Mientras se oculta en Nicaragua, Fiscalía pidió cárcel para Carlos Ramón

Cuatro horas le tomó a la fiscal María Cristina Patiño perfilar a Carlos Ramón González. Quien no lo conociera ni supiera el peso político que ha tenido en Colombia podría pensar que se trataba del más avezado criminal: un maestro de las trampas, de las alianzas oscuras y cerebro de uno de los saqueos más vergonzosos al Estado en los últimos años.

Lea más: Fact check | ¿Por qué Petro es impreciso al afirmar que un juez ordenó repetir la votación de la consulta popular?

Las mismas cuatro horas que el influyente político, hoy caído en desgracia, mantuvo su cámara encendida, en silencio, sin inmutarse.

Desde la habitación de algún lugar de Managua, Nicaragua, donde se oculta, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) compareció a la audiencia en la que la Fiscalía, sin guardarse un solo detalle de su posible actuación ilegal, pidió que fuera enviado a prisión.

“Carlos Ramón González, presente para oír esta audiencia”, fueron las únicas palabras que pronunció el político. Su trayectoria es hoy una paradoja: surgió como insurgente, en los años 80, cuando fue escolta del M-19, la misma guerrilla a la que perteneció el presidente Gustavo Petro. Décadas después, cae señalado como presunto criminal, no por alzarse contra el Estado, sino por haber delinquido desde sus entrañas, como parte de la red corrupta que se enquistó en la UNGRD.

Entérese: La paradoja del poder: Petro desafía al sistema democrático y se declara “preso de la oligarquía”

Pasó de estar en la cúspide del poder político en Colombia a convertirse, dentro de poco, en prófugo de la justicia. La Fiscalía lo acusa de haber usado, presuntamente, su influencia de más de 30 años para crear una empresa delincuencial que sobornó la gobernabilidad del Congreso con dineros extraídos de contratos destinados a la atención de emergencias naturales.

“Carlos Ramón actuó con dolo directo, en la medida en que conocía los hechos constitutivos de la conducta punible. Usted (Carlos Ramón) sabía que ofrecía a Name y Calle contratos y luego dinero en efectivo, y que, a cambio de esto, apoyarían los intereses del Gobierno. Determinaba al entonces director de la UNGRD al ordenarle, contrariando el ordenamiento jurídico, la entrega de la coima”, afirmó la fiscal.

Carlos Ramón, según la Fiscalía, representa un peligro para la sociedad. La delegada dejó claro que el exfuncionario no necesita ocupar un puesto en el Gobierno para influir o afectar la investigación por el robo a la UNGRD. El poder, sostuvo el ente investigador, lo obtuvo durante las más de tres décadas como estratega político, desde su propio partido.

“Carlos Ramón tiene la facilidad de realizar desplazamientos de manera inesperada, de no cumplir con protocolos oficiales, lo cual hace altamente probable que se mantenga oculto o desaparezca con el fin de no comparecer al proceso. Por ello, la Fiscalía considera urgente, necesaria, idónea y proporcional la medida de aseguramiento requerida, pues solo esta garantiza en mayor proporción la protección de la comunidad, evitando la continuidad del desfalco al erario y su eventual no comparecencia”.

El panorama para el acusado no es el mejor. En la audiencia, la Fiscalía reveló audios que ni siquiera la defensa conocía. “Señor juez, necesito tiempo para analizar los audios que escuchamos hoy”, dijo Iván Cancino, defensor de González.

Se refería a las grabaciones de los interrogatorios de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, ante la Fiscalía. En las grabaciones, López, quien ya aceptó su responsabilidad en los hechos de corrupción, asegura que recibió instrucciones directas de González para desviar millonarios recursos públicos a través de contratos amañados con fines políticos.

“La orden fue directa del doctor Carlos Ramón. La situación en el Congreso para la aprobación de los proyectos estaba compleja. Recibí la orden de entregarle dinero a Iván Name y Andrés Calle. Es una sola orden que recibo, y tal como la recibí, la transmití a Sneyder Pinilla”, afirmó López en uno de los audios.

Según la Fiscalía, los recursos entregados a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara, respectivamente, habrían sido parte de un acuerdo ilícito para asegurar votos favorables en proyectos legislativos clave para el Gobierno nacional.

El exdirector de la UNGRD detalló que, en un principio, la oferta consistía en contratos por 60.000 millones de pesos, pero que posteriormente habría recibido una supuesta instrucción de González para transformar esa entrega en dinero en efectivo: tres mil millones de pesos para Iván Name y mil millones para Andrés Calle.

“Carlos Ramón González solicitó a Olmedo López variar la oferta a una suma en efectivo, recursos que serían obtenidos de la contratación directa de la UNGRD. Para ello, acordó con López encuentros con los parlamentarios mencionados, reuniones que efectivamente se llevaron a cabo”, sostuvo la fiscal delegada María Cristina Patiño.

Olmedo López también hizo referencia a la forma en que se organizaban estos encuentros, supuestamente en instalaciones de la Casa de Nariño, aprovechando los espacios previos a los consejos de ministros.

“Nos reuníamos antes de los consejos de ministros. Llego a Palacio y me encuentro con el doctor Carlos Ramón en su despacho, en el tercer piso. Las citas eran por voz a voz, muy puntuales”, relató López ante la Fiscalía.

Para el ente acusador, existen pruebas contundentes que demuestran la responsabilidad de Carlos Ramón en los hechos de corrupción. Su presunta responsabilidad estaría demostrada, además del material probatorio, en su decisión de salir del país en noviembre pasado, cuando empezaron a caer otros implicados.

“Cuando se empezaron a vincular procesalmente otros procesados a este macrocaso, abandonó el país, lo que permite afirmar que no cuenta con un arraigo en nuestro territorio”, dijo la fiscal.

Algo tienen claro en la Fiscalía y es que Carlos Ramón no tiene intención de regersar a Colombia y se mueve ágilmente entre varios países.

“Salió del país hace más de seis meses, carece de asentamiento permanente en un lugar determinado que le permita a la Administración de Justicia su ubicación real y material, ni su comparecencia real e inmediata. Pues fíjese que en la audiencia de formulación de imputación, Carlos Ramón González Merchan no informó a la Judicatura su lugar de ubicación como lo exige la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia”.

La delegada, insistió además en la necesidad de que sea cobijado con medida de aseguramiento: “Si bien la comparecencia virtual cumple con los requisitos mínimos procesales, lo cierto es que desde el punto de vista operativo y práctico impide cualquier medida coercitiva, como la captura, ya que el procesado no se encuentra a disposición física del Estado. En términos estrictamente procesales, el acusado está presente de forma remota, pero no cuenta con presencia corporal que permita eventualmente su conducción inmediata a un centro de reclusión en caso de que así lo ordene su señoría”, manifestó la delegada.

La decisión sobre la medida de aseguramiento la tomará el Tribunal Superior el próximo martes 17 de junio, desde las nueve de la mañana.

Las víctimas solicitaron que la audiencia se lleve a cabo de manera presencial. Sin embargo, el magistrado apeló a la lógica: “No ven que el señor González no planea regresar al país”.