Malversaron más de medio millón: el juicio de dos funcionarias de Vivienda en Matanzas

AREQUIPA, Perú – El Tribunal Provincial Popular de Matanzas condenó el pasado jueves a dos ciudadanas cubanas quienes fueron directora e inversionista de la Dirección Municipal de Vivienda en Cárdenas, por falsificar documentos y malversar más de medio millón de pesos.

Según resume el periódico estatal Girón, la acusada A (ex directora), concertó un contrato con un trabajador por cuenta propia (TCP), para la rehabilitación de edificios multifamiliares y ciudadelas, obviando al Comité de Contratación de la unidad y sin previa licitación.

Dicha funcionaria no precisó tampoco el objeto de obra, el responsable de suministro, los representantes del prestador y del cliente, los términos de garantía, el cronograma de ejecución, la relación de personas autorizadas por el prestador y el cliente para suscribir las actas de conformidad y aceptación y los materiales.

El acuerdo supuestamente asignaba al TCP la reparación del edificio multifamiliar ubicado en el Reparto 13 de Marzo, conocido popularmente como «el edificio del Transporte» y que poseía severos daños estructurales.

La acusada B (ex inversionista) era quien debía comprobar la calidad de ejecución de los trabajos de rehabilitación, pero, faltando a sus responsabilidades no exigió el expediente de obra, ni acudió al lugar para comprobar la calidad y estado de las acciones constructivas que se debían ejecutar, pese a lo cual certificó.

Ambas mujeres aceptaron la factura emitida por el TCP por un monto de 531.486, dando por hecho que los trabajos certificados coincidían con los ejecutados, cuando en realidad nunca se realizaron y por tanto, se procedió al pago de la referida suma de dinero.

Actualmente, aclara el reporte, el inmueble continúa en el mismo estado de deterioro pues ninguna acción constructiva se ejecutó.

Por todo lo anterior, el Tribunal decidió sancionar a la ex directora como la autora del delito de malversación con cinco años de privación de libertad, y a la ex inversionista como partícipe del hecho con cuatro años de privación de libertad, y como alternativa, trabajo correccional sin internamiento.

Asimismo, a las imputadas se les prohibió el ejercicio de cualquier profesión, cargo u oficio que lleve aparejado la administración, cuidado o disponibilidad de recursos materiales y financieros.

Los familiares de las dos exfuncionarias repusieron a la Dirección Municipal de Vivienda en Cárdenas la suma total del monto defraudado.