Panorama caldeado para las marchas convocadas por Petro para este martes

16 de marzo de 2025

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No hay duda de que empezaron las elecciones de 2026 un año antes. El presidente Gustavo Petro decidió declarar este martes 18 de marzo como día cívico —así como el año pasado declaró día cívico el 19 de abril, su cumpleaños y fecha fundacional del M-19, guerrilla a la que perteneció— para que “la gente salga a marchar y sea el pueblo el que decida el futuro de la reforma laboral y de la salud”.

El Gobierno en pleno, apoyado en las centrales obreras, los maestros del sector público, movimientos sociales e indígenas, entre otros sectores afines, convocó marchas en todo el país para dar inicio a la campaña por la consulta popular y, de paso, medir el pulso en las calles para las elecciones legislativas de marzo y la primera vuelta presidencial de mayo en 2026. La maquinaria estatal, que incluye recursos de los contribuyentes, estará volcada a hacer campaña. Por eso, de entrada, varios gobernadores y alcaldes le pusieron el “tatequieto” al presidente Petro y no le caminarán al día cívico.

Uno de los mandatarios fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien señaló en la red social X que los servidores públicos de la capital antioqueña trabajarán de manera habitual el próximo martes y que incluso habrá clases en todos los colegios públicos así como los jardines Buen Comienzo operarán con normalidad.

“Como alcalde, solo puedo tomar la decisión en el sector público del Distrito, y eso hago: tenemos una gran responsabilidad con Medellín, la gente confía en nosotros y no vamos a parar. Que siga creciendo la economía. Que se sigan generando miles de empleos de buena calidad y bien pagos. No existe mejor política social que la generación de empleo”, escribió Gutiérrez en X.

En línea, trinó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien señaló que el gobierno regional ese día también trabajará con normalidad, pese a la declaratoria. De hecho, para el próximo martes está programado que se entreguen parte de las obras del Intercambio vial del Aeropuerto José María Córdova.

“Veremos dónde cae este nuevo globo. Esperemos que, vía decreto, no se nos imponga un día de vagancia. En Antioquia honramos el trabajo como camino de desarrollo y oportunidades”, señaló Rendón.

Lo mismo hicieron otros gobernadores y alcaldes que han expresado su oposición e independencia el Gobierno. Por ejemplo, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, quien anunció que tampoco se pararán las actividades en la capital de Santander: “Bucaramanga es una ciudad productiva, con deberes en el servicio ciudadano que no pueden parar, por eso el municipio no se acogerá al decreto del Día Cívico del Gobierno Nacional del próximo martes”, señaló en sus redes sociales. De igual forma, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, indicó que en la ciudad amurallada se trabajará común y corriente en las dependencias públicas.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, también escribió en sus redes que “este martes 18 de marzo, hospitales, colegios, servicios públicos y la administración municipal operarán con normalidad. Respetamos el derecho a la protesta pacífica, pero nuestra prioridad es que Cali avance con trabajo y resultados para los caleños”. Siguiendo con el Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro dijo que no ve necesario el día cívico, pues para ella la consulta popular pretende desconocer la autonomía del Congreso.

Precisamente, los ocho miembros de la Comisión Séptima del Senado —en donde se radicó la ponencia de archivo de la reforma laboral— han sido respaldados por sus respectivos partidos ya no solo por su postura sino porque algunos temen amenazas contra su seguridad.

Por ejemplo, el senador liberal, Miguel Ángel Pinto, dijo: “Mi vida y la de mis compañeros Ud. la ha puesto en peligro. Si algo nos ocurre, Ud. es el único responsable”, refiriéndose la presidente Petro que había publicado un mensaje diciendo que la Comisión Séptima y Pinto habían “traicionado al pueblo trabajador de Colombia y Santander”.

Una de las defensoras de Pinto fue la representante a la Cámara Lina María Garrido, segunda vicepresidenta de la corporación, perteneciente a Cambio Radical: “El irresponsable e inepto presidente Gustavo Petro ha puesto una lápida en la espalda del senador santandereano Miguel Ángel Pinto y en peligro la vida de su familia”, afirmó la congresista. “TODOS debemos rodear y proteger a los 8 Senadores que, en derecho y democracia, SALVARON al país de la desastrosa reforma laboral de Petro (sic)”, agregó.

Otros opositores al día cívico y a la consulta popular son sectores más de centro como la representante del Partido Alianza Verde Katherine Miranda, que señala que “ahora vamos por el hundimiento de la reforma a la salud”.

De igual, líderes empresariales tampoco le caminan al llamado del jefe de Estado y a sus reformas como Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco): “Destacamos el compromiso de este grupo de ocho valientes senadores, quienes comprendieron la urgencia de salvar 450 mil empleos y de preservar la viabilidad de miles de MyPimes, que conforman el 98% del tejido empresarial del país, las cuales ya sufren las consecuencias de la reforma tributaria”, dijo en redes sociales en donde también ha escrito otros mensajes contra el Gobierno.

Por el lado del Ejecutivo, los dos principales funcionarios encargados de impulsar las marchas del 18 de marzo son los ministros Antonio Sanguino (Trabajo) y Armando Benedetti (Interior). El primero, hace el puente con las centrales obreras como la Central Unitaria de Trabajadores CUT (CUT) en cabeza del sindicalista Fabio Arias, que estuvo presente durante la alocución presidencial cuando se anunció la consulta popular; también hacen parte la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y las Confederaciones de Pensionados CDP y CPC. En el caso de Benedetti y su cartera, se disponen ayudas a nivel logístico para movimientos sociales e indígenas que se movilizarán en Bogotá y en otras ciudades capitales.

Otra arista de quienes están detrás de las movilizaciones son la bancada del Pacto Histórico. No todos los congresistas tienen el mismo nivel de convocatoria, por eso el Gobierno puso a la senadora del partido MAIS, Martha Peralta, para articular al movimiento de la guardia indígena. En el caso de Fecode, el poderoso sindicato de maestros, uno de los interlocutores es Wilson Arias, senador del Polo Democrático, que también estuvo en la transmisión televisiva de hace algunos días. Otro congresista clave, que de hecho proviene del estallido social de 2022, es Alfredo Mondragón del Valle del Cauca que lidera y coordina movimientos juveniles y barriales que se sumarán a la convocatoria.

El anuncio de la consulta popular en la tarde del 11 de marzo se planeó en minutos, según fuentes de Presidencia consultadas por EL COLOMBIANO. El presidente Petro estaba muy molesto por el hundimiento de la reforma laboral y le dio la orden al ministro Benedetti de sacar del Gobierno a los funcionarios cercanos a esos parlamentarios y a la directora del Dapre, Angie Lizeth Rodríguez, le dio instrucciones de convocar a los líderes de centrales obreras, movimientos sociales, de la guardia indígena en Bogotá y algunos congresistas del Pacto Histórico a la Casa de Nariño de manera urgente. Allí se puso sobre la mesa ya no solo la idea de la consulta popular sino de salir a las calles. “Saldremos cada vez que sea necesario, presidente”, alcanzó a decir uno de los asistentes a la previa de la alocución presidencial.

Por eso, el Gobierno tuvo pocos días para planear la manifestación y algunos miembros del gabinete dicen en voz baja que es una medida improvisada. Se ha criticado que los días cívicos podrían ser un derroche de dinero público pues según datos de 2024, la nómina estatal cuesta $60 billones al año, es decir $165.000 millones de pesos por día.

Incluso, más allá de las movilizaciones del 18 de marzo, llevar a buen puerto la consulta popular no será sencillo pues Petro tiene que conseguir que salgan a votar 13’654.457 personas de las cuales 6’827.229 deben votar que sí en cada pregunta planteada, según datos de la Registraduría.

“La primera pregunta que se hará en la consulta popular es si el día termina a las 6:00 p.m. de la tarde”, dijo hace algunos días en la red social X y luego profundizó en un discurso desde la Sierra Nevada: “Que todo trabajo que se realice después las seis de la tarde deba tener un recargo, porque son horas extras (…) Lo mismo si se trabaja sábado y domingo”.

Sin embargo, la estrategia de mostrar por pedazos lo que el Gobierno considera son los beneficios de las reformas laboral y la salud para empezar a promover la consulta, sigue siendo una idea improvisada. En los cálculos del Ejecutivo, según fuentes consultadas por este diario, no estaba previsto que ocho senadores se pusieran de acuerdo para firmar una ponencia de archivo a la reforma. Ni el ministro del Interior, Armando Benedetti, un veterano exparlamentario, alcanzó a atisbar la movida. “Nos cogió por sorpresa. Teníamos pensado algo totalmente diferente, por eso no hemos pensado en retirar la reforma a la salud”, le dijo a este diario bajo reserva una fuente del entorno de Benedetti.

El presidente Petro ha expresado con molestia en los últimos consejos de ministros que no iba a tolerar “dobles agendas” de los funcionarios que quisieran ser candidatos. Pero ahora, en el ocaso de su mandato, el propio Petro es el primer “candidato”, convirtiendo la consulta popular en un vehículo para navegar aguas que le son más cómodas: la agitación en las calles, el discurso en plaza pública y la disputa por la narrativa. “El bloqueo institucional es una dictadura contra el voto popular y al bloqueo institucional se le responde con democracia real”, dijo el mandatario cuando anunció la consulta popular. Sirvió parcialmente. El país dejó de hablar de los chats del exministro Luis Carlos Reyes con el ministro del Interior, Armando Benedetti, en los que este último le pedía cuotas para puestos estratégicos de la Dian. O de las denuncias sobre el contrabandista Diego Marín alias Pitufo y su influencia en el poder político, judicial y policial.

En este caso, el mandatario sabe que está en juego su legado pues de las grandes reformas que prometió solo ha salido adelante la reforma pensional que peligra en la Corte Constitucional si prospera la revisión de errores de trámite. Mientras tanto, queda poco margen de maniobra porque ya han pasado más de dos años y medio y el desgaste del Gobierno es notorio. En palabras del exministro de Educación, Alejandro Gaviria, “impulsar reformas en el Congreso es importante, pero gobernar de vez en cuando también”. Quizá por ese desgaste, dicen fuentes de Presidencia, Petro está haciendo una apuesta ambiciosa, pero también improvisada que ha despertado oposición de diversos sectores, incluyendo gobernadores y alcaldes.