Negación de derechos, amenazas y acoso contra el preso político Alexander Díaz Rodríguez

Negación de derechos, amenazas y acoso contra el preso político Alexander Díaz Rodríguez

  • Cuba
  • abril 16, 2025
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Por orden de la Seguridad del Estado, para el recluso no habrá beneficios en el campamento, según le informó un oficial.

LA HABANA, Cuba. – Funcionarios del Campamento de Prisioneros 25, en la localidad pinareña Sandino, impiden trabajar al preso político Alexander Díaz Rodríguez, según denunció vía telefónica el propio activista el viernes 11 de abril. 

El manifestante del 11J dio a conocer que hasta inicios del mes de febrero se encontraba laborando en la lavandería de ese centro penitenciario ―clasificado como de régimen “abierto”―, a unos cinco kilómetros de la prisión de máximo rigor Combinado de Sandino. 

Según explicó, el día 5 de ese mes “el primer teniente Mario”, agente de la Seguridad del Estado pinareña a cargo de hostigarlo, lo abordó para proponerle colaborar con el aparato represivo. Díaz Rodríguez se negó alegando que “sus principios no son negociables”, a lo cual el agente ripostó: “Tú vas a ver que sí lo son”. 

Inmediatamente después de ese encuentro, según relata el activista, se le prohibió seguir realizando su trabajo. Aparejado a ello su libertad de movimiento dentro del campamento quedó considerablemente restringida, pues al no permitírsele trabajar tampoco tiene permiso para circular por el área abierta. 

Otra consecuencia de esa represalia es que sin trabajo el prisionero político no recibe salario, por lo tanto no dispone de medios para trasladarse ni dinero para subsistir cuando sale de pase. 

Como castigo adicional también se le anuló la rebaja de sanción, pues según le informó el director de la unidad, teniente coronel Daniel Vargas, “por orden de la Seguridad del Estado para él no podía haber trabajo ni beneficios en el campamento”.  

Además de lo anterior, Díaz Rodríguez denunció que el jueves 10 de abril “el primer teniente Mario” se presentó en el centro penitenciario acompañado por otro oficial que se identificó como “primer teniente Ernesto del Departamento 21 de la Seguridad del Estado”. Este último le dio varios golpes y manotazos fuertes por los hombros al tiempo que lo ofendía y lo amenazaba para provocarlo. 

De acuerdo con el manifestante del 11J, mientras lo zarandeaba el uniformado le repetía que no le iban a dar trabajo y que tenía que “cuadrar” con ellos, que le iban a quitar el teléfono, que le iban a revocar su condena para régimen cerrado sin derecho a visitas, y que si no “cuadraba” con ellos no iba a salir de prisión. 

En este sentido el abogado Alain Espinosa, del Centro de Información Legal Cubalex, aclara que de acuerdo con la legislación penal vigente en el país, “si ya está en un régimen de menor severidad la única autoridad competente para disponer la regresión a un régimen de mayor severidad es el tribunal que lo sancionó en primera instancia (…), ni la autoridad penitenciaria ni la Seguridad del Estado lo puede hacer y en caso de que lo disponga el tribunal lo debe hacer mediante resolución contra la que se puede establecer recurso de súplica”. 

Sobre el actuar de los militares, el especialista puntualizó además que “en este caso han incurrido en al menos tres delitos: abuso de autoridad, prevaricación y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, y continuó: “Este último delito es además una violación de un derecho regulado en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, y además hay que señalar que el trato al que ha sido sometido Alexander Díaz (…) constituye una forma de agravar el sufrimiento inherente a la privación de libertad, proceder expresamente prohibido en las reglas Mandela”. 

Alexander Díaz Rodríguez, de 45 años de edad y técnico medio en gastronomía, es natural de la provincia Artemisa. Fue golpeado y apresado el 11 de julio de 2021 mientras participaba en la protesta pacífica que tuvo lugar ese día en su localidad, después de lo cual fue condenado a seis años de cárcel por los supuestos delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos. 

El prisionero político acusa un depauperado estado físico debido a una patología cancerosa para la cual no ha recibido en cautiverio ningún tipo de tratamiento ni cuidados paliativos.

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