Ortega y Murillo crean procuraduría anticorrupción
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- agosto 6, 2025
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En una vuelta de tuerca a la dinámica política de Nicaragua, la Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, presentó una iniciativa para crear la Procuraduría General de Justicia, un nuevo órgano supuesto con la misión de combatir la corrupción.
Sin embargo, este anuncio ha generado un profundo escepticismo, ya que se produce en un contexto de purgas internas y persecución política a figuras que, hasta hace poco, eran consideradas incondicionales de la dictadura.
La codictadora Rosario Murillo, en sus declaraciones habituales a través de medios oficialistas, celebró la iniciativa como un paso para fortalecer las acciones contra aquellos que se atrevan a cometer corrupción sin el aval de la dictadura.
Murillo amenazó en que actuarán contra los que el régimen acuse de corrupción, “sin importar quién sea el responsable” y “será sancionado con las máximas penas establecidas en nuestros códigos”.
Las palabras de Murillo contrastan fuertemente con la realidad que vive el país, donde la corrupción sistémica y la falta de transparencia han sido denunciadas por organizaciones internacionales y activistas.
La Procuraduría General de Justicia estará integrada por la actual Procuraduría General de la República (PGR), incorpora el Ministerio Público “y otros organismos que cumplan funciones similares para garantizar el resguardo del patrimonio nacional del Estado”.
Purgan a sus fieles
La creación de esta nueva procuraduría se interpreta como un movimiento estratégico del régimen para consolidar aún más su control y, al mismo tiempo, legitimar la persecución a sus propios aliados, caídos en desgracia.
En los últimos meses, la dictadura ha arremetido contra figuras históricas del sandinismo, como el asesor presidencial y excomandante Bayardo Arce y Lenín Cerna, operador político y exdirector de la temida Seguridad del Estado en la década de los 80, quienes hasta hace poco gozaban de un poder e influencia considerables.
Estas purgas se han llevado a cabo bajo acusaciones veladas de corrupción y deslealtad, sin el debido proceso legal, lo que evidencia un patrón de uso selectivo de la justicia para eliminar a rivales internos.
La nueva Procuraduría General de Justicia se visualiza como una herramienta más para la represión y la consolidación del poder totalitario. La iniciativa, lejos de ser un avance en la lucha contra la corrupción, podría servir como una fachada para justificar futuras persecuciones y expropiaciones, dirigidas a aquellos que el régimen considera una amenaza.
