¿Qué pasará con la investigación del CNE tras el fallo de la Corte Constitucional a favor de Petro?

Este fallo supone un revés para los magistrados investigadores Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal), quienes habían sostenido durante meses que sí era posible investigar al presidente desde el CNE. Aunque continuarán con la indagación contra otros actores de la campaña del Pacto Histórico, la Corte dejó claro que Petro queda excluido del alcance de ese proceso en el ente electoral.

La Comisión de Acusaciones deberá recibir en los próximos cinco días hábiles el expediente que contiene cientos de documentos, testimonios y facturas. Este se sumará a otros procesos en curso contra Petro, algunos de los cuales son liderados por los representantes Gloria Arizabaleta, Alirio Uribe y Wilmer Carrillo, aunque han mostrado pocos avances y han sido blanco de críticas desde la oposición.

El fallo de la Corte llega en un momento crítico: el proceso que adelanta el CNE está próximo a caducar, con una fecha límite fijada para el 25 de julio. Ese día se cumplen tres años de la elección presidencial, plazo máximo para que se emita una decisión final. La ponencia deberá ser discutida y votada en sala plena antes de esa fecha.

A pesar del traspié, los magistrados confían en poder concluir la investigación sobre otros miembros clave de la campaña, como Ricardo Roa —actual presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña—, así como los auditores Juan Carlos Lemus Gómez y María Lucy Soto Caro. En el expediente, ya consolidado, se documenta una violación del tope de gastos por más de 5.300 millones de pesos.

La Corte dejó claro que el CNE sí tiene competencia para investigar a partidos, movimientos políticos y miembros de campañas presidenciales de 2022, ”con excepción del candidato y hoy presidente Gustavo Francisco Petro Urrego”. En ese sentido, las indagaciones contra Colombia Humana, la Unión Patriótica y el Polo Democrático también seguirán su curso.

Si la sala plena del CNE falla antes del vencimiento del plazo, y si la decisión va en contra de los implicados, estos podrían enfrentar sanciones e incluso la pérdida de sus cargos.

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