Procuraduría investigará a más de 40 funcionarios del gobierno Petro por vulnerar derechos de los indígenas Wayúu

16 de octubre de 2025

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Un amplio listado de altos cargos del Gobierno de Gustavo Petro, que abarca desde consejeros, directores de entidades, exministros hasta gobernadores y alcaldes, está ahora en el radar disciplinario de la Procuraduría General de la Nación.

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El Ministerio Público abrió una investigación formal en contra de más de 40 funcionarios que hacen —y han hecho— parte de su gabinete por la presunta omisión en la implementación de un mandato constitucional clave para proteger los derechos de la niñez Wayúu en La Guajira.

La indagación radica en el supuesto incumplimiento de la orden de constituir un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP). Este mecanismo fue exigido por la Corte Constitucional para superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la región y asegurar el goce efectivo de derechos fundamentales.

Según la Procuraduría, la falta de creación y operación del MESEPP habría tenido consecuencias directas y graves, impidiendo que la población beneficiaria Wayúu, entre ellos los menores, accediera de manera garantizada a elementos esenciales para su supervivencia y desarrollo.

El Ministerio Público señaló que, al parecer, “la medida ordenada por la Corte Constitucional para superar el estado inconstitucional de las cosas no habría sido cumplida, lo que impidió asegurar el acceso de la población beneficiaria al agua, a la alimentación, la salud, la igualdad y la diversidad cultural”.

La investigación para las autoridades busca establecer por qué, pasados cinco años desde que el Alto Tribunal emitió su fallo, no se han conocido gestiones concretas y efectivas frente al cumplimiento de esta crucial orden.

La lista de vinculados al expediente es extensa y toca a quienes han estado y siguen al frente de las entidades públicas responsables desde 2022 hasta la actualidad en el gobierno de Gustavo Petro.

Incluye a cinco exconsejeros presidenciales; doce ministros de carteras claves (tres de Salud, cuatro de Vivienda, dos de Medio Ambiente, cuatro de Agricultura y Desarrollo Rural); cuatro exdirectores del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; tres exdirectores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y cuatro directores de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres.

Puntualmente, algunos de los nombres son Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, la excanciller Laura Sarabia (como directora del DPS en su momento) Gustavo Bolívar, y ex Altos Consejeros para la Paz como Ana María Palau.

También están la exministra Susana Muhamad, Jonathan Malagón (presidente de Asobancaria), y superintendentes como Cielo Rusinque o el exsuperintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel.

Asimismo, están los ya investigados por el escándalo de corrupción en la Ungrd como Olmedo López, exdirector de la entidad, así como Sandra Ortiz, en su rol de exconsejera, y Luis Fernando Velasco. Al igual que los exministros del gobierno Duque, Fernando Ruiz y Susana Correa.

A nivel territorial, la lupa se posa sobre tres gobernadores de La Guajira y los alcaldes de cuatro municipios vitales en la región: dos de Maicao, dos de Manaure, dos de Riohacha y dos de Uribia. Esto para un total de 44 funcionarios investigados.

La actuación disciplinaria tiene como objetivo fundamental “determinar la ocurrencia o no de la conducta por parte de los funcionarios”. Para avanzar en este propósito, el Ministerio Público ya decretó la práctica de pruebas necesarias.

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