ONG documenta 60 muertes bajo custodia estatal en Cuba en un solo año

CDMX, México. – Sesenta personas privadas de libertad murieron bajo custodia del Estado cubano entre marzo de 2024 y marzo de 2025, según el segundo informe anual del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), programa de la asociación civil Iniciativa para la Investigación y la Incidencia. El reporte, titulado Lo que cuentan los números, precisa que 47 de los decesos se vinculan con problemas de salud física o mental y falta de atención oportuna, y siete con violencia física directa. También subraya que no hay evidencias de pesquisas ni sanciones por estos hechos.

En el período examinado, el CDPC registró 1.858 eventos relacionados con personas encarceladas en Cuba; 1.330 de ellos fueron catalogados como violaciones de derechos humanos, lo que —a juicio de la organización— revela un patrón sostenido de violencia institucional y un deterioro crítico de las condiciones penitenciarias. 

“Cada violación documentada en este informe fue verificada conforme a las Reglas Mandela de las Naciones Unidas y otros estándares internacionales de derechos humanos. La magnitud, sistematicidad y gravedad de los hallazgos confirman una brecha crítica entre los compromisos internacionales asumidos formalmente por el Estado cubano y la realidad que enfrentan las personas privadas de libertad en las prisiones del país”, declaró Camila Rodríguez, directora del CDPC.

El informe identifica 44 tipologías de violaciones. Las más frecuentes fueron hostigamiento y represión (1.045 casos), negación de atención médica (402), condiciones inadecuadas de vida (297) y deficiencias alimentarias (224). El CDPC describe la persistencia del aislamiento prolongado, los traslados punitivos y el trabajo forzoso sin remuneración o bajo amenaza. 

También documenta métodos de tortura como “la cama turca”, “la bicicleta” y el uso de “shakiras”, grilletes que inmovilizan por completo a las personas.

Las condiciones materiales en las prisiones, de acuerdo con el informe, alcanzan niveles de infrahumanidad: desnutrición extendida, agua contaminada, hacinamiento severo y ausencia de atención médica o de medicamentos esenciales. El CDPC añade que, en algunos de los 60 fallecimientos, familiares no pudieron acceder a los cuerpos ni a los informes forenses, vulnerándose protocolos internacionales aplicables a muertes potencialmente ilícitas.

El capítulo sobre discriminación estructural señala que, de 545 personas identificadas como víctimas directas, 329 estaban encarceladas por motivos políticos. Se registraron, además, 244 denuncias colectivas que afectaron a poblaciones completas dentro de centros penitenciarios. Entre las víctimas individuales, el informe consigna 41 mujeres, 175 personas afrodescendientes o mestizas, 99 con enfermedades crónicas, 37 con problemas de salud mental y nueve con discapacidades, grupos que —advierte el CDPC— enfrentan niveles agravados de violencia, exclusión y castigo.

El documento remarca que la verificación de casos se realizó conforme a las Reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas, estándar mínimo internacional para el tratamiento de personas privadas de libertad.

En su llamamiento final, la organización pidió vigilancia sostenida de la comunidad internacional, instó a exigir la ratificación por parte de Cuba del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT) y promovió la creación de mecanismos independientes de supervisión y rendición de cuentas. 

“El sistema penitenciario cubano es hoy un espacio de degradación humana y represión política. No se trata de fallas aisladas, sino de una política estructural de castigo y silencio que requiere una respuesta internacional firme”, concluyó Rodríguez.