Presentan queja contra Daniel Quintero ante el CNE por renunciar a consulta del Pacto y piden “reintegro de gastos”

La fundación ‘DILO Colombia’ presentó una queja formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la renuncia de Daniel Quintero a la consulta presidencial del Pacto Histórico este jueves 16 de octubre.

La solicitud pide abrir investigaciones administrativas, ordenar reintegros de gastos y definir eventuales inhabilidades, tras la ejecución de recursos públicos para la jornada del 26 de octubre, que superan los 123.000 millones de pesos.

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La queja incluye a los partidos que promovieron la consulta ante el CNE —Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo y Partido Comunista Colombiano— por su eventual corresponsabilidad en los efectos derivados de este proceso. La fundación solicita que se determinen responsabilidades tanto individuales como colectivas.

La solicitud también pide que se remita copia del expediente a la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, para que estas entidades, dentro de sus competencias, inicien las acciones correspondientes.

La primera razón señalada es el posible perjuicio económico al Estado por la ejecución de recursos públicos que, debido al retiro del precandidato, no podrían aprovecharse.

En el fallo se explica que la inscripción ya se encontraba en firme y la Registraduría había ejecutado recursos de material y logística, configurándose un posible detrimento patrimonial al Estado, a raíz de la renuncia de Daniel Quintero.

Según la queja, al momento de su retiro, la Registraduría Nacional del Estado Civil “había iniciado la producción de material electoral, incluyendo tarjetones y demás elementos necesarios para la consulta”.

Esto, sumado a que “los procesos logísticos y de distribución ya habían sido contratados y parcialmente ejecutados”, generaría una pérdida directa para el erario.

La segunda razón hace referencia a los anticipos que el Estado otorga a los partidos políticos para financiar consultas. El fallo recuerda que, conforme a los artículos 21 y 22 de la Ley 1475 de 2011. Por esa razón, la queja pide verificar si las colectividades vinculadas “recibieron anticipos estatales y, de ser así, ordenar su devolución o hacer efectivas las garantías”.

El objetivo, aclara el texto, es “proteger los recursos públicos y evitar el aprovechamiento indebido del sistema de financiación política estatal”.

El tercer argumento aborda las consecuencias jurídicas de haber participado en una consulta formal. En palabras del documento, “quien se inscribe en una consulta interna o interpartidista no puede aspirar por otra colectividad en el mismo proceso electoral”, también citando el artículo 107 de la Constitución.

La Ley 1475 refuerza esa disposición al indicar que “la inscripción en firme equivale a participación, independientemente de que el precandidato se retire después”. Por eso, se advierte que Daniel Quintero “no podría postularse por otra agrupación política en las elecciones presidenciales de 2026”.

La organización que interpuso el reclamo resalta que esta inhabilidad tiene un propósito claro: “preservar la coherencia del sistema de partidos y la responsabilidad política de quienes deciden participar en procesos democráticos financiados con recursos públicos”.

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