Los millonarios salarios de negociadores en diálogos de paz congelados

En un momento en que Colombia vive una de las coyunturas más delicadas de los últimos años, marcada por una ola de atentados terroristas, ataques a la Fuerza Pública y el recrudecimiento de la violencia en zonas rurales y urbanas, el Gobierno del presidente Gustavo Petro renovó contratos con varios de los principales negociadores de la cuestionada política de “paz total”.

La medida llega en la recta final de su mandato, en un escenario en el que la estrategia de negociación con los grupos armados ilegales se ha convertido en uno de los puntos más criticados de su administración. A pesar de las múltiples advertencias sobre el deterioro de la seguridad, la Casa de Nariño decidió mantener vigente la nómina de delegados encargados de los diálogos con la guerrilla del ELN y con las disidencias de las Farc.

Lea aquí: 72 militares acabaron secuestrados en medio de asonada de las disidencias en El Tambo, Cauca

El caso más visible es el de Vera Grabe, jefa de la delegación del Gobierno en las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Su contrato, por valor de $175 millones, fue firmado bajo régimen especial y se extiende por siete meses, hasta febrero de 2026. Es decir, unos 25 millones de pesos mensuales. La tarea descrita en el documento oficial es la de continuar representando al Ejecutivo en las negociaciones con esa guerrilla.

Lo paradójico es que los diálogos con el ELN se encuentran suspendidos desde el 17 de enero de 2025, cuando el propio presidente Petro ordenó detenerlos tras la guerra en el Catatumbo. En ese momento, el mandatario fue categórico: “Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo; el ELN no tiene ninguna voluntad de paz”, trinó.

Pese a esa ruptura, la funcionaria sigue vinculada al proceso con un contrato que asegura la continuidad de sus honorarios.

Fabio Valencia Cossio, designado como negociador frente al autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, firmó un contrato por $117 millones a seis meses, también bajo régimen especial.

En condiciones similares fue contratado el senador indígena Feliciano Valencia, quien recibirá $117 millones hasta febrero de 2026, con la misma misión de representar al Gobierno en esas mesas.

Finalmente, se encuentra Genny Calvo Olmos, quien firmó por $117 millones hasta marzo de 2026. Su rol, al igual que el de los demás, es participar como delegada del Ejecutivo en las negociaciones con los bloques comandados por alias “Iván Mordisco” y otros jefes de las disidencias.

En total, en cuestión de días, la administración Petro comprometió más de $526 millones de pesos en la renovación de estos contratos.

Como era de esperarse, la medida provocó una fuerte ola de críticas desde distintos sectores de la oposición, que consideran incoherente que se mantenga una inversión de esta magnitud en negociadores que, a su juicio, no han mostrado resultados concretos.

Conozca: Asonadas: así están usando los criminales a los civiles como instrumentos de guerra

El excongresista Ernesto Macías, cercano al expresidente Álvaro Uribe, lanzó una dura acusación: “Cero avance en ‘diálogos’ de Petro, la violencia crece, la Fuerza Pública humillada; sin embargo, renuevan los contratos millonarios a unos negociadores que no han mostrado resultados, porque la ‘paz total’ es un fracaso total”.

En la misma línea, Cambio Radical emitió un pronunciamiento en el que cuestionó con ironía que el Gobierno insista en “rogar” a los grupos ilegales que se sienten a la mesa. “Mientras los grupos al margen de la ley (siguen) asesinando y capturando territorios, el Gobierno insiste en rogarles que se sienten a negociar. ¿El resultado? Más muertos, más campesinos instrumentalizados… y más contratos. Esta semana se destinaron más de 526 millones para 4 negociadores, incluida la jefe negociadora con el ELN (¿Va a insistirles?). Esta es la ‘paz total’ o mejor fracaso total de Petro”, señaló la colectividad.

El panorama de seguridad en Colombia no da tregua. El Ministerio de Defensa ha confirmado en las últimas semanas una cadena de hechos violentos que comprometen directamente a los grupos con los que el Gobierno pretende dialogar. Uno de los más graves ocurrió en Cauca, donde la disidencia comandada por alias “Iván Mordisco” estuvo detrás del secuestro de 45 militares, un hecho que reavivó el debate sobre la viabilidad de seguir en mesas de negociación con estas estructuras armadas.

Estos episodios fortalecen la narrativa de los críticos que insisten en que la estrategia de Petro, en lugar de contener la violencia, la ha alimentado. Aseguran que los grupos aprovechan las pausas en las operaciones militares y la expectativa de negociaciones para expandir su control territorial, fortalecer sus finanzas ilícitas y aumentar su capacidad armada.

Desde el Gobierno, sin embargo, se defiende la permanencia de los contratos bajo el argumento de que los negociadores constituyen una pieza clave de una política que no puede abandonarse a mitad de camino.

La recta final del Gobierno Petro, marcada por la inseguridad y la falta de resultados concretos en materia de paz, plantea un balance incómodo; la apuesta que pretendía convertirse en el sello de su administración, la “paz total”, enfrenta hoy serios cuestionamientos y un ambiente político hostil.

Mientras los contratos garantizan la continuidad de los negociadores hasta 2026, los procesos permanecen estancados y la violencia no da tregua.