Petro reaccionó con imprecisiones a alertas de Contraloría sobre deudas de Nueva EPS

El presidente Gustavo Petro se refirió a la alerta que hizo la Contraloría General de la República sobre los hallazgos de unas diligencias de policía judicial que develó una “grave situación administrativa y financiera” de la Nueva EPS. Según el ente de control, se detectó un incremento significativo en los anticipos pendientes por legalizar entre las vigencias 2023 y 2024, pasando de $3,4 billones a $8,6 billones.

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Ante esto, el mandatario señaló que “la investigación casi judicial de la contraloria (sic) arranca desde el 2022 y recoge las razones que llevaron a la intervención” y agregó que hubo “anticipos extraños por centenares de miles de millones, falta de reservas técnicas billonarias y medicamentos con sobrecostos”.

Sin embargo, el Jefe de Estado —como se le hace costumbre— omitió información en su comentario. Si bien es cierto que la investigación del ente de control fiscal abarcó información desde 2022 (año en el que inició su Gobierno), también es verdad que ese recaudo de datos se extendió hasta el primer semestre de 2025 (cuando cumplió un año de ser intervenida por la Superintendencia de Salud).

Así mismo, su comentario también omitió varios datos contundentes de la alerta de la Contraloría. Por ejemplo, que los anticipos no legalizados (es decir, los giros que le hace el Estado que no surten el trámite legal para poder usarlos) pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024 (cuando estaba intervenida la Nueva EPS).

Según dice el comunicado de esa entidad, se “evidenció un crecimiento acelerado en los anticipos pendientes por legalizar en lo corrido de la vigencia 2025, pues al corte de junio se acumulan $6,6 billones adicionales frente al total reportado durante la vigencia 2024, pasando de $8.6 billones a $15.27 billones, situación que compromete la liquidez institucional y aumenta el riesgo de un posible detrimento patrimonial, especialmente aquellos que superan los 2 años por valor de $143 mil millones”.

“Con corte a junio de 2025, se encontró un saldo elevado de anticipos pendientes por legalizar por $5,7 billones correspondiente a la vigencia 2024, lo que evidencia que una parte significativa de los recursos girados en ese periodo aún no han sido legalizados”, agregó la alerta.

Por otro lado, el presidente Petro parece no haber leído el primer párrafo de lo que expresó el ente de control, que advierte esas diligencias se hicieron para “recaudar información técnica, administrativa, jurídica y financiera no disponible en los sistemas de información que administra la Superintendencia Nacional de Salud” y “ante la carencia de estados financieros certificados y dictaminados”.

Lo anterior es clave porque la Nueva EPS no ha presentado sus estados financieros (los últimos disponibles son los de 2023) desde que fue intervenida por la Supersalud en abril de 2024 y a pesar de que el superintendente Giovanny Rubiano dijera que esta información sería publicada a finales de julio. Y vamos a principios de septiembre.

Finalmente, la pulla que Petro le lanzó a la Corte Constitucional —en el sentido de que “debe permitir la auditoria forense a las EPS”— es hasta innecesaria. Esto, en razón a que las entidades del sector salud del Gobierno no necesitan autorización de la alta corte o de entidad cualquiera para hacer esas auditorías.

Incluso, a mediados de agosto pasado, la Supersalud anunció que haría una auditoría forense a Coosalud EPS, que será la primera aseguradora intervenida en contratar un proceso en ese sentido.

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