MinSalud instala mesa técnica para definir UPC en medio de críticas de exministros

Este jueves 20 de marzo el Ministerio de Salud instaló oficialmente la mesa de trabajo que tendrá la tarea de revisar los recursos que el Estado le gira a las entidades promotoras de salud (EPS) para la atención de sus afiliados —que es la unidad de pago por capitación, conocida como UPC— de 2024, 2025 y de los años siguientes, así como de los valores fijados para 2021, 2022 y 2023. El valor de esta prima ha sido origen de debate durante todo el Gobierno de Gustavo Petro, pues considerar que ha estado “sobreestimada”.

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Durante la instalación, que fue transmitida por las redes de la cartera, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, insistió en que no hay datos suficientes para determinar que la UPC es insuficiente. Así mismo, expuso varios reportes de prensa y de entes de control —como la Procuraduría y la Contraloría— para mostrar los escándalos de corrupción sobre malos manejos de los dineros de salud por parte de algunas EPS.

Al final de su intervención, el ministro dijo que este espacio “se convierte en lo que yo he denominado “el tribunal de la verdad de la salud”. Aquí vamos a saber cuál es la verdad. Están ustedes aquí no para que mañana nos digan ‘sí, hay que aumentar tanto’ o ‘no, estamos de acuerdo que no hay que aumentar’ o ‘es sufiente’. Aquí el tribunal tiene que decir qué es lo que le está pasando verdaderamente a la salud”.

“Queda formalmente instalada está mesa para que verdaderamente podamos saber qué es lo que sucede en la salud. No solamente si hay que aumentar o no la UPC, sino que sepamos qué está pasando con los recursos de la salud en este país, qué es lo que ha pasado, en dónde están quedándose”, agregó.

Finalmente, anunció que la mesa técnica la va a presidir el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez Saldarriaga.

En la mesa técnica participarán el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres), la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Salud; así mismo, harán presencia las aseguradoras y las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y las agremiaciones que las reúnen, organizaciones de pacientes y el sector académico, quienes tendrán que designar sus representantes.

Diecinueve exministros de Salud advirtieron este miércoles que la definición de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) 2025, establecida en la resolución 2717 de 2024, incumple los requisitos técnicos y legales exigidos por la Corte Constitucional, compromete la financiación suficiente del sistema de salud colombiano y afecta directamente la calidad de los servicios para millones de pacientes, al tiempo que exigieron al Gobierno un debate basado en evidencia y el cumplimiento estricto de la ley.

El grupo de exministros señaló que la resolución 2717 de 2024, emitida por el Ministerio de Salud, se adoptó sin los estudios actuariales y financieros que ordena la normativa vigente, lo que vulnera principios de legalidad, transparencia y eficiencia en el gasto público.

Según explicaron, esta ausencia de rigor técnico genera una insuficiencia de recursos que compromete la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Juristas consultados concluyeron que la medida incurrió en falsa motivación y debilitó la seguridad jurídica del proceso.

Los exfuncionarios destacaron que la ley y la Constitución obligan al Estado a garantizar una financiación adecuada para la atención en salud, lo que implica decisiones respaldadas por análisis precisos sobre las necesidades de la población y los costos reales de los servicios médicos. Ignorar estos fundamentos, afirmaron, pone en jaque el acceso oportuno a la salud y la calidad de la atención.

Por otro lado, la Fundación para el Estado de Derecho interpuso una demanda ante el Consejo de Estado que busca que esta se declare nula, argumentando que fue expedida irregularmente y con falsa motivación y porque “pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud y afecta a millones de colombianos”.

Hay que recordar que el pasado 31 de diciembre ese Ministerio explicó que estableció para ese incremento solo tuvo en cuenta la inflación registrada para noviembre de 2024 como consecuencia de —según dicen— la baja calidad, poca confiabilidad e inconsistencias de la información reportada por entidades promotoras de salud (EPS).

Ante esto, la Fundación para el Estado de Derecho cuestionó que ese incremento fue calculado sin considerar factores clave como la siniestralidad, las inclusiones tecnológicas y el rezago en el cálculo. Así mismo, recordó que esa decisión ha sido objeto de críticas y preocupación por parte de expertos del sector de la salud, de gremios y de organizaciones de la sociedad civil.

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