Procuraduría investiga presuntas irregularidades en contrato por $3.700 millones para salud en Putumayo

Entre los investigados se encuentran las exsecretarias de Salud departamental, Mónica Guerrero Rendón y Adriana Lucía Medicis. Junto a ellas, el Ministerio Público también indaga al entonces secretario de Planeación, Hernando Francisco Chamorro Pasinga, así como a Alexandra Benavides González y Luis Fernando Vitery, jefes del área de prestación y desarrollo de servicios de salud para la época de los hechos. Estos dos últimos habrían actuado además como supervisores del acto administrativo en cuestión.

Según informó la Procuraduría, el objeto de la investigación es determinar si existieron fallas en la planeación, ejecución y supervisión del contrato suscrito para la atención de la pandemia, con recursos que superaron los $3.700 millones asignados por el Ministerio de Salud y Protección Social. Además, se busca establecer si los fondos fueron ejecutados de manera tardía o sin cumplir con los requisitos técnicos y administrativos exigidos por ley.

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La Procuraduría añadió que “asimismo, se constata si los funcionarios solicitaron a los diferentes hospitales del departamento los requerimientos y requisitos para atender la pandemia”.

También se revisa si hubo estudios de mercado adecuados y si los procesos contractuales cumplieron con los principios de planeación y transparencia. “Debido a lo anterior, la Regional Putumayo ordenó las pruebas necesarias para esclarecer las conductas denunciadas y si estas constituyen falta disciplinaria”, explicó el ente de control.

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En 2021, Putumayo fue uno de los departamentos más afectados por la pandemia, no solo por el número de contagios y la presión sobre la infraestructura hospitalaria, sino también por las dificultades logísticas y administrativas para la distribución de insumos y personal médico. En medio de este contexto, el uso eficiente y oportuno de los recursos era crucial para salvar vidas y contener el avance del virus.