Petro se sienta hoy con su gabinete para tomar decisiones tras la derrota frente a Carlos Camargo en la elección de la Corte
- Colombia
- septiembre 8, 2025
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Para este lunes 8 de septiembre, el presidente Gustavo Petro citó a su equipo en la Casa de Nariño con un objetivo central: definir cambios en su gabinete y ajustar la estrategia política tras la elección de Carlos Camargo en la Corte Constitucional.
El retorno del presidente de su visita oficial a Japón coincidió con un momento crítico en su Gobierno, como lo fue la elección de Camargo con 62 votos frente a los 41 obtenidos por María Patricia Balanta, la candidata apoyada por la Casa de Nariño.
Esa votación dejó en evidencia fracturas en el respaldo de las colectividades con representación en el gabinete; no actuaron como aliados cohesionados.
Angie Rodríguez, directora del Dapre, casi que de inmediato habló con los ministros vinculados a partidos como la Alianza Verde, el Liberal y La U para pedirles su renuncia después del resultado en el Senado. El mensaje, por decirlo de alguna forma, fue que si esas colectividades no acompañan al Gobierno en votaciones cruciales, sus cuotas en el Ejecutivo carecen de sentido.
En ese contexto, la salida de Antonio Sanguino (Trabajo), Diana Morales (Comercio) y Julián Molina (TIC) obedecería a su papel como fichas de las colectividades en el gabinete, una representación que perdió validez para Petro tras la derrota en el Senado.
Es así que el encuentro de este lunes se plantea como el espacio en el que se tomará decisiones definitivas para el último año de Gobierno; incluso el presidente ya lo había dejado entrever en una de sus declaraciones en su cuenta de X.
“Por ahora mis aliado(a)s solo serán los y las que supieron en que consistía la elección y no decidieron el camino de la traición al presidente y al proyecto democrático”, dice al final de su trino.
La discusión no se limitará a remover o mantener ministros, sino a replantear los criterios bajo los cuales el Ejecutivo distribuye representación política: si se mantiene la lógica de participación de otros partidos o si se privilegia un gabinete más homogéneo y cercano al núcleo duro del petrismo.
La votación en el Senado funcionó como una prueba de estrés para la coalición. No fue únicamente la selección de un magistrado, sino un indicador de disciplina política: el Gobierno comprobó que los compromisos con bancadas y aliados no se tradujeron en votos alineados cuando importaba.
De ahí la frase de Petro sobre “rehacer por completo” la coalición y “cambiar” su objetivo, que implica un reinicio de reglas y de incentivos, más que un simple cambio de nombres.
Las repercusiones más allá del Ejecutivo
El malestar también apunta a la presencia de directivos en entidades claves con vínculos a partidos que hoy están bajo cuestionamiento de “lealtad” por el Gobierno.
Más allá de los cambios en ministerios, el Ejecutivo decidió extender la revisión a otras entidades donde los partidos tienen representación.
A la colectividad de La U se le retiraron espacios como la Agencia Nacional Digital y la Fiduprevisora. En el caso de la Alianza Verde, el control sobre el ICA quedó en entredicho y la dirección del Sena podría entrar en ajustes. Para el sector liberal que acompaña al Gobierno, las movidas apuntan a Positiva y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
En paralelo, también se pusieron bajo la lupa la Agencia de Desarrollo Rural, con un papel clave en la distribución de recursos y programas en territorios donde el petrismo busca reforzar su presencia.
La lectura en Palacio es que mantener esas dependencias bajo dirección de partidos que no respaldan al Gobierno en el Congreso debilita la estrategia política, pues los beneficios de la gestión se traducen en capital político para sectores ajenos al proyecto presidencial.
De ahí que el ajuste no solo sea un reacomodo administrativo, sino un intento por alinear burocracia, ejecución y resultados con los intereses inmediatos del Ejecutivo. Para el petrismo más ortodoxo, este mapa burocrático es un recordatorio de que buena parte del aparato estatal sigue en manos de sectores que no comparten el proyecto político de Petro y que, en los hechos, pueden limitar su capacidad de acción.
De ahí que la reunión no solo sea sobre ministros, sino sobre cómo se redistribuyen las fichas en el ajedrez institucional de cara a su último año en el poder. Aunque sí es más evidente el descontento del presidente con su gabinete.
El malestar de Petro con sus ministros
Esto no es nuevo, es algo que se ha destacado en varios Consejos de Ministros desde que se televisan. Pero la elección de Camargo fue el momento que “estalló” la inconformidad.
Cuando el Ejecutivo identifica “falta de ejecución”, “poca sensibilidad política” y “ausencia de acompañamiento en debates”, lo que está señalando es una falla entre Gobierno, Congreso y bases, en proyectos que no llegan con sustentos listos, vocerías que no respaldan al presidente en coyunturas y eventos sectoriales que no se conectan con aliados.
Por eso, la derrota en la Corte actúa como detonante de un proceso que venía acumulando señales. La coyuntura no crea el problema; lo hace visible y urgente. De aquí en adelante, la consistencia entre el discurso (“se rehace la coalición”) y los movimientos concretos (criterios, roles, cronogramas, mecanismos de verificación) será la medida para evaluar el actuar del Gobierno.
De la reunión de este lunes pueden salir varios escenarios: desde ajustes ministeriales inmediatos como señal de autoridad política, hasta un reacomodo más limitado que priorice la interlocución con el Congreso y los temas legislativos.
En este punto es importante recordar que en el Senado siguen en trámite proyectos sensibles, entre ellos la reforma tributaria, cuyo desenlace marcará la capacidad del Gobierno para sostener su agenda en la recta final.
Por eso, el Consejo de Ministros de hoy no solo servirá para redefinir la composición ministerial, sino también para medir el margen de maniobra legislativa que tendrá Petro en el último año de su mandato.
En última instancia, lo que se acuerde hoy podría tener un efecto directo sobre la viabilidad de las reformas que el Gobierno considera prioritarias, reformas cuyo avance depende de la posibilidad de recomponer apoyos y asegurar mayorías estables en el Congreso durante los próximos meses.
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