¿Qué grupos pueden “salvar” la paz total de Petro?

El 27 de agosto de 2022 al recién posesionado presidente Gustavo Petro se le ocurrió la idea de hacer las paces con la mayoría de grupos armados y bandas criminales que operan en el país. Estaba en el municipio de Ituango, al norte de Antioquia, cuando tomó el micrófono y le envió el mensaje a los armados: “Es hora de hacer la paz total. La seguridad humana se mide en vidas, mientras la otra seguridad se medía por muertos”.

Desde ese anuncio han pasado 961 días, se abrieron nueve tableros en el ajedrez de las conversaciones con los grupos armados y hasta ahora han sido más los tropiezos que los logros. Sin embargo, dos grupos armados podrían “salvar” la política de paz que, ahora, parece más parcial que total.

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Justamente, en la última semana Nariño y Putumayo fueron epicentro de dos de los mayores avances que ha reportado esta apuesta del presidente Petro. Comuneros del Sur –una célula guerrillera que decidió apartarse de las órdenes del Comando Central del ELN– y los disidentes de Walter Mendoza son quienes, parece, están más comprometidos con dejar el accionar armado.

El frente Comuneros del Sur –una disidencia del ELN– entregó sus armas y explosivos que fueron destruidos de forma controlada. Los ilegales entregaron 585 unidades de material bélico: minas, morteros y granadas que fueron destruidos por el grupo de Manejo de Artefactos Explosivos del Ejército Nacional después de recibir la orden del propio presidente.

La entrega de los explosivos ocurrió este sábado 5 de abril. Las partes se dieron cita en el coliseo del barrio San José Obrero de Pasto para firmar nuevos acuerdos y sellar la entrega de los explosivos.

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“En Nariño, con los vientos del sur, sea este acto el comienzo del fin de los cien años de soledad. Es con hechos que se materializa la paz”, dijo el presidente Petro.

El Frente Comuneros del Sur es el resultado de una disidencia que se le formó al ELN en Nariño. Son comandados por Gabriel Yepes Mejía, alias HH. Tienen alrededor de 100 hombres en armas y obtienen financiación a través de las rentas ilícitas de la minería, la extorsión, el secuestro y el narcotráfico local y transnacional.

La mesa con este grupo ilegal es una de las que más avances ha reportado en la paz total del presidente Gustavo Petro. Al cierre del año pasado, las partes acordaron un cese al fuego por seis meses que empezará a regir una vez los ilegales estén concentrados en “zonas de ubicación temporal” que estarán situadas en la región de Abades, en Nariño –en los municipios de Samaniego y Guachavés–.

“La lucha armada está caduca. Hay nuevos tiempos, nuevas necesidades. Nos rehusamos a volver a la guerra, queremos construir la paz territorial”, señaló Royer Garzón, representante del grupo armado.

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Después de la destrucción de armas, las partes firmaron acuerdos para la sustitución voluntaria de hasta 5.000 hectáreas de cultivos ilícitos. La meta es declarar, inicialmente, al municipio de Samaniego como libre de estos cultivos.

Las partes también se comprometieron a que el Centro Nacional de Memoria Histórica elabore un informe en la que se aporten elementos de esclarecimiento de la violencia, los daños e impactos a las víctimas en el territorio. Así como las demandas del territorio.

En noviembre del año pasado Los Comandos de Frontera (presentes en Putumayo y Caquetá) y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico (Nariño y Cauca) emitieron un comunicado en el que confirmaban una noticia que parecía cantada: anunciaron su separación de Iván Márquez por diferencias “irreconciliables” con él.

Los intentos de diálogo con ese grupo ilegal, desde el principio, tenían dificultades. La Segunda Marquetalia actuaba más como un grupo confederado y no como una estructura con mando unificado. Pero con la separación del yugo de Márquez, las facciones que se quedaron en la mesa de diálogos empezaron a reportar avances.

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Informes de Indepaz indicaban que esta disidencia tenía 1.751 integrantes, de los cuales 1.162 hombres formaban parte del brazo armado y 589 estaban en las redes de apoyo.

Se estima que el 80% de esos hombres continúan en la mesa de paz.El pasado 7 de abril la delegación de los disidentes y el Gobierno se dieron cita para el cuarto ciclo de diálogos en el municipio de La Hormiga (Putumayo).

Las partes acordaron mantenerse en la mesa pese a la captura con fines de extradición de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de esa disidencia, mientras participaba en uno de los ciclos de esta misma negociación.

El jueves pasado se oficializaron algunos acuerdos. La disidencia de la Coordinadora Nacional y el Gobierno firmaron un pacto para sustituir 30.000 hectáreas de cultivos de coca en los departamentos de Nariño y Putumayo.

Además, la disidencia se comprometió a no vincular a menores de 18 años a sus filas, que no harán uso de minas antipersonales, que respetarán los bienes civiles y que garantizarán el acceso a misiones médicas en sus zonas de influencia.

El tercer acuerdo entre las partes contempla la elaboración conjunta de una hoja de ruta y una línea temporal para construir un acuerdo de paz definitivo.

Las partes no detallaron los plazos y tampoco los mecanismos. Sin embargo, manifestaron su voluntad de implementar –de forma progresiva– acuerdos con enfoque territorial y con la inclusión de las necesidades de las comunidades afectadas por las confrontaciones armadas.

Con el avance en estos dos frentes, la responsabilidad ahora será del Gobierno para demostrar su capacidad de implementar los acuerdos y de acaparar el territorio que, eventualmente, dejen de estar bajo el dominio de los grupos armados ilegales que dejen las armas.