Osorio y un cliente ecuatoriano, a quienes acuchilló. Luego prendió fuego al local y huyó del país, iniciando una fuga que lo llevó por Alemania, Colombia y finalmente Venezuela, donde fue capturado en octubre de 2018.

Ortiz, que fue entrenado como marine en EE. UU., había residido en Cuba años antes y mantenía vínculos personales con el abogado que deseaba asesinar. Según la investigación, actuó por un sentimiento de venganza tras la ruptura de una relación con una mujer cercana a Salas.

Condenado en Venezuela, liberado por EE. UU.

En lugar de ser extraditado a España, como solicitó la Audiencia Nacional, Ortiz fue juzgado en Caracas. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela rechazó la extradición en 2019 y mantuvo el caso en su jurisdicción. En enero de 2024 fue condenado a 30 años de prisión tras una larga instrucción judicial, que incluyó pruebas forenses enviadas desde Madrid.

Sin embargo, este mes su nombre apareció entre los diez ciudadanos estadounidenses liberados por Venezuela como parte de un canje promovido por Donald Trump, en su calidad de presidente y actual interlocutor diplomático de Washington ante el régimen de Maduro. El acuerdo también implicó la liberación de 252 venezolanos detenidos en El Salvador.

Lo que inicialmente se presentó como un gesto humanitario para recuperar a “presos políticos injustamente detenidos” incluía en realidad a un asesino convicto, como confirmó la ONG Foro Penal y medios como El País, y BBC. Hasta el momento, no se ha confirmado que Ortiz se encuentre bajo custodia en Estados Unidos. Fuentes diplomáticas han indicado que estaría libre en territorio estadounidense, lo que agrava aún más el sentimiento de impunidad en torno al caso.

Silencio desde Cuba

Mientras familiares de las víctimas, el abogado Víctor Salas —objetivo real del ataque— y organizaciones de derechos humanos han expresado su indignación pública, el gobierno cubano ha guardado silencio absoluto. La Cancillería (MINREX), la Fiscalía General y medios oficiales no han emitido declaración alguna sobre la liberación del asesino de dos ciudadanas cubanas.

Tampoco se ha ofrecido apoyo público a las familias de Elisa y Maritza ni se han exigido explicaciones a los gobiernos implicados, a pesar de que el canje fue gestionado por Nicolás Maduro, aliado político de La Habana. Esto contrasta con el habitual tono beligerante del oficialismo cubano cuando se trata de medidas adoptadas por Washington.

Víctimas sin justicia plena

Elisa Consuegra Gálvez y Maritza Osorio Riverón fueron víctimas colaterales de una venganza personal ejecutada con brutalidad. Eran trabajadoras, queridas por sus colegas, con un futuro por delante. Años después de sus muertes, el proceso judicial parecía haber concluido con la condena del autor confeso, pero la geopolítica y los pactos de conveniencia han revocado, de facto, esa sentencia.