Petro dio cifras de homicidios amañadas para “sacar pecho”

Por donde se le mire, la seguridad es uno de los frentes en los que el presidente Gustavo Petro se raja aunque él diga que no. No es cualquier sector. Según diversas encuestas, la seguridad es lo que más le preocupa a los colombianos junto a la salud. Sin embargo, es un concepto muy amplio que se asocia a “violencia”; en un país como el nuestro se mide en distintas variables: no es lo mismo hablar de homicidios, robos callejeros, percepción de seguridad o incluso reclutamiento forzado a menores. Cada tema tiene unas causas e indicadores diferentes.

Aún así, hace algunos días el presidente Petro decidió elegir solo una medición, la de homicidios por cada 100.000 habitantes, para “sacar pecho” y decir que “si la violencia se mide por tasa de homicidios, entonces, los dos últimos años se ha reducido en Colombia respecto a la que dejó (Iván) Duque el último año (…) La paz de Colombia necesita datos objetivos y seriedad”. El mandatario dijo esto en respuesta a una dura carta del Consejo Gremial Nacional (CGN) exigiendo al Gobierno respuestas ante el aumento de la violencia en Colombia: “El CGN expresa su preocupación por las recientes acciones del ELN en el Catatumbo, Chocó y Cúcuta, y solicitó medidas inmediatas para garantizar la seguridad del sector empresarial”.

Al día siguiente ese tuit, el jefe de Estado insistió en el debate y publicó una gráfica hecha por RTVC (Sistema de Medios Públicos) que dice: “La violencia baja en Colombia. Estas son las tasas de homicidios de los gobiernos de Cesar Gaviria, de Alvaro Uribe Vélez comparadas con las de mi Gobierno”. La imagen fue difundida por las bodegas petristas en todas las redes sociales, pero rápidamente organizaciones de la sociedad civil, expertos y chequeadores de información, expresaron que lo que presentó Petro es engañoso y no corresponde con la realidad. Por si fuera poco, expuso un problema aún mayor y es el cruce de cifras de homicidios entre Medicina Legal y la Policía.

En EL COLOMBIANO revisamos las cifras y consultamos a expertos para entender por qué eso de la seguridad y la medición de la violencia en Colombia no va tan bien como dice el presidente Petro.

En la gráfica de RTVC que le pasaron a Petro se ponen datos amañados: muestra el dato de tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 1991, que es 81, en el mandato de César Gaviria; luego el del tercer año de Álvaro Álvaro Uribe, que es 40 y el segundo año de Petro que es 25,3. No comparan la tasa promedio de homicidios de cada Gobierno ni el mismo periodo de tiempo (Uribe y Santos gobernaron ocho años cada uno).

Es decir, Petro no bajó los homicidios un 36% como lo intenta hacer ver sino un cuestionable 3,4%. ¿Por qué es cuestionable? Porque en 2023, el Ministerio de Defensa cambió la metodología de medición de homicidios y ya no contabiliza las muertes cometidas por la Policía en “uso legítimo de la fuerza”, por legítima defensa y los homicidios que no son intencionales; los datos de Medicina Legal, por el contrario, son distintos.

El “Detector de Mentiras” de La Silla Vacía calificó como “amañada” y “engañosa” lo dicho por Petro, quien les respondió: “Ustedes mismos demuestran lo que afirmé ante la desinformación difundida por el Consejo Gremial, que ahí sí, ustedes no desmintieron; en la que decía, que había una crisis de violencia en mi Gobierno”.

Pero las cifras y expertos consultados desmienten al jefe de Estado. En diálogo con EL COLOMBIANO, el experto en seguridad Andrés Nieto explica: “Para Medicina Legal todas las muertes se deben contar por eso no coinciden las cifras. Es importante unificar los criterios (…) El error del presidente Petro es pensar que el homicidio está ligado al conflicto armado y es la única variable. Recordemos que la tasa de homicidios es la tasa internacional para pedir la incidencia del crimen en un territorio (…) el asunto es que Colombia no solo tiene un problema de seguridad ciudadana sino también tiene indicadores de seguridad nacional y conflicto armado interno”, dice el experto.

Para la Fundación Ideas para la Paz (FIP) la tasa de homicidios en 2023 y 2024 es, en efecto, ligeramente menor a la de 2022. Sin embargo, “ese cambio es mínimo si se compara con las reducciones históricas entre 2003-2008 y 2012-2017. Decir que la reducción actual es un éxito ignora varios contextos”. Además, la FIP asegura que la proyección para 2025 sugiere un estancamiento o leve repunte: “esto pone en duda una transformación estructural en la seguridad del país”.

Según la FIP y otros centros de pensamiento, medir la seguridad sólo con homicidios es un error: “Aunque es un indicador clave, la transformación del conflicto en Colombia muestra que se queda corto en reflejar las afectaciones humanitarias”. Por ejemplo, la violencia masiva es visible en las zonas que se disputan los grupos armados y que en este Gobierno tienen focos en regiones como el Catatumbo que vive una crisis humanitaria sin precedentes que ha producido más de 60.000 desplazados y 60 personas asesinadas. En el Cauca, además, hay zonas vedadas para el Estado como El Plateado en donde, precisamente, secuestraron a 29 miembros de la Fuerza Pública el pasado 6 de marzo.

Petro no habla tampoco de la violencia por el control territorial (extorsiones, confinamiento, violencia selectiva). Si nos vamos a las cifras de acciones de grupos armados ilegales por semestre (ver gráfico) hay un repunte preocupante. Hoy, según la FIP, hay más zonas que se disputan los grupos ilegales: 14 regiones, seis más que en 2022; aumentaron los ataques a la Fuerza Pública y la infraestructura en el segundo semestre de 2024 e incrementó el desplazamiento forzado, el confinamiento y los homicidios de líderes sociales el año pasado.

“En el marco de la paz total, los datos no acompañan al Gobierno Petro. Los grupos armados al margen de la ley tienen mayor control territorial, está comprobado que están en más municipios. Las masacres no bajan”, agrega el experto Andrés Nieto.

Por ejemplo, hay una cifra escandalosa que el presidente Petro y su gabinete tampoco mencionan: el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos criminales aumentó 151% el año pasado, según datos de la Defensoría del Pueblo. “Tenemos un subregistro muy grande, las familias sienten temor porque estos grupos les prohíben denunciar, les dicen que se les llevarán a su otros hijos y en una situación así es muy complejo”, señala Iris Marín, defensora del Pueblo.

La capital de Antioquia es, sin duda, un caso de estudio distinto cuando se mide la violencia en Colombia. El presidente Petro también ha “sacado pecho” diciendo que la reducción de homicidios en una ciudad como Medellín —10,20 en 2024, la tasa más baja desde 1942– es gracias a la “paz total” de su Gobierno.

“Aunque el presidente quiere reducirla más (la tasa de homicidios); el promedio nacional es mejor que el de el año 2022 y en regiones como Medellín y la mayor parte del país es muy exitoso el fin de la violencia”, dijo Petro. Pero no es cierto. La FIP sostiene que “el descenso del homicidio en Medellín se ha dado a lo largo de décadas y no por iniciativas relacionadas con la política de Paz Total”. Es decir, que el conocimiento y trabajo acumulado de varias administraciones locales ha conseguido reducir significativamente la tasa de homicidios en una ciudad que fue de las más violentas durante la época del narcotráfico en los noventa.

“La tregua anunciada por los voceros del crimen organizado en el Valle de Aburrá en 2022 y la instalación del diálogo socio-jurídico con el gobierno en 2023, no cambiaron el comportamiento del homicidio: se mantiene la lógica del descenso sostenido”, agrega ese tanque de pensamiento.

Al respecto, en diálogo con este diario el profesor de la Universidad EAFIT, Santiago Tobón, explica que los homicidios esconden formas de violencia que no se alcanzan a observar: “muchas veces reducciones de homicidio no se tienen que atribuir a menos control de organizaciones criminales sino a más control de organizaciones criminales. En parte, eso pasa en Medellín, pero también sucede en Brasil, en Sao Paulo, la reducción obedece al control territorial que ejercen los grupos criminales que le compiten al Estado”. Pero no es la única razón de la reducción.

Lo cierto es que el presidente Petro le propuso al país una “paz total” que no cuajó. Esta semana hizo presencia en el Catatumbo y dijo que era culpa del gobierno anterior que “hizo trizas la paz”. Esa, sin duda, es una de las razones para el incremento de la violencia, pero como las cifras lo señalan, no es la única.

La autocrítica del jefe de Estado frente al tema de seguridad es prácticamente nula en estos 24 meses de mandato. Hace pocas semanas nombró al general Pedro Sánchez, que tuvo que retirarse de las Fuerzas Armadas para asumir el cargo. Es un viraje en el cambio de estrategia pues el antecesor, Iván Velásquez, es un jurista reputado que no tenía conocimientos en estrategia militar para combatir a los criminales en los territorios del país. El mismo exministro Velásquez, en aquel recordado e inédito Consejo de Ministros de principios del pasado mes de febrero, le dijo a Petro: “No se ha entrado al Plateado porque no ha habido una decisión articulada del Gobierno”. Parece que en ese y otros lugares de Colombia sigue sin haber tal decisión de parte del presidente Petro, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.