Operativo contra la minería ilegal en Nechí dejó 10 heridos: 4 policías y 6 mineros

Una intensa confrontación entre miembros de la fuerza pública y habitantes de la zona rural de Nechí se registró este martes 2 de julio, dejando un saldo de diez personas heridas: seis civiles y cuatro policías. Los hechos ocurrieron en la vereda Puerto Nuevo durante un operativo de la Policía contra la minería ilegal.

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El procedimiento, liderado por unidades de la Policía de Carabineros y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) —antes conocido como Esmad—, tenía como objetivo la destrucción de maquinaria utilizada para la extracción ilícita de oro en el río Nechí. Durante la intervención, fueron destruidas seis dragas, cinco excavadoras y dos motores industriales.

Como resultado del violento enfrentamiento, seis habitantes resultaron heridos. Tres de ellos fueron trasladados al hospital de Nechí y los otros tres a Caucasia para recibir atención de mayor complejidad, aunque todos se encuentran estables y fuera de peligro. Entre las lesiones de los civiles se reportaron una fractura en la muñeca, un trauma en el pecho y una lesión en un dedo. Los cuatro policías de la UNDMO también sufrieron contusiones y lesiones menores, siendo remitidos a Caucasia.

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Frente a lo ocurrido, la alcaldesa de Nechí, Yumaris Henríquez, emitió un comunicado oficial expresando su rotundo rechazo a los hechos violentos y su solidaridad con las víctimas. La mandataria enfatizó que, si bien los operativos deben ser respetados, “cualquier fin legalmente protegido pierde vigencia si, en su búsqueda, se sacrifica o se pone en peligro la vida”.

Henríquez subrayó que “la consolidación de la paz territorial inicia con la defensa fuerte de la vida y los derechos humanos”. Desde la Alcaldía de Nechí, se exige el respeto de las garantías fundamentales por parte de todos los actores y se manifiesta la voluntad institucional de “liderar y apoyar los escenarios democráticos y dialógicos para la concertación de soluciones estructurales” en las comunidades afectadas. La alcaldía advirtió sobre la necesidad de que las actuaciones de la fuerza pública estén sustentadas en el respeto por los derechos humanos, la legalidad y los principios democráticos.

Por su parte, líderes comunitarios manifestaron su inconformidad con la intervención, asegurando que el Gobierno ha incumplido acuerdos recientes sobre procesos de formalización minera. Consideran que estas acciones violentan los derechos de quienes dependen de la actividad minera para su supervivencia. La inconformidad de los mineros informales radica en el “poco nivel de compromiso por parte del Gobierno nacional” para cumplir los pactos frente a estos operativos y los procesos de formalización.