Petro calificó la amenaza de feminicidio del contratista Ricardo Leyva hacia su expareja como una simple “pelea”
- Colombia
- diciembre 1, 2025
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La denuncia de Karen Santos, exesposa del empresario de conciertos Ricardo Leyva, llegó cargada de pruebas y de una frase contundente: “O hablo o me matan”. Santos relató más de cinco años de agresiones físicas, psicológicas y económicas que —según asegura— sufrió a manos de Leyva, un hombre cercano al ministro del Interior, Armando Benedetti, con vínculos políticos que ella describe como intimidantes.
Pero más allá de la gravedad del testimonio, el foco público también se trasladó hacia la respuesta del presidente Gustavo Petro.
Cuando el mandatario se pronunció sobre la advertencia de Santos según la cual Leyva habría amenazado con “llamar a Benedetti o a Petro” para “acabarlos”, el jefe de Estado dijo: “Yo no me meto en esas peleas. De ahí solo se sale aruñado por todas partes”.
La frase, percibida como una forma de desestimar una denuncia de violencia de género, desató un vendaval político. Y no es un episodio aislado: se inserta en un patrón de respuestas ambiguas, defensivas o directamente minimizadoras cada vez que un miembro del Gobierno o un aliado enfrenta señalamientos de este tipo.
Un patrón conocido: la defensa inmediata a funcionarios denunciados
Cuando el 4 de febrero Petro designó a Armando Benedetti como ministro del Interior, las alarmas se encendieron inmediatamente.
El funcionario llegaba al cargo con denuncias previas por violencias basadas en género, incluyendo un episodio reportado en España durante su estadía como embajador ante la FAO, donde la policía habría tenido que intervenir en su residencia.
Otra denuncia provenía de Laura Sarabia, quien trabajó con él y aseguró haber entregado pruebas a la Fiscalía.
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La reacción interna fue intensa: la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad, declaró que “como feminista” no podía compartir mesa con Benedetti.
Pero Petro intervino en su defensa. No solo habló de “feminismos que destruyen hombres”, sino que afirmó que creía en las segundas oportunidades y llegó a decir que el ministro “tiene magia”.
La misma actitud se replicó cuando reaparecieron las denuncias contra Hollman Morris, actual director de RTVC, acusado por varias mujeres de acoso y maltrato.
En entrevistas públicas, el presidente sostuvo que ni Morris ni Benedetti estaban “realmente condenados o procesados penalmente”. Y cuando le preguntaron si entonces no debía creerse a las víctimas, respondió: “no es un asunto de creer”.
Esa postura —basada en la presunción de inocencia trasladada a un plano político donde las decisiones no dependen de fallos judiciales sino de estándares éticos— ya había generado críticas.
Pero la frase de esta semana terminó de encender la discusión: en un caso donde se describe persecución con cuchillos, cirugías reconstructivas, pérdida de visión y amenazas, Petro optó de nuevo por no pronunciarse sobre el fondo.
¿Quién protege a las mujeres?
El relato de Santos es detallado y estremecedor. Contiene pruebas en video, audio y fotografías, además, describe episodios de agresión física, persecución con armas blancas, control económico, aislamiento y amenazas directas. Cuenta que el 17 de julio Leyva la persiguió con un cuchillo y que la Policía, al llegar, se alineó con él.
Que abandonó su casa sin documentos porque su esposo se había llevado su billetera. Que dos semanas después fue golpeada nuevamente en un hotel de Cali. Que terminó necesitando cirugías reconstructivas y que hoy está perdiendo la visión del ojo derecho por los golpes.
Santos aseguró también haber recibido amenazas posteriores y que Leyva insinuó, en una llamada a su hermano, que podía utilizar sus conexiones políticas para “destruirlos”. Fue ese momento el que la convenció de hablar públicamente.
Más allá de lo que determinen las autoridades sobre Leyva —quien deberá responder por su cuenta ante la justicia—, lo que quedó en el centro del debate fue la respuesta presidencial. El “yo no me meto” se leyó como una continuidad de su posición habitual: no condenar, no respaldar explícitamente a las víctimas y no tomar distancia de los funcionarios o aliados señalados.
En un país donde los niveles de impunidad en violencia de género superan el 90 %, la frase se interpretó como una señal política elocuente: no intervenir, no incomodar a los cercanos, no reconocer públicamente el peso de las denuncias.
Las palabras de Santos —“O hablo o me matan”— contrastan con las del presidente.
Entre tanto, el mundo político y ciudadano en general también reaccionó. Federico Gómez Lara, director de Cambio escribió: “Intento de feminicidio = peleas. Ok”.
Mientras que Ita María, reconocida activista feminista dijo: “Las violencias de género no son peleas ni asuntos privados y es deber de los estados garantizar a las mujeres vidas libres de violencia. Los feminicidios también ocurren porque la sociedad prefiere no meterse en “esas peleas”. Mirar a otro lado es parte del problema”.
El periodista Sebastián Nohra aseguró: “En dos líneas se entiende por qué todas las denuncias de maltrato contra hombres del gobierno terminaron en darles más poder”.
Mientras que Adriana Carolina Arbeláez Giraldo, congresista de Cambio Radical, aseguró: “Impresionante la empatía de Petro con una mujer que enfrentó violencia de género… “El cambio es con las mujeres o no será”. Bien pues ahí lo tienen… Vergonzoso”.
