Piden cuatro y tres años de cárcel para académicas cubanas

Piden cuatro y tres años de cárcel para académicas cubanas

  • Cuba
  • mayo 26, 2025
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La versión oficial, presentada por la fiscal Ana Lilian Caballero Arango, sostiene que las detenidas agredieron a los agentes, causando daños materiales valorados en 5.650 pesos cubanos.

MIAMI.- La Fiscalía Provincial de Matanzas ha solicitado penas de cuatro y tres años de privación de libertad, respectivamente, para las académicas cubanas Alina Bárbara López Hernández y Jenny Victoria Pantoja Torres. Estas condenas, que serían sustituidas por trabajo correccional sin internamiento, responden a los presuntos delitos de desacato, desobediencia y atentado en el caso de López, y de atentado en el de Pantoja.

Los hechos se remontan al 18 de junio de 2024, cuando ambas intelectuales fueron detenidas en la carretera Vía Blanca mientras se dirigían a La Habana para participar en una manifestación pacífica. Según el relato de López, compartido en su perfil de Facebook, fueron interceptadas por agentes del Ministerio del Interior sin una orden de detención y sometidas a violencia física durante el arresto. López denunció haber sufrido lesiones que derivaron en una laberintitis postraumática, mientras que Pantoja reportó dolores en el pecho debido al peso de una oficial que se abalanzó sobre ella.

La versión oficial, presentada por la fiscal Ana Lilian Caballero Arango, sostiene que las detenidas agredieron a los agentes, causando daños materiales valorados en 5.650 pesos cubanos. La fiscalía también desestimó las lesiones alegadas por las acusadas, argumentando que los síntomas no eran reales.

Al respecto la doctora López escribió en su muro de Facebook que la narración de los hechos estaba plagada de falsedades, como si fuese una obra de ficción. “Mi personaje resulta una especie de versión femenina de Bruce Lee, que salta de un carro, reparte golpes, rasga charreteras y rompe las botas de una oficial que únicamente me había pedido el carnet de identidad. Todo esto aderezado por gritos e insultos sin motivo alguno a los pobrecitos oficiales”.

La académica argumentó que fueron ella y Pantoja las golpeadas, violentadas y tratadas como animales. “Aquel día temí por mi vida, pues la oficial que nos acusa es un ser violento, con enorme fuerza física y preparación como judoca, que contó además con la ayuda de varios policías hombres. Todavía sufro las secuelas de los golpes y torceduras en cuello y cabeza, de lo que derivó una laberintitis postraumática diagnosticada por un neurocirujano en el hospital provincial de Matanzas”.

El proceso ha sido criticado por diversas organizaciones y personalidades. Más de 220 escritores y artistas, incluidos Leonardo Padura, Fito Páez y Fernando Pérez, firmaron una carta abierta denunciando la violencia policial contra las académicas. El jurista cubano René Fidel González García también expresó su preocupación, calificando la acusación como absurda y señalando que el verdadero motivo detrás del proceso es el ejercicio de derechos políticos por parte de las acusadas.

Las protestas pacíficas organizadas por Alina Bárbara, que se realizan cada 18 de mes en el Parque de la Libertad de Matanzas, buscan llamar la atención sobre la situación represiva en el país. Sus demandas incluyen la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente democráticamente elegida, atención a la crisis de los sectores vulnerables y libertad para los presos políticos.

Sobre estas protestas, la intelectual explicó en entrevista con CubaNet: “Fue en marzo de 2023 cuando comenzó esto. En ese momento, aprovechando la conmemoración del centenario de la Protesta de los 13, que había ocurrido el 18 de marzo de 1923, me parecía un momento justo ―dada la situación de crisis absoluta, no solo económica, sino política, social, simbólica, cultural, que había en Cuba― hacer un homenaje, hacer un guiño a la historia para, a partir de aquella fecha, los 18 de cada mes hacer un acto simbólico de protesta pacífica”.

Hasta la fecha, no se ha fijado una fecha para el juicio. Ambas académicas permanecen bajo reclusión domiciliaria y han manifestado su intención de continuar ejerciendo su derecho a la protesta pacífica.

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