Procuraduría profirió cargos contra la exrectora y la tesorera de la U. de Envigado por el caso del extraño y millonario robo

A paso de tortuga avanzan las investigaciones por la desaparición de $4.300 millones de la Universidad de Envigado, un escándalo que sacudió al municipio hace dos años, a pesar de los presuntos intentos de que pasara desapercibido, y que hasta ahora sigue siendo igual de confuso que cuando salió a la luz.

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra la entonces rectora de la Institución Universitaria de Envigado, Blanca Libia Echeverri Londoño, y la tesorera, Sandra Edith Tobón Álzate, por presunto detrimento patrimonial.

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Según el Ministerio Público, lo que se busca es esclarecer si las funcionarias públicas avalaron y efectuaron un pago por $ 4.374.675.564 millones, a través de transferencia bancaria de la Institución Universitaria de Envigado para la vigencia 2023, por posiblemente efectuar una compra internacional, dando lugar a la pérdida de los recursos.

Además, la Procuraduría investiga si las servidoras vulneraron los principios de responsabilidad y moralidad. Por lo anterior, la Procuraduría Provincial de Valle de Aburrá calificó provisionalmente la falta de las investigadas como gravísima a título de culpa gravísima.

Según la versión de Echeverri Londoño, el hecho ocurrió en marzo de ese año, cuando la tesorera de la institución educativa recibió un correo electrónico que supuestamente había sido enviado desde el correo institucional de la rectora. El correo le ordenaba a la tesorera que debía transferir un dinero a una empresa china como parte de un convenio con la universidad. En el mismo mensaje se le advertía a la tesorera que no se podía hablar con nadie de este tema y que los siguientes mensajes debían enviarse desde correos personales; uno de ellos era supuestamente de la rectora.

En ese cruce de mensajes que prosiguieron, la supuesta empresa china mandó una factura que, a su vez, la tesorera envió al banco de la institución educativa para que desembolsara el dinero. El banco alcanzó a devolver la factura porque estaba mal elaborada. Hubo, de hecho, tres intentos con el banco con facturas que no cumplían los requisitos, hasta que finalmente el banco aceptó una y desembolsó la plata. Eso fue el 24 de marzo. Ese mismo día, la tesorera buscó a la rectora y le dijo que era necesario hacer el pago en dólares para dicho trámite y la rectora entonces firmó para avalar el trámite, según su propia versión, sin tener sospecha de las irregularidades.

El 27 de marzo, la supuesta entidad internacional solicitó un segundo desembolso, pero como ya se habían gastado toda la plata que tenía la universidad en el banco de la universidad, tuvieron que acudir a los recursos de dos cooperativas donde tenían cuentas abiertas. Para este trámite habrían falsificado las firmas de la rectora y del vicerrector.

Justamente fue una de las cooperativas la que alertó sobre la irregularidad que estaba sucediendo. En ese momento, la universidad habría buscado apoyo de la Secretaría de Seguridad de Envigado para acelerar el trámite con la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía que atiende los delitos informáticos.

El caso terminó en Procuraduría, Contraloría, la Personería de Envigado, el Departamento de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, la Oficina de Control Interno y la Unidad de Control Interno Disciplinario.

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La rectora aseguró que varias veces instauraron denuncias ante las autoridades de Hong Kong, desde donde se dijo que era la supuesta empresa con la que la universidad tenía el convenio. La rectora añadió que la Fiscalía tipificó el caso como delito de transferencia no consentida de activos, con lo cual la funcionaria ratificó que la institución no tenía ninguna intención de hacer esos pagos.

Por su parte, en el Concejo criticaron que un caso tan grave se hubiera mantenido en secreto. De hecho, varios corporados señalaron que era altamente probable que ante el escándalo y a pesar del alto monto extraviado, nada terminaría ocurriendo.