¿Por qué los pasaportes han sido el talón de Aquiles de todos los cancilleres del Gobierno?

En Colombia, la expedición de pasaportes se ha convertido en uno de los retos más complejos y críticos para la Cancillería, afectando la gestión de los últimos tres ministros encargados de la política exterior: Álvaro Leyva Durán, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia.

Este proceso, vital para la movilidad internacional de los ciudadanos, ha enfrentado una serie de dificultades que han generado congestión, retrasos y una creciente insatisfacción ciudadana.

La demanda creciente de pasaportes ha desbordado la capacidad operativa del sistema tradicional. El auge del turismo, los estudios en el exterior, y la migración, junto con la necesidad de renovar documentos vencidos, han incrementado exponencialmente el número de solicitudes. Sin embargo, la infraestructura tecnológica y logística para la expedición no ha crecido al ritmo necesario para satisfacer esta demanda.

Los últimos tres cancilleres han heredado un sistema marcado por la burocracia excesiva y procesos manuales que ralentizan la entrega de pasaportes. La modernización digital ha sido un objetivo recurrente, pero su implementación se ha visto frenada por limitaciones presupuestales y problemas de contratación relacionados con la firma Thomas Greg and Sons y las asociaciones de las que ha hecho parte.

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El jefe de Estado Gustavo Petro ha sido crítico de esta última, intercediendo en varias ocasiones para que no sea contratada en más licitaciones. Las razones del mandatario van desde una crítica a la monopolización hasta denuncias por un supuesto “fraude monumental”. Sin embargo, los líos de cada canciller al respecto han sido distintos.

En 2024, el entonces canciller Álvaro Leyva fue inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación durante 10 años debido a presuntas irregularidades en el proceso de contratación de pasaportes. La Procuraduría determinó que Leyva declaró desierta una licitación sin los fundamentos técnicos y jurídicos necesarios y que utilizó indebidamente la figura de urgencia manifiesta para favorecer a Thomas Greg and Sons (TGS). Esta actuación le costó el cargo y generó un conflicto con el presidente Gustavo Petro, quien acusó a Leyva de actuar de manera fraudulenta.

Tras la salida de Leyva, Luis Gilberto Murillo asumió la Cancillería en mayo de 2024. Murillo intentó desvincular a TGS del proceso de expedición de pasaportes, calificando el contrato con la empresa como “irregular”. En marzo de 2024, revocó una resolución que había adjudicado el contrato a TGS, argumentando que el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, carecía de autoridad para tomar esa decisión. Murillo también destacó que no existía el respaldo presupuestal necesario para firmar el contrato con la firma.

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Sin embargo, en enero de 2025, la Unión Temporal Pasaportes 2023, que incluía a TGS, desistió de una demanda millonaria contra el Estado colombiano, poniendo fin a un litigio que ascendía a 117.000 millones de pesos. Murillo celebró este acuerdo, destacando que evitaba un pago significativo al Estado y permitía avanzar en la modernización del sistema de pasaportes.

En julio de 2025, Laura Sarabia renunció a su cargo como canciller en medio de una creciente crisis relacionada con la producción de pasaportes. Sarabia defendió la extensión del contrato con TGS, argumentando que la Imprenta Nacional no estaba preparada para asumir la producción de pasaportes, lo que podría poner en riesgo la emisión de los mismos. Su salida obedeció a un fuerte desacuerdo con el presidente Petro, quien insiste en que la producción debía ser asumida por el Estado.

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Además de esto, Sarabia aseguró que jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, no solo mintió con respecto a un supuesto contrato con Portugal para asumir la producción de pasaportes, sino que también ordenó retrasar la asignación de citas para “hacer rendir” el inventario actual.

“Recibimos una comunicación en la que manifestaban no saber a qué contrato se refería el señor Saade. Afirmaban que no estaban listos para firmar nada y que llevaban tiempo intentando comunicarse con la Imprenta y la Presidencia sin obtener respuesta”, dijo en entrevista con la revista Cambio y agregó: “Cuando lo confronté, me dijo que no había problema en demorarle la cita a la gente, que así los pasaportes alcanzaban más”.

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Cabe resaltar que debido a todos estos problemas, la Procuraduría General anunció que abrió una investigación disciplinaria contra los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, así como contra el jefe de Despacho presidencial, Alfredo Saade. El dolor de cabeza de los tres cancilleres y Saade no ha acabado. Sin embargo, la mayoría de ellos asegura que confía en que la intervención de la Procuraduría dará con la verdad.