Los observatorios independientes elevan a siete las víctimas de feminicidio en Cuba en 2025

Los observatorios independientes de la sociedad civil cubana elevaron a siete las víctimas de feminicidio en la Isla en lo que va de 2025, con la verificación de dos nuevos hechos, ambos ocurridos en Camagüey.

El pasado 2 de febrero Cristina Guerra, de 54 años, fue baleada en su hogar en la comunidad de San Antonio, en el camagüeyano municipio de Vertientes, informó en su página de Facebook el Observatorio de Género de la revista feminista Alas Tensas (OGAT), que verificó los hechos junto a la plataforma Yo Sí Te Creo.

Aunque no ha sido identificado al autor de los hechos, la publicación de OGAT afirma que el asesinato se produjo «en condiciones que indican el sesgo de género», por lo que ambas organizaciones lo incluyen en su subregistro de feminicidios de 2025 en Cuba.

De acuerdo con la relación de los observatorios independientes Cristina Guerra sería la segunda cubana asesinada con un arma de fuego en el año y con apenas cuatro días de diferencia de la anterior.

OGAT y Yo Sí Te Creo habían verificado en febrero el feminicidio de Yaritza Chávez, ultimada el 28 de febrero por su pareja, en Ciego de Ávila. Al corroborar ese hecho, los observatorios cuestionaron «el uso de un arma de fuego industrial por parte de un civil», que consideraron muestra de «cambios alarmantes en un país donde solo están permitidas las armas de fuego para policías y militares».

OGAT también informó sobre la confirmación del feminicidio de Marialedys Abad Morgado, también corroborado de conjunto por ambas organizaciones. Esta víctima murió a manos de su expareja el pasado 8 de marzo en el municipio de Guáimaro, en Camagüey.

El presunto agresor se encontraba de pase de un correccional con internamiento adjunto a la cárcel Kilo 8 en el momento del asesinato. Fue capturado horas después.

OGAT y Yo Sí Te Creo enviaron sus condolencias a las dos hijas que sobreviven a Abad Morgado.

Con la verificación de los asesinatos de Guerra y Abad Morgado, las víctimas mortales de violencia machista en Cuba llegarían a siete, según el subregistro que realizan, con pocos recursos y bajo la persecución del régimen, los observatorios independientes de la sociedad civil.

Con el de Guerra, los feminicidios ocurridos en febrero ascenderían a tres, la misma cifra de los corroborados en enero. Hasta el momento, solo ha sido verificado uno en marzo.

Las provincias en las que más hechos de este tipo se han producido en 2025 son Holguín y Camagüey, con dos cada una. La Habana, Ciego de Ávila y Artemisa registran uno per cápita.

En estos momentos, los observatorios trabajan en la verificación de alertas de feminicidios en Artemisa, Matanzas y Santiago de Cuba.

OGAT y Yo Sí Te Creo pudieron verificar más de 50 asesinatos machistas en Cuba en 2024, año en el que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) incluyó por primera vez a la Isla en sus datos anuales sobre los feminicidios en la región, pero con números que no reflejan la dimensión real de la violencia machista en la Isla.

En noviembre del año pasado, el organismo multilateral fijó la tasa de estos crímenes en Cuba en 1,1 por cada 100.000 mujeres.

Sin embargo, teniendo en cuenta los 89 casos verificados por OGAT y Yo Sí Te Creo en Cuba en 2023 y que estas plataformas independientes han insistido en que son un subregistro, la tasa pasaría de 1,70, la tercera tasa más alta en la región, solo por detrás de Honduras y República Dominicana.

A finales de octubre el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) emitió sus observaciones sobre el noveno informe periódico de Cuba y requirió al Gobierno atención urgente a algunos asuntos sobre la situación de las mujeres en el país, por los que manifestó preocupación.

Entre las numerosas recomendaciones realizadas, el CEDAW alertó de «altos niveles de violencia de género, con un elevado número de feminicidios y agresiones, falta de refugios para víctimas, ausencia de una ley integral que cubra todas las formas de violencia».

«La falta de una ley integral y de refugios para víctimas aumenta el riesgo de explotación de mujeres afrodescendientes, rurales, con discapacidad y en situación de pobreza. También son insuficientes los esfuerzos para prevenir la explotación de las mujeres en áreas turísticas», apuntó el comité de Naciones Unidas.