“No tenían nada contra él”: Juicios ejemplarizantes en Cuba

SANTIAGO DE CUBA, Cuba.- El pasado 22 de septiembre, medios oficiales cubanos anunciaron el inicio del IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, una estrategia estatal que incluye operativos policiales, controles en el transporte y un incremento de los llamados juicios ejemplarizantes. Estas audiencias públicas, concebidas para “educar” a la población, son presentadas como parte de la ofensiva contra el narcotráfico y otros delitos de alto impacto social.

Sin embargo, detrás de la retórica oficial, la medida plantea serias dudas jurídicas y éticas. Lo que el Estado presenta como herramienta de prevención, expertos lo señalan como una violación flagrante de los derechos humanos.

El caso de Pedro: condenado sin pruebas

En enero de 2024, Julio y Ana fueron arrestados en un ómnibus procedente de Santiago de Cuba, a la entrada de La Habana. A Julio le ocuparon dinero en efectivo; a Ana, unos tres gramos de cocaína. Ambos fueron trasladados a la unidad de 100 y Aldabó, donde comenzaron a colaborar con la policía. En medio de esa dinámica, Pedro, residente en La Maya, fue detenido semanas después, señalado por las declaraciones de los otros implicados.

No se le ocuparon drogas, dinero ni otras evidencias. Su primo, entrevistado por CubaNet, asegura que “no tenían nada contra él”. Pese a ello, fue trasladado a la capital y permaneció preso durante meses sin acusación formal, en una detención que su familia calificó como arbitraria.

En mayo de 2025, tras más de un año en prisión preventiva, Pedro fue presentado en un juicio colectivo ejemplarizante. El tribunal lo condenó a 18 años de cárcel por tráfico internacional de drogas, sanción incluso superior a la de los otros dos procesados: 15 años para Julio y 13 para Ana. Fue juzgado como autor principal del delito, a pesar de que la evidencia era circunstancial y a que, según juristas, un habeas corpus —previsto en el artículo 96 de la Constitución cubana (2019) — habría debido prosperar para frenar la arbitrariedad desde un principio.

La mirada de los expertos

La abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, ha sido contundente: “Sí es una violación. Nosotros lo estamos criticando desde la época de la COVID, porque es un prejuzgamiento. Es también una violación de la garantía del debido proceso, puesto que muchos de estos juicios se transmiten en televisión, cuando eso es ilegal. Aunque los juicios pueden ser abiertos al público, no deberían transmitirse. Se viola el derecho a la presunción de inocencia, además de difundir imágenes de personas que nunca dieron su consentimiento”.

El señalamiento de Diversent se alinea con el marco legal cubano. La Constitución de 2019, en su artículo 95, reconoce el derecho de toda persona a obtener de los tribunales “la restitución de los derechos” y la reparación en caso de violación. La Ley de Proceso Penal (2021) también establece garantías para un juicio imparcial (Ley 143, 2021).

Además, Cuba es firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 14 protege el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia (OHCHR). La práctica de juicios ejemplarizantes contradice de manera abierta esos compromisos.

Más revancha que justicia

Lejos de fortalecer la legalidad, los juicios ejemplarizantes parecen diseñados para sembrar el miedo y legitimar el castigo. Más que impartir justicia, buscan generar revancha social. En distintas localidades, ciudadanos han llegado a golpear o humillar públicamente a presuntos delincuentes, con la pasividad —e incluso la complacencia— de las autoridades.

Este clima de linchamiento público, reforzado por los tribunales y los medios estatales, erosiona la convivencia civil y normaliza la violencia como respuesta.

El IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito ha retomado viejas prácticas que, lejos de educar, solo profundizan la desconfianza en el sistema judicial cubano. La historia de Pedro* revela cómo, en Cuba, la lógica del escarmiento puede pesar más que las pruebas, y cómo la legalidad queda subordinada a un discurso de disciplinamiento social.

Cuba, su dignidad y la convivencia de sus ciudadanos merecen más que juicios que incitan al miedo y a la revancha colectiva.

 Nota: Los nombres de los implicados fueron cambiados para proteger sus identidades.