Procuraduría sanciona a dos exdirectores de la UNGRD por omisiones en emergencia en La Mojana, Bolívar

La Procuraduría General de la Nación sancionó con tres meses de suspensión a los exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González Angulo y Javier Pava Sánchez. La decisión se relaciona con las omisiones en la atención del boquete del jarillón de Caregato, en Bolívar, que prolongó las afectaciones en la subregión de La Mojana.

Dado que ambos ya no hacen parte de la entidad, la sanción será convertida en salarios equivalentes al tiempo de suspensión.

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La Procuraduría Delegada de Juzgamiento señaló que Eduardo González incumplió su deber de emprender acciones para prevenir la ruptura del jarillón. Después de la emergencia, suscribió un contrato que no incluyó obras de emergencia y, pese a solicitar prórrogas y adiciones presupuestales, el boquete no fue cerrado.

Para mayo de este año, la Gobernación de Bolívar reportó que más de 1.200 familias resultaron afectadas por dicha ruptura.

El órgano de control también concluyó que González no formuló proyectos ni coordinó obras de dragado complementarias, lo que mantuvo la afectación de comunidades, el medio ambiente y el territorio de La Mojana.

En el caso de Javier Pava, la Procuraduría determinó que omitió coordinar planes de manejo y seguimiento de la emergencia. Aunque visitó el lugar en septiembre de 2022, el boquete permaneció abierto pese al riesgo de conocimiento público y nacional.

La entidad disciplinaria concluyó que ambos exdirectores vulneraron los principios de eficacia, eficiencia y responsabilidad que guían la función pública, y calificó sus conductas como faltas graves cometidas a título de culpa grave.

Además de la sanción por el caso Caregato, Eduardo González enfrenta un pliego de cargos por presuntas irregularidades en la contratación durante la pandemia de Covid-19, cuando se desempeñaba como director de la UNGRD en el gobierno de Iván Duque.

Según la Procuraduría, suscribió contratos con empresas sin experiencia en labores de emergencia, incluyendo negocios de licores, pólvora y pesca.

Entre los procesos en su contra está un contrato avaluado en más de 93.500 millones de pesos para la adquisición de ventiladores, que no cumplió con el suministro de equipos necesarios para pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos. Estos hechos fueron calificados como una falta grave que desconoció el principio de moralidad pública.

En el caso de Javier Pava, quien dirigió la UNGRD durante el inicio del gobierno de Gustavo Petro, la Contraloría le abrió una investigación por presuntas irregularidades en proyectos de vivienda destinados a damnificados de Mocoa. Su gestión también fue objeto de críticas debido a retrasos en la reubicación de familias afectadas por las lluvias.

Tras su salida de la entidad en marzo de 2023, Pava llegó a la Dirección de Soberanía Territorial en la Cancillería.

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