Preso político Alexander Guzmán Silva denuncia amenaza de muerte en Prisión Provincial de Granma

LA HABANA, Cuba. – El preso político Alexander Guzmán Silva fue amenazado de muerte en la Prisión Provincial de Granma, Las Mangas, según él mismo denunció en conversación telefónica con CubaNet este martes.

Todavía conmocionado, el activista narró cómo el sábado 20 de septiembre un recluso nombrado Leosdanis Coureilla Moreno lo amenazó con matarlo “a puñaladas”. También indicó que se trata de un ciudadano condenado por robo con fuerza a quien recientemente le fue revocada la libertad condicional y detalló que el día 13 de septiembre el mencionado reo se reunió a puertas cerradas con oficiales del centro penitenciario.

Aunque el activista no pudo precisar con quién o quiénes se reunió Coureilla Moreno, asegura que pocas horas después de ese encuentro el susodicho comenzó a hostigarlo, insultarlo y ofenderlo. 

De acuerdo con el preso político, esas agresiones verbales fueron subiendo de intensidad hasta que el 20 de septiembre el reo se le acercó y le dijo: “Yo puedo ahora mismo caerte a puñaladas y dejarte frío ahí donde estás sentado. También puedo ponerte droga en la celda y que te echen 10 años”. 

Guzmán Silva planteó la situación al jefe de pelotón de la unidad carcelaria, según indicó a CubaNet. También habría comunicado los hechos a la psicóloga, una civil no identificada, quien le prometió informar de ello al director de la prisión. No obstante, hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta.

Por su parte, el jefe del pelotón le aseguró que había conversado con el director y habían quedado en “tomar cartas en el asunto”. No obstante, aseguró Guzmán Silva, no ha visto que se hayan tomado medidas con el acosador. 

El preso político responsabiliza a los militares de cualquier daño a su integridad. En su opinión, los uniformados están buscando motivos para poder aplicarle una condena, pues su única infracción es haber ejercido su derecho a la libertad de reunión y de expresión.

Alexander Guzmán Silva fue arrestado el 23 de mayo de este año como represalia por participar en una protesta pacífica que tuvo lugar ese día en la ciudad de Bayamo, donde reside. Según denunció anteriormente, lo acusan del delito de “desórdenes públicos”, que es la figura empleada por el régimen de La Habana para criminalizar el derecho a la libertad de reunión.  

El activista, de 25 años de edad, es actualmente director de Impacto Juvenil Republicano, rama del Partido Republicano de la provincia Granma. Al momento de ser encarcelado se ganaba la vida como cuentapropista vendedor ambulante de pan y confituras. 

Consultado sobre el caso, el abogado Alain Espinosa, especialista del Centro de Información Legal Cubalex, señaló que “tanto el Reglamento de Prisiones como la Ley de Ejecución Penal obligan a los funcionarios de Orden Interior a actuar para prevenir y responder a las amenazas y la violencia entre reclusos, y garantizar la seguridad y la atención de quien resulte víctima”. 

Asimismo, agregó, los militares “deben adoptar todas las medidas necesarias para impedir cualquier situación, incluido el aislamiento preventivo”. No obstante, añadió, “en los casos de las personas privadas de libertad por motivos políticos muchas veces son los propios funcionarios de Orden Interior o la Seguridad del Estado los que ordenan a los presos comunes que los amenacen y violenten, o en el mejor de los casos lo permiten sin actuar de la forma que la ley les impone”. 

Y concluyó: “Este tipo de actuaciones, además de violar lo establecido en la legislación interna también viola el principio de no discriminación y la tramitación con celeridad de las denuncias que realicen los reclusos por violaciones a sus derechos o por el riesgo a su seguridad personal, establecidos en las Reglas Mandela”.