Más de 700.000 personas afectadas por choques entre ELN y disidencias de FARC

La guerra intestina que protagonizan las otrora guerrillas de izquierda en Colombia, hoy devenidas en grupos criminales dedicados principalmente al narcotráfico, ha dejado un saldo de casi 700.000 personas afectadas en los primeros meses de 2025. Esto sigue teniendo lugar en el Catatumbo, zona fronteriza con Venezuela que se disputan el ELN y una de las disidencias de la FARC.

La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas aseguró ayer que más de 695.000 personas se vieron afectadas entre los meses de enero y febrero. Dado que los enfrentamientos armados prosiguieron en el Catatumbo en marzo, e incluso se recrudecieron en los últimos días, es previsible que la cifra se ubique ya por encima de las 700.000 personas, incluyendo habitantes de pueblos originarios y campesinos pobres que habitan esta región.

Ante la ola de violencia, básicamente originada por el control del territorio de un paso estratégico de drogas hacia Venezuela, se registraron desplazamientos masivos, confinamientos y restricciones a la movilidad, a lo que se sumaron desastres naturales. OCHA le ha solicitado al Gobierno del presidente de izquierdas Gustavo Petro una actuación gubernamental más decidida para atender a las víctimas civiles y detener la ola de violencia que no ha cesado.

De acuerdo con El Espectador, los enfrentamientos ocurren entre hombres armados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que aparentemente se movilizaron a inicios de año desde el Arauca, también fronterizo con Venezuela, para disputar el territorio del Catatumbo al Frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —Ejército del Pueblo (FARC-EP)—, una de las varias escisiones que vivió la más antigua guerrilla colombiana a partir de 2016.

Tras la firma del acuerdo de paz en Cuba con el Gobierno del conservador Juan Manuel Santos en 2016, las FARC se dividieron entre quienes ingresaron a la vida civil para actuar en la política colombiana y quienes decidieron no abandonar las armas ni el control de territorios estratégicos para seguir vinculados a la producción y tráfico de drogas, así como a la trata de personas y el cobro de extorsiones en zonas rurales. Aquellos que no se acogieron al acuerdo de paz, a su vez, se dividieron entre varias facciones.

Hace exactamente dos meses, como reseñó DIARIO DE CUBA, el presidente Petro, quien fue un antiguo guerrillero del M19, dio por terminado el proceso de diálogos con el ELN y ordenó atacar militarmente a los integrantes de este grupo, que en sus orígenes se identificaba con la figura del Che Guevara y que históricamente ha contado con apoyo del régimen castrista de La Habana.

Desde entonces se han hecho comunes los partes militares que reportan enfrentamiento o bajas del ELN. Este domingo, al menos cuatro integrantes de la otrora guerrilla guevarista del ELN murieron este domingo en una operación militar ejecutada en una zona rural del municipio de Tibú, en la convulsa región colombiana del Catatumbo, según informaron fuentes castrenses.

Tal decisión, así como acciones armadas de disidencias de las FARC (argumentando un carácter defensivo), han terminado de echar por tierra la posibilidad de que Petro pueda concluir su presidencia con un acuerdo de “paz total” como ofreció en su campaña y en la primera atapa de su gobierno. Estudiosos de la violencia en Colombia consideran improbable que el mandatario izquierdista logre en los últimos 17 meses de gestión acuerdos con todos los grupos en armas, como había prometido.

Petro, además de ordenar acciones militares en respuesta a la crisis que se registra en el Catatumbo, dio un giro radical en su discurso público en relación a los grupos irregulares. El mandatario ha denunciado abiertamente que lo que está en disputa es el tráfico de drogas, un asunto que había minimizado en aras de construir espacios de diálogo con estos grupos, que si bien en su origen tuvieron banderas políticas e ideológicas, en los últimos años son básicamente organizaciones criminales, como ha documentado Insight Crime.

«Esta situación representa la mayor crisis humanitaria reportada en la región del Catatumbo en al menos tres décadas. Entre los afectados se encuentran al menos 4.400 refugiados y migrantes, así como más de 80 civiles asesinados, incluidos líderes sociales y seis excombatientes de las FARC-EP«, alertó la OCHA.

A inicios de este mes, el presidente Petro aseguró que el cultivo de la hoja de coca en la región es una de las causantes que explican la violencia y propuso un plan de recuperación para el Catatumbo. Uno de los objetivos del plan es la eliminación de aproximadamente 25.000 hectáreas de hoja de coca en la zona. Algo que equivalente a poco menos del 50% de las plantaciones existentes.

Los enfrentamientos entre el Frente 33 de la disidencia de las antiguas FARC y el ELN persisten en el Catatumbo, de acuerdo con denuncias de varios habitantes que publicó El Espectador. «Hay combates casi a diario en este punto, no hemos podido movilizarnos, estamos confinados desde el jueves», dijo este lunes un vocero comunitario en Tibú, una de las zonas donde más se han presentado enfrentamientos.